La desconexión del sistema asociado al suministro de oxígeno no
La desconexión del sistema asociado al suministro de oxígeno no fue atentido a tiempo Imagen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una multa de 437 millones de pesos al Hospital Susana López de Valencia, en Popayán, tras establecer fallas en la atención de una menor que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y falleció después de sufrir un deterioro neurológico.

La investigación se remonta a octubre de 2021, cuando la niña se encontraba conectada a un ventilador mecánico. Según los hallazgos de la autoridad sanitaria, el sistema de suministro de oxígeno se desconectó y las alarmas del equipo permanecieron activadas durante aproximadamente 33 minutos sin que el personal atendiera oportunamente la alerta.

Durante ese episodio, la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser reanimada. Sin embargo, su condición clínica continuó deteriorándose y falleció en enero de 2022.

La Superintendencia determinó que el ventilador mecánico funcionaba correctamente. Las fallas identificadas estuvieron relacionadas con la configuración y verificación de las alarmas, el monitoreo de pacientes en estado crítico y las medidas de seguridad que debían prevenir o permitir una respuesta inmediata ante este tipo de eventos.

En su decisión, la entidad señaló que el hospital incumplió obligaciones relacionadas con la identificación, el análisis y la gestión de eventos adversos en la prestación de servicios de salud. También tuvo en cuenta que la paciente era menor de edad y, por tanto, sujeto de especial protección constitucional.

La sanción económica busca establecer responsabilidades administrativas por las deficiencias detectadas en la atención. El caso vuelve a poner bajo escrutinio los protocolos de seguridad en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, donde la vigilancia permanente de los equipos y la reacción oportuna del personal son determinantes para proteger la vida de los pacientes.

La decisión fue conocida el 18 de noviembre de 2026 y corresponde a hechos ocurridos casi cinco años atrás. La Superintendencia explicó que el expediente hacía parte de un grupo de 512 procesos administrativos que encontró pendientes y con riesgo de vencimiento de términos, por lo que priorizó su revisión para avanzar en las decisiones correspondientes.