Gobierno desmonta protección de 15.839 hectáreas agrícolas en Cundinamarca: estos son los municipios afectados
La medida deja sin efecto las APPA de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, y enfrenta la autonomía municipal con la protección de los suelos agrícolas.

El Ministerio de Agricultura derogó las resoluciones que declaraban Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en cinco municipios de la Sabana Centro. La decisión reabre el debate sobre la autonomía de los alcaldes para ordenar el territorio, la expansión urbana y la protección de los suelos destinados a la producción de alimentos.
El Gobierno nacional derogó las resoluciones mediante las cuales se habían declarado 15.839 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en cinco municipios de Cundinamarca. La medida, adoptada por el Ministerio de Agricultura el 5 de octubre de 2026, comprende terrenos de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, ubicados en la provincia de Sabana Centro.
La decisión fue anunciada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, durante un acto realizado en la Gobernación de Cundinamarca, con participación de autoridades territoriales. Con la derogatoria, quedan sin efecto las resoluciones que establecían esa figura de protección en las áreas incluidas en los actos administrativos.
La determinación representa un cambio en la política de ordenamiento rural impulsada por el Gobierno anterior y vuelve a poner en discusión cómo deben definirse los usos del suelo en zonas donde conviven la producción agrícola, el crecimiento urbano y diferentes actividades económicas.
¿Cuáles son los municipios afectados?
Las 15.839 hectáreas estaban distribuidas en cinco municipios de la Sabana Centro:
- Sopó: uno de los territorios de la Sabana de Bogotá donde confluyen actividades agropecuarias, industriales y de expansión urbana.
- Nemocón: municipio con tradición rural y producción agropecuaria.
- Cogua: territorio que combina actividades agrícolas con otras presiones sobre el uso del suelo.
- Tenjo: municipio cercano a Bogotá que ha experimentado cambios en su dinámica económica y territorial.
- Tabio: localidad de la Sabana Centro donde la actividad rural convive con el crecimiento de los asentamientos y otras actividades económicas.
La decisión afecta las áreas que habían sido delimitadas mediante las resoluciones derogadas, no necesariamente la totalidad de los terrenos rurales de estos municipios.
Según el Ministerio de Agricultura, la medida se formalizó mediante la derogatoria de las resoluciones 507 de 2023; 000266 y 000393 de 2025; y 000116, 000153 y 000218 de 2026.
¿Qué son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos?
Las APPA son una figura de ordenamiento territorial creada para proteger terrenos con condiciones adecuadas para la producción agropecuaria y evitar que los suelos más aptos para cultivar alimentos se destinen progresivamente a otros usos.
El mecanismo busca preservar la capacidad productiva del campo, contribuir a la seguridad alimentaria y reducir la presión de actividades como la urbanización acelerada sobre tierras estratégicas para la agricultura.
Durante el Gobierno anterior, esta política se extendió a diferentes zonas del país. En mayo de 2026, el Ministerio de Agricultura informó que más de 900.000 hectáreas en 49 municipios habían sido incorporadas a las APPA.
La derogatoria de las áreas de Cundinamarca forma parte de un cambio más amplio en la política del actual Gobierno, que ha cuestionado la manera en que se establecieron estas delimitaciones y su relación con las competencias de las autoridades municipales.
El Gobierno defiende la autonomía de los municipios
El ministro Indalecio Dangond justificó la decisión en la necesidad de fortalecer la autonomía de las autoridades territoriales y permitir que las decisiones sobre el uso del suelo se articulen con los planes de ordenamiento territorial de cada municipio.
Según el funcionario, las delimitaciones anteriores restringían las competencias de los alcaldes y de las administraciones locales para decidir sobre sus territorios.
La posición del Gobierno sostiene que las decisiones sobre las actividades productivas, el desarrollo rural y la planificación territorial deben contar con una mayor participación de las autoridades locales, en lugar de depender de determinaciones nacionales que puedan limitar sus atribuciones.
Este argumento ha sido uno de los principales fundamentos de la revisión de las APPA en diferentes regiones del país.
La decisión reabre el debate sobre la protección de los suelos agrícolas
La derogatoria también genera interrogantes sobre el futuro de los terrenos que habían sido delimitados para proteger la producción de alimentos.
Quienes defienden las APPA sostienen que esta figura permite conservar los suelos de mayor aptitud agrícola frente a la expansión de las ciudades, los proyectos inmobiliarios y otras actividades que pueden desplazar la producción rural.
Desde esa perspectiva, la pérdida de estas protecciones podría aumentar la presión sobre terrenos estratégicos para el abastecimiento de alimentos y dificultar la permanencia de las actividades agropecuarias.
Por otra parte, los críticos de la figura consideran que las delimitaciones nacionales pueden entrar en conflicto con las competencias municipales y con las decisiones de ordenamiento territorial adoptadas por las autoridades locales.
El debate, por tanto, no se limita a la eliminación de una figura administrativa. También involucra la manera en que Colombia debe equilibrar la autonomía territorial, los derechos de propiedad, el desarrollo económico y la conservación de tierras productivas.
La decisión se suma a cambios en otras regiones
La medida adoptada en Cundinamarca se suma a la derogatoria de las APPA en ocho municipios del sur de La Guajira, anunciada por el Ministerio de Agricultura a comienzos de octubre.
Con estas decisiones, el Gobierno avanza en la revisión de las áreas que habían sido declaradas bajo esta figura durante la administración anterior.
El alcance de los cambios y sus efectos dependerán de las disposiciones que queden vigentes en cada territorio, así como de los instrumentos de planificación que utilicen las autoridades municipales para definir los usos del suelo.
¿Qué puede pasar ahora?
La eliminación de las resoluciones que declaraban las APPA en estos cinco municipios modifica el marco específico de protección que se había establecido para las 15.839 hectáreas. Sin embargo, esto no significa que cualquier terreno pueda destinarse automáticamente a cualquier actividad.
Los proyectos que se desarrollen en esas zonas deberán atender las demás normas ambientales, urbanísticas, agrarias y de ordenamiento territorial que resulten aplicables. Las decisiones municipales también estarán sujetas al marco legal vigente.
El principal interrogante será cómo se reorganizará el uso de estas tierras y qué instrumentos se aplicarán para compatibilizar las necesidades de desarrollo de los municipios con la conservación de la capacidad agrícola de la Sabana Centro.
Con esta derogatoria, el Gobierno abre una nueva etapa en la discusión sobre el ordenamiento rural en Colombia. La controversia estará en determinar si el cambio fortalece la autonomía territorial sin debilitar la protección de los suelos que resultan fundamentales para la producción nacional de alimentos.

