Elecciones presidenciales en Colombia
Elecciones presidenciales en Colombia AFP

La Corte Constitucional modificó las reglas para la realización de encuestas electorales en Colombia al declarar inexequibles varias disposiciones de la Ley 2494 de 2025, conocida como la Ley de Encuestas. La decisión elimina el límite que impedía medir la intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos y retira dos exigencias relacionadas con la entrega de información personal de los encuestados al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El pronunciamiento quedó consignado en la Sentencia C-168 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, fechada el 3 de junio de este año. Aunque el fallo fue expedido meses atrás, su contenido adquirió visibilidad pública el 17 y 18 de noviembre, cuando diferentes medios divulgaron sus alcances de cara al escenario electoral colombiano.

Uno de los cambios centrales corresponde al artículo 5 de la Ley 2494 de 2025, que establecía que las encuestas con preguntas sobre intención de voto únicamente podían realizarse durante los tres meses anteriores al primer día de inscripción de candidatos.

La Corte consideró que esa limitación restringía de manera desproporcionada la libertad de expresión y el derecho a la información. A juicio de la Sala Plena, impedir durante un periodo prolongado la realización de estas mediciones reducía el acceso de los ciudadanos a información relevante para la formación de sus opiniones políticas y electorales.

El tribunal concluyó que, aunque la regulación buscaba proteger la libertad del elector y garantizar condiciones equitativas en la contienda, la prohibición no era una medida necesaria ni adecuada para alcanzar esos objetivos.

SENTENCIA C-168 DE 2026

Protección de los datos personales de los encuestados

La segunda modificación está relacionada con las facultades de auditoría del Consejo Nacional Electoral sobre las empresas encuestadoras.

La Corte declaró inexequibles dos exigencias del artículo 12 de la ley: la obligación de entregar los números telefónicos de las personas consultadas y, para las encuestas realizadas en hogares, el código computacional que permitiera reproducir la selección de las unidades muestrales.

El alto tribunal determinó que estos elementos podían facilitar la identificación de los participantes y vincular sus datos personales con opiniones políticas y preferencias electorales, información considerada sensible desde el punto de vista constitucional.

En su análisis, la corporación sostuvo que la supervisión estatal sobre las encuestas es legítima y necesaria, pero debe desarrollarse sin afectar injustificadamente los derechos a la intimidad y al hábeas data.

Como alternativa, señaló que las auditorías pueden apoyarse en información anonimizada y en otros documentos técnicos previstos por la legislación, sin necesidad de revelar la identidad de quienes respondieron los cuestionarios.

El CNE conserva sus facultades de vigilancia

La decisión no elimina la regulación de las encuestas electorales ni suprime las funciones de inspección y vigilancia del Consejo Nacional Electoral.

Las firmas encuestadoras deberán continuar cumpliendo las obligaciones legales relacionadas con la metodología, la representatividad de las muestras, la publicación de resultados y la identificación de las entidades responsables de los estudios.

Lo que cambia es el alcance de la información que el organismo electoral puede exigir para sus auditorías. El CNE deberá desarrollar sus controles sin recurrir a los datos específicos que la Corte retiró del ordenamiento jurídico.

La decisión también tuvo una discrepancia parcial del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien consideró que las exigencias relacionadas con la entrega de información al CNE debían mantenerse. En su criterio, esos instrumentos podían contribuir a comprobar que las firmas aplicaran efectivamente los procedimientos metodológicos anunciados.

Implicaciones para el escenario electoral colombiano

El fallo adquiere relevancia en un contexto de preparación de futuras contiendas electorales, en el que las mediciones de intención de voto suelen convertirse en insumos para el análisis de las preferencias ciudadanas, las estrategias de campaña y el debate público.

La eliminación del límite temporal permitirá que las firmas encuestadoras realicen estudios de intención de voto sin esperar a que se abra la ventana de tres meses establecida por la norma. Esto amplía el periodo en el que los ciudadanos podrán conocer mediciones sobre el comportamiento electoral.

Sin embargo, la posibilidad de realizar encuestas en etapas más tempranas no significa que desaparezcan todas las restricciones legales sobre su publicación y divulgación. Las demás disposiciones que continúan vigentes, incluidos los límites aplicables en momentos cercanos a las elecciones, deberán seguir observándose.

El pronunciamiento establece así un nuevo equilibrio entre dos intereses constitucionales: el acceso de la ciudadanía a información electoral y la protección de la privacidad de quienes participan en los estudios de opinión. Su aplicación será determinante para las próximas mediciones políticas y para la supervisión que ejercerá el CNE sobre las empresas encuestadoras.