​​El Presidente Abelardo De La Espriella denunció que los contratos
​​El Presidente Abelardo De La Espriella denunció que los contratos irregulares en Barrancabermeja estaban destinados a obras de infraestructura vial, instituciones educativas y proyectos de energía solar.​ Presidencia de la República.

El presidente Abelardo De La Espriella presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en el manejo de más de 119.000 millones de pesos de recursos públicos provenientes de regalías en Barrancabermeja, Santander. El caso involucra siete procesos contractuales adelantados a través de Foncolombia, un fondo mixto al que, según el mandatario, fueron trasladados los recursos por parte de la administración municipal.

La denuncia fue radicada personalmente el miércoles 18 de noviembre en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá. Durante su declaración, De La Espriella aseguró que los documentos examinados por el Gobierno muestran posibles anomalías en los procedimientos de contratación, entre ellas la falta de publicación de los procesos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

Según los datos expuestos por el presidente, seis de los siete procesos tuvieron un único oferente. Además, cuatro de los cinco contratos de obra habrían quedado en manos de empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como "El Bachiller".

Los proyectos estaban destinados a infraestructura vial, instituciones educativas y sistemas de energía solar. Para el mandatario, estos elementos justifican que las autoridades revisen la selección de contratistas, la competencia entre empresas y el recorrido de los recursos públicos.

"¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado? ¿Por qué hubo tan poca participación de oferentes? Eso es lo que queremos que la Fiscalía aclare", manifestó De La Espriella.

Las investigaciones solicitadas

En la denuncia, el presidente pidió investigar posibles conductas relacionadas con interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos para restringir la competencia, tráfico de influencias de particular, prevaricato por acción e intervención en política de funcionarios públicos.

Adicionalmente, informó que presentó una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que examine una posible colusión entre empresas participantes en los procesos de selección. La hipótesis planteada es que pudo existir coordinación entre compañías para limitar la competencia y favorecer determinadas adjudicaciones.

El mandatario también señaló que algunas contrataciones coincidieron con periodos previos a las elecciones legislativas y presidenciales. No obstante, las posibles conexiones entre contratistas y financiación de campañas políticas mencionadas durante su declaración deberán ser verificadas por las autoridades.

Hasta el momento de la denuncia, los señalamientos corresponden a hechos puestos en conocimiento de los organismos investigadores y no constituyen una declaración judicial de responsabilidad contra los funcionarios o empresarios mencionados.

La respuesta del alcalde y las actuaciones locales

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, reaccionó a los cuestionamientos mediante una publicación en redes sociales. El mensaje inicial fue modificado y posteriormente eliminado, según informó Caracol Radio. Desde la oficina de prensa del mandatario local calificaron la publicación como una reacción impulsiva.

En medio de la controversia, el alcalde defendió la destinación de los recursos y sostuvo que las inversiones se relacionan con proyectos de infraestructura, educación, energía solar y servicios públicos. También cuestionó los señalamientos sobre el manejo de los fondos.

El caso ya tenía antecedentes en el ámbito local. Según informó Vanguardia, la Personería Distrital había ordenado el 4 de noviembre la suspensión provisional, por tres meses, de seis funcionarios municipales, en el marco de actuaciones relacionadas con presuntas irregularidades en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. La medida fue adoptada antes de la denuncia presidencial del 18 de noviembre y constituye una actuación disciplinaria, no una condena.

Un nuevo mecanismo contra la corrupción

La presentación de la denuncia coincidió con el anuncio oficial del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, una estrategia coordinada desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, dirigida por la exmagistrada Cristina Lombana.

De acuerdo con lo anunciado, el mecanismo buscará articular capacidades técnicas de distintas entidades para identificar, documentar y trasladar posibles hechos de corrupción a los organismos competentes. Entre las instituciones mencionadas están la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Policía Nacional, la DIAN y las cámaras de comercio.

Lombana aclaró que el bloque no reemplazará las funciones de los organismos de control, sino que buscará fortalecer la coordinación institucional y la documentación de las denuncias.

De La Espriella anunció, además, que pretende acudir periódicamente a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para presentar casos de presunta corrupción, especialmente cuando involucren a funcionarios con fuero.

La investigación sobre los recursos de Barrancabermeja tendrá que establecer si el traslado de las regalías y los procedimientos contractuales se ajustaron a las normas aplicables, si existieron restricciones a la competencia y si hubo responsabilidades administrativas o penales. La revisión de los contratos y la trazabilidad del dinero serán determinantes para esclarecer el destino de los más de 119.000 millones de pesos.