La JEP hizo seguimiento a las garantías de seguridad integral
La JEP hizo seguimiento a las garantías de seguridad integral de los comparecientes y reiteró que su protección exige un enfoque de seguridad humana JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió sobre la persistencia de la violencia contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, después de revelar que 533 antiguos integrantes de las Farc-EP han sido asesinados desde la dejación de armas. De acuerdo con las cifras presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) durante una audiencia pública realizada el 18 de noviembre de 2026, 18 de esos homicidios ocurrieron durante el presente año. La entidad también documentó miles de afectaciones relacionadas con desplazamientos forzados, desapariciones y secuestros.

La advertencia se produjo durante una audiencia nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección de los comparecientes ante la JEP, en la que participaron representantes de los firmantes del Acuerdo, organizaciones sociales, autoridades del Gobierno nacional, organismos de control y delegados de 59 alcaldías y gobernaciones.

La diligencia fue convocada para evaluar las condiciones de seguridad de quienes dejaron las armas y actualmente cumplen compromisos dentro del Sistema Integral de Paz. La preocupación se concentra especialmente en 17 Nuevas Áreas de Reincorporación identificadas con niveles altos de riesgo, ubicadas en Antioquia, Cauca, Huila, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

Las cifras de violencia contra los firmantes

El balance presentado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP muestra que los asesinatos no son la única amenaza que enfrenta esta población.

Además de los 533 homicidios registrados, la entidad reportó 1.584 víctimas de desplazamiento forzado, 31 de desaparición forzada y 34 de secuestro. En conjunto, las afectaciones representan aproximadamente el 17 % de las personas que dejaron las armas, según el análisis presentado durante la audiencia.

La Defensoría del Pueblo también expuso un dato preocupante: el 67 % de los homicidios contra firmantes ocurrió en municipios donde ya existían alertas tempranas vigentes. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para transformar las advertencias de riesgo en medidas efectivas de prevención y protección.

Durante 2026 se denunciaron amenazas, atentados, desplazamientos, una desaparición y cinco homicidios registrados en agosto. También se reportó una incursión armada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán, ubicado en Patía, Cauca.

La estigmatización también representa un riesgo

Uno de los aspectos destacados por la JEP fue la persistencia de mensajes hostiles contra los firmantes del Acuerdo de Paz en las redes sociales.

La Unidad de Investigación y Acusación identificó 233 cuentas que difundieron mensajes de estigmatización e incitaciones a la violencia contra esta población. Según el reporte presentado, esos perfiles reúnen más de un millón de seguidores.

La Defensoría del Pueblo advirtió que los señalamientos públicos pueden incrementar los riesgos de seguridad, especialmente en territorios donde existen disputas armadas y presencia de organizaciones ilegales.

La JEP insistió en que la protección de quienes abandonaron las armas no puede limitarse a la asignación de escoltas o vehículos blindados. Aunque estos mecanismos son necesarios para atender situaciones de riesgo individual, la seguridad también requiere condiciones que permitan a los firmantes permanecer en sus territorios, trabajar, desarrollar proyectos productivos y garantizar la educación de sus familias.

En ese sentido, la jurisdicción planteó la necesidad de fortalecer la presencia institucional, garantizar investigaciones sobre los responsables de los ataques y combatir los factores sociales que facilitan la estigmatización.

¿Qué respondió el Gobierno?

Durante la audiencia, representantes de los ministerios del Interior y de Defensa y de la Consejería Comisionada de Paz presentaron compromisos relacionados con la protección de los firmantes.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que garantizar la seguridad de esta población y cumplir las decisiones judiciales constituye una obligación constitucional. También anunció que la Unidad Nacional de Protección realizará nuevos estudios de riesgo de acuerdo con los estándares establecidos por la Corte Constitucional.

Por su parte, el ministro de Defensa, mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, informó que 1.513 uniformados acompañan actualmente a 1.548 firmantes en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

La consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, manifestó que el Gobierno buscará garantizar los recursos necesarios para la protección de los firmantes y sus familias. También anunció que se presentarán propuestas para incorporar objetivos y mecanismos de seguimiento en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

La funcionaria reconoció dificultades en la articulación institucional y planteó cuatro ejes para fortalecer la implementación del Acuerdo durante su último tercio: liderazgo institucional, monitoreo continuo, medición de impacto, transparencia y rigor técnico.

La Fiscalía General de la Nación, entretanto, presentó un balance diferente sobre el comportamiento de los homicidios. La entidad informó que durante 2026 se ha registrado una reducción frente al año anterior y reportó avances en investigaciones, capturas y sentencias contra responsables de estos crímenes.

La JEP exige respuestas institucionales

La audiencia también dejó en evidencia las dificultades para coordinar las entidades responsables de garantizar la seguridad de quienes participan en los procesos de reincorporación.

La jurisdicción recordó que el Acuerdo Final de Paz constituye una política de Estado y que la protección de quienes dejaron las armas no depende únicamente de las decisiones de un gobierno. Por ello, insistió en que las garantías deben mantenerse y fortalecerse independientemente de los cambios administrativos.

Al finalizar la diligencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad anunció que abrirá un incidente de medidas correccionales contra la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), debido a su inasistencia a la audiencia.

El seguimiento continuará bajo la supervisión de la JEP, que busca establecer si las instituciones están cumpliendo las medidas de protección ordenadas y si las acciones adoptadas responden a las necesidades de los territorios.

A casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz, las cifras presentadas vuelven a poner en discusión la capacidad del Estado para garantizar la vida de quienes decidieron abandonar las armas. La reincorporación no depende exclusivamente de la entrega de armamento o de la participación en programas institucionales: también requiere condiciones de seguridad que permitan construir un proyecto de vida sin amenazas, desplazamientos ni violencia.