Consejo de Estado frena decreto de Petro que modificaba las pensiones: vuelven las reglas de 2015
La decisión restablece provisionalmente las reglas de 2015 y mantiene en disputa la fórmula para cubrir el costo adicional cuando el salario mínimo aumenta por encima de la inflación.

La alta corte suspendió provisionalmente el Decreto 1485 de 2025, que modificaba el mecanismo para financiar el costo adicional de las pensiones de salario mínimo. La decisión devuelve temporalmente la aplicación de las reglas establecidas en 2015 y representa un cambio importante para las aseguradoras y los afiliados al sistema privado de pensiones.
El sistema pensional colombiano enfrenta un nuevo giro jurídico. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1485 de 2025, expedido durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, mediante el cual se modificaron las condiciones para cubrir el costo adicional de las pensiones cuando el aumento del salario mínimo supera la inflación.
La decisión fue adoptada después de estudiar los cuestionamientos presentados por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y la compañía Asulado Seguros de Vida S. A.
Los demandantes advirtieron que los cambios podían trasladar una mayor carga financiera a las aseguradoras y a los afiliados, además de modificar las condiciones bajo las cuales se garantizan las pensiones de quienes se encuentran en el régimen privado.
El alto tribunal encontró razones para suspender temporalmente la norma, principalmente porque el Gobierno no habría evaluado sus posibles efectos sobre la libre competencia antes de expedirla.
¿Qué cambió el decreto que acaba de suspender el Consejo de Estado?
Para entender la decisión es necesario explicar cómo funciona el mecanismo de las rentas vitalicias.
Esta modalidad permite que una compañía aseguradora garantice el pago de una pensión durante toda la vida del beneficiario. En Colombia, las mesadas equivalentes a un salario mínimo deben aumentar cada año en la misma proporción en que sube ese ingreso básico.
El problema aparece cuando el incremento del salario mínimo supera la inflación. En ese escenario, las aseguradoras deben asumir un costo adicional para garantizar que las pensiones no pierdan su valor frente al aumento salarial.
A esta diferencia se le conoce como deslizamiento del salario mínimo.
Desde 2015 existía un mecanismo de cobertura mediante el cual el Estado asumía una parte de ese riesgo financiero. Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro modificó las condiciones a través del Decreto 1485 de 2025, cambiando la fórmula utilizada para calcular el respaldo estatal.
Las aseguradoras y los fondos de pensiones cuestionaron esa modificación porque, según sus argumentos, reducía la cobertura pública y trasladaba una mayor proporción del riesgo económico a las compañías y los afiliados.
¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la medida?
Uno de los argumentos determinantes para la decisión fue la ausencia de una evaluación previa sobre los efectos que podía tener la nueva regulación en la competencia del mercado asegurador.
El Consejo de Estado consideró que el Gobierno debía analizar si los cambios podían afectar las condiciones de competencia entre las compañías que ofrecen rentas vitalicias.
Además, cuando una regulación puede tener ese tipo de efectos, debe evaluarse la necesidad de solicitar un concepto a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Según la decisión judicial, no se encontró evidencia suficiente de que la anterior administración hubiera realizado los estudios y análisis necesarios para determinar las consecuencias de la medida sobre el mercado.
Por esta razón, la alta corte encontró motivos para suspender provisionalmente el decreto mientras estudia la demanda y determina si la norma se ajustó a los requisitos legales.
¿Qué pasa ahora con las pensiones en Colombia?
Con la suspensión del Decreto 1485 de 2025, vuelven a aplicarse temporalmente las reglas establecidas en el Decreto 036 de 2015, que regulaban el mecanismo de cobertura antes de la modificación realizada por el Gobierno Petro.
Esto significa que se restablecen las condiciones anteriores para distribuir el costo adicional que se genera cuando el salario mínimo aumenta por encima de la inflación.
La decisión tiene implicaciones para las aseguradoras que administran rentas vitalicias y para los trabajadores que buscan acceder a una pensión bajo esta modalidad, debido a que el mecanismo de cobertura influye en los cálculos financieros necesarios para garantizar las mesadas.
No obstante, es importante aclarar que el fallo no modifica automáticamente el valor de las pensiones que actualmente reciben los jubilados ni significa que se suspendan sus pagos. La controversia se concentra en la forma de financiar el riesgo adicional que deben cubrir las aseguradoras.

Una decisión provisional, no un fallo definitivo
El Consejo de Estado fue claro en que la suspensión tiene carácter provisional. Esto quiere decir que el Decreto 1485 de 2025 no ha sido declarado ilegal de manera definitiva.
La discusión judicial continuará hasta que el tribunal estudie de fondo los argumentos de las partes y determine si la regulación expedida en 2025 cumplió con todos los requisitos legales.
Mientras tanto, el sistema deberá operar nuevamente bajo las condiciones establecidas en 2015.
La decisión reabre el debate sobre la financiación de las pensiones mínimas, el papel del Estado en la cobertura de los riesgos financieros y las obligaciones de las aseguradoras. También deja un mensaje sobre la importancia de evaluar las consecuencias económicas y competitivas antes de modificar las reglas que afectan el funcionamiento del sistema pensional colombiano.

