Gobierno de De La Espriella propone limitar el papel de la ONU en la verificación del Acuerdo de Paz
La propuesta busca excluir de la supervisión internacional la Reforma Rural Integral, la JEP y el capítulo étnico, aunque el Gobierno asegura que mantendrá sus compromisos con el acuerdo de 2016.
El canciller Omar Bula propuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas concentrar la misión en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad. La iniciativa busca retirar de su seguimiento internacional la Reforma Rural Integral, la JEP y el capítulo étnico, mientras el Gobierno sostiene que mantendrá sus compromisos con el acuerdo firmado en 2016.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó una propuesta para modificar el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, organismo encargado de hacer seguimiento a varios componentes del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.
La iniciativa fue expuesta el lunes 12 de octubre por el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York. El funcionario planteó que la misión concentre sus labores en dos asuntos: la reincorporación de los antiguos combatientes a la vida civil y las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas.
La propuesta contempla retirar del seguimiento internacional componentes como la Reforma Rural Integral, la supervisión relacionada con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el capítulo étnico del acuerdo. El Gobierno argumenta que estos asuntos deben ser atendidos principalmente por las instituciones colombianas, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades.
El planteamiento abre una discusión sobre el alcance que debería tener el acompañamiento internacional a la implementación del acuerdo y sobre el papel que continuará desempeñando Naciones Unidas en el proceso de paz colombiano.
¿Qué cambiaría en el mandato de la ONU?
Actualmente, la Misión de Verificación realiza seguimiento a compromisos específicos del Acuerdo de Paz, entre ellos la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y otros aspectos relacionados con la implementación de lo pactado.
El Gobierno propone mantener la verificación internacional en los asuntos que considera directamente vinculados con la transición de los antiguos integrantes de las Farc hacia la vida civil, especialmente su seguridad y las condiciones para permanecer fuera de las armas.
En cambio, busca que la Reforma Rural Integral y otros componentes dejen de estar bajo el seguimiento de la misión. El argumento oficial es que estas áreas requieren políticas públicas de largo plazo y deben integrarse a la gestión permanente del Estado.
La propuesta no supone, por sí misma, la eliminación de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Paz. Según Bula, el compromiso del Estado colombiano con su implementación permanece vigente; lo que se busca revisar es el mecanismo internacional encargado de verificar determinados avances.
La decisión final, sin embargo, no depende exclusivamente del Gobierno colombiano. Corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evaluar la propuesta y determinar las condiciones del mandato de la misión.
El argumento del Gobierno: "Sin seguridad no hay paz"
Durante su intervención, el canciller defendió la necesidad de adaptar las funciones de la misión a las condiciones actuales del país, con énfasis en el deterioro de la seguridad y la expansión de las organizaciones criminales.
Bula sostuvo que la reincorporación de los excombatientes y las garantías para proteger sus vidas requieren una verificación internacional continua, debido a su relación directa con la transición hacia la legalidad.
"Sin seguridad no hay paz", afirmó el funcionario al explicar la posición del Gobierno ante el Consejo de Seguridad.
El canciller también señaló que la administración recibió un escenario marcado, según su diagnóstico, por el crecimiento de las estructuras criminales, el fortalecimiento de las economías ilícitas, el aumento del reclutamiento de menores y la expansión territorial de grupos armados ilegales.
Como parte de su exposición, presentó cifras sobre la situación de seguridad durante la última década. Según los datos citados por Bula, entre julio de 2016 y agosto de 2026 se registraron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros.
El funcionario también afirmó que los integrantes de grupos armados ilegales pasaron de aproximadamente 6.000 a casi 30.000. Estas cifras fueron presentadas por el Gobierno como parte de su justificación para priorizar la seguridad dentro del mandato de verificación.
¿Por qué el Gobierno busca retirar la Reforma Rural Integral?
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la Reforma Rural Integral, componente del Acuerdo de Paz que incluye compromisos relacionados con el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad rural, la productividad agrícola, la infraestructura y las oportunidades económicas para las comunidades campesinas.
Bula argumentó que estas responsabilidades corresponden al Estado colombiano y deben desarrollarse mediante políticas públicas sostenidas, más allá de la duración de una misión internacional.
Según el canciller, la implementación de la reforma debe integrarse a la institucionalidad permanente del país, con participación de las entidades responsables de la política agraria y del desarrollo rural.
La posición del Gobierno es que retirar este componente del mandato de verificación no significa abandonar la reforma ni desconocer las obligaciones pactadas, sino cambiar el mecanismo mediante el cual se supervisa su cumplimiento.
No obstante, el cambio tendría implicaciones para el seguimiento internacional de los avances y dificultades de esa política. Por eso, la discusión no se limita a quién ejecuta los compromisos, sino también a qué entidad externa puede evaluar su implementación y reportar los resultados.
La JEP y el capítulo étnico también están en la discusión
La propuesta presentada por Colombia también plantea excluir de la verificación internacional la supervisión relacionada con la Jurisdicción Especial para la Paz y el capítulo étnico del acuerdo.
La JEP es el componente de justicia transicional creado para investigar y juzgar los principales crímenes cometidos durante el conflicto armado, dentro del sistema establecido en el Acuerdo de Paz. Por su parte, el capítulo étnico incorpora compromisos específicos relacionados con los derechos y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
La posible modificación del seguimiento a estos componentes abre interrogantes sobre la continuidad de la supervisión internacional y los mecanismos que permitirían evaluar los compromisos correspondientes.
Por ahora, el planteamiento del Gobierno debe entenderse como una propuesta sometida a consideración del Consejo de Seguridad. No implica que las funciones de la misión hayan sido modificadas ni que los componentes mencionados hayan dejado de formar parte de los compromisos del acuerdo.
La ONU pide claridad sobre la implementación del acuerdo
Durante la sesión, Miroslav Jenča, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Colombia y jefe de la Misión de Verificación, reconoció que el nuevo Gobierno ha expresado su intención de cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, señaló que la administración todavía no ha definido plenamente su enfoque para implementar lo pactado, según el reporte de la sesión publicado por medios nacionales.
El informe de Naciones Unidas también ha destacado que la implementación del acuerdo continúa siendo relevante para la seguridad, el desarrollo y la estabilización de los territorios afectados por el conflicto.
La discusión entre el Gobierno y el organismo internacional se produce en un momento decisivo para determinar la continuidad de la misión y las tareas que tendría a su cargo durante el siguiente periodo.
¿Cuándo se tomará la decisión?
El mandato vigente de la Misión de Verificación tiene como fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2026. Por ello, el Consejo de Seguridad deberá evaluar la continuidad del organismo y definir si mantiene las funciones actuales o introduce modificaciones.
La propuesta colombiana será uno de los asuntos centrales de esa discusión. Si se aprueba, la misión podría concentrarse en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad, mientras otros componentes quedarían bajo la responsabilidad de las instituciones nacionales, según el planteamiento del Gobierno.
Hasta que exista una decisión formal, las funciones actuales de la misión continúan sujetas al mandato vigente.
El resultado será relevante para establecer cómo se realizará el seguimiento internacional del Acuerdo de Paz en los próximos años y qué mecanismos permanecerán disponibles para evaluar los compromisos asumidos por el Estado colombiano.
En definitiva, el Gobierno de De La Espriella busca cambiar el alcance de la verificación de Naciones Unidas sin declarar el abandono del acuerdo de 2016. La decisión final dependerá del Consejo de Seguridad y podría redefinir el papel de la comunidad internacional en el seguimiento de la paz en Colombia.