Angélica Verbel, viceministra de Defensa en el gobierno
Angélica Verbel, viceministra de Defensa en el gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro Fotos publicadas por Angélica Verbel en su perfil de Facebook

Una nueva controversia sacude al sector Defensa por los viajes internacionales realizados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro para buscar tecnología destinada a combatir los ataques con drones utilizados por grupos armados ilegales. Congresistas cuestionaron el papel de la entonces viceministra de Defensa, Angélica Verbel, y señalaron que, pese a los desplazamientos por diferentes países, Colombia terminó ese periodo sin adquirir un sistema integral de protección antidrones.

Las denuncias fueron expuestas durante un debate político y se producen después de que el actual ministro de Defensa, Jorge Mora, cuestionara en el Congreso la gestión de la administración anterior frente a esta amenaza. El funcionario calificó lo ocurrido como un presunto caso de "turismo burocrático" y expresó preocupación por la falta de resultados mientras aumentaban los ataques contra la Fuerza Pública.

Congresistas cuestionan los viajes internacionales

El senador Germán Rodríguez, del Movimiento de Salvación Nacional, aseguró que Angélica Verbel habría participado en desplazamientos por países de Europa y Asia bajo el argumento de conocer y evaluar tecnologías para enfrentar los drones empleados por organizaciones criminales.

Según el congresista, los viajes habrían incluido visitas a diferentes países y una comitiva de funcionarios. Rodríguez cuestionó que, después de esos recorridos, no se hubiera concretado la adquisición de los equipos que necesitaban las Fuerzas Militares y la Policía.

El senador también sostuvo que durante el proceso se habría buscado favorecer una eventual compra de tecnología de origen indio, pese a que, según su versión, existían alternativas estadounidenses con mejores características para las necesidades de Colombia.

Rodríguez afirmó que algunos integrantes del equipo técnico habrían recibido instrucciones para respaldar determinados estudios y que varios se negaron a firmarlos por considerar que no correspondían a los requerimientos operacionales. Estas declaraciones constituyen señalamientos del congresista y deberán ser contrastadas por las autoridades competentes.

Simón Molina pide investigar posibles responsabilidades

Por su parte, el representante a la Cámara Simón Molina cuestionó la falta de resultados del proyecto y pidió que la Fiscalía General de la Nación investigue si existieron omisiones o decisiones irregulares durante el proceso de selección de tecnología antidrones.

El congresista mencionó cifras de 723 ataques reportados con drones y más de 1.900 artefactos explosivos lanzados mediante estos dispositivos, además de las afectaciones a militares, policías y civiles.

Molina sostuvo que las decisiones adoptadas durante el gobierno anterior deben ser examinadas para establecer si hubo responsabilidades de funcionarios del Ministerio de Defensa. También pidió esclarecer por qué no se concretó la compra de sistemas que permitieran detectar, bloquear o neutralizar estos artefactos.

Pedro Sánchez defiende la gestión del gobierno anterior

La controversia también involucra al exministro de Defensa Pedro Sánchez, quien respondió a los cuestionamientos y defendió las razones por las cuales no se realizó la contratación.

Según su explicación, los viajes internacionales de Angélica Verbel se llevaron a cabo en momentos diferentes y con propósitos diversos. Además, sostuvo que ninguna de las soluciones evaluadas cumplió con las condiciones técnicas requeridas para avanzar con la adquisición.

Esta posición contradice las acusaciones de los congresistas, quienes consideran que sí existían alternativas viables y que el proceso habría estado condicionado por decisiones que impidieron seleccionar la tecnología más conveniente.

Por ahora, las versiones enfrentadas mantienen abierto el debate sobre las razones por las que el proyecto no se materializó y sobre el uso de los recursos públicos destinados a las comisiones internacionales.

Un proyecto que terminó sin un sistema antidrones integral

La discusión sobre los viajes también se relaciona con una investigación publicada previamente por El Colombiano, que documentó al menos 12 comisiones internacionales vinculadas con el proyecto Escudo Antidrones, en las que participaron funcionarios del Ministerio de Defensa y miembros de la Fuerza Pública.

La investigación mencionó desplazamientos a países como Catar, Turquía, India, República Checa, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, Polonia, Tailandia y Lituania. También documentó al menos 96 millones de pesos en gastos correspondientes a cinco viajes de oficiales.

De acuerdo con esa publicación, el proyecto terminó el gobierno anterior sin que se hubiera adquirido un sistema unificado para enfrentar esta amenaza.

La seguridad de la Fuerza Pública, en el centro de la controversia

Los ataques con drones explosivos se han convertido en una preocupación creciente para las autoridades colombianas. Estos dispositivos permiten a los grupos armados realizar ataques a distancia, afectar instalaciones policiales y militares y poner en riesgo a las comunidades.

Departamentos como Cauca, Huila y Tolima han registrado hechos violentos relacionados con esta modalidad, lo que ha aumentado las exigencias para fortalecer las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública.

La polémica ahora se concentra en establecer qué ocurrió con el proyecto antidrones, cuánto dinero se destinó a los desplazamientos internacionales, qué resultados dejaron las visitas y si existieron decisiones que retrasaron o impidieron la contratación.

Las denuncias de los congresistas no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal o disciplinaria. Por ello, será necesario que las entidades de control y la Fiscalía determinen si hubo irregularidades y quiénes, eventualmente, tendrían que responder por ellas.