Uno de los recursos de los que podría echar mano
Uno de los recursos de los que podría echar mano el Gobierno: subir los precios del diésel y eliminar el subsidio que tiene ese combustible. Adobe Stock

El elevado costo del subsidio al diésel volvió al centro del debate económico en Colombia. En medio de la discusión de la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno ante el Congreso, varios expertos consideran que revisar este beneficio podría convertirse en una fuente importante de recursos para aliviar las presiones sobre las finanzas públicas.

Las estimaciones indican que el subsidio al ACPM podría representar cerca de $14 billones para 2027, una cifra que ha llevado a analistas y centros de pensamiento a plantear alternativas para reducirlo de manera gradual. La discusión, sin embargo, no es sencilla: cualquier modificación en el precio del combustible puede afectar al transporte de carga, los costos logísticos y, posteriormente, el bolsillo de los consumidores.

En su presentación en la más reciente asamblea de Anif
En su presentación en la más reciente asamblea de Anif, José Ignacio López, presidente de este centro de pensamiento, planteó una serie de medidas adicionales. Una de ellas es subir los precios del diésel y eliminar el subsidio que tiene ese combustible. GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

ANIF propone retirar gradualmente el subsidio hasta 2028

Una de las propuestas fue presentada por José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), quien considera que el país debe establecer un horizonte definido para terminar con el subsidio generalizado al diésel.

El dirigente planteó que el beneficio podría mantenerse hasta 2028, pero con incrementos mensuales graduales de aproximadamente $100 por galón. La intención sería comenzar a reducir progresivamente la brecha entre el precio que pagan los consumidores y el valor de referencia del combustible.

Según López, el país lleva entre siete y ocho años subsidiando el diésel y es necesario definir durante cuánto tiempo más se mantendrá ese esfuerzo fiscal.

La propuesta busca evitar un incremento abrupto que genere fuertes dificultades para los transportadores y, al mismo tiempo, permitir que el Estado comience a reducir los recursos que destina a cubrir la diferencia de precios.

ANIF también ha planteado otras medidas adicionales que, en conjunto, podrían representar alrededor de $30 billones, como alternativas para fortalecer el ajuste de las cuentas públicas si algunas iniciativas de la reforma económica no consiguen avanzar en el Congreso.

El subsidio podría costar $14 billones en 2027

El monto que representa este beneficio es uno de los principales argumentos de quienes piden revisar su continuidad.

Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, señaló que, de acuerdo con las estimaciones de esa firma, el subsidio al diésel alcanzaría los $14 billones el próximo año.

El analista cuestionó que el país destine una suma de esa magnitud a mantener el precio del combustible por debajo de su referencia, especialmente cuando el Gobierno busca conseguir recursos para atender sus compromisos y reducir el déficit fiscal.

La preocupación se relaciona con el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo mediante el cual el Estado cubre parte de la diferencia cuando el precio interno de los combustibles se encuentra por debajo de su referencia internacional.

En el caso del diésel, esa diferencia se convierte en una obligación fiscal que debe financiarse con recursos públicos y que también genera presiones sobre las cuentas de Ecopetrol.

Por eso, los expertos consideran que reducir gradualmente el subsidio permitiría disminuir las obligaciones del fondo y liberar capacidad presupuestal para otras necesidades del país.

Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República
Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, señaló, a nivel de recomendación para el Gobierno, la posibilidad de tocar los subsidies a los combustibles. GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Carolina Soto también plantea revisar el beneficio

La excodirectora del Banco de la República Carolina Soto se sumó a las voces que consideran necesario revisar los subsidios a los combustibles.

Durante un panel sobre perspectivas económicas organizado por SEMANA, Soto recordó que Colombia ya avanzó en el desmonte del subsidio a la gasolina, pero señaló que el diésel continúa siendo un asunto pendiente.

La economista también cuestionó los cambios de posición del Gobierno frente a los ajustes en los precios de los combustibles. En particular, hizo referencia al incremento de $46 por galón de gasolina que se había anunciado para octubre y que posteriormente fue reversado por decisión presidencial.

Para Soto, mantener los precios sin ajustes mientras persiste la presión sobre las finanzas públicas plantea un desafío que el Gobierno debe abordar.

La experta señaló que retirar el subsidio al diésel sería una alternativa para mejorar el panorama fiscal, aunque reconoció que se trata de una decisión que exige considerar las condiciones económicas y políticas del sector transportador.

Alberto Carrasquilla advierte sobre el costo fiscal

El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla también ha defendido la necesidad de ajustar el subsidio al diésel.

En una entrevista, afirmó que el beneficio supera los $14 billones anuales y consideró que el Gobierno debería avanzar hacia su eliminación, como ocurrió anteriormente con el subsidio a la gasolina.

Carrasquilla sostuvo que el Ejecutivo tiene la posibilidad de modificar los precios mediante decreto, sin necesidad de tramitar una ley en el Congreso, pues los valores de los combustibles se establecen periódicamente por esa vía.

Sin embargo, reconoció que se trata de un asunto políticamente complejo, especialmente por la reacción que podría generar entre los transportadores.

El exministro también cuestionó que el proyecto de Ley de Rescate Económico no incluya una revisión de fondo de este gasto, pese a que el Gobierno busca reducir el déficit y conseguir nuevos ingresos para financiar sus obligaciones.

El principal riesgo: el impacto sobre los transportadores y los precios de los alimentos

Aunque los expertos coinciden en la importancia de revisar el costo fiscal del subsidio, también existe preocupación por las consecuencias de modificar el precio del diésel.

El ACPM es un insumo fundamental para el transporte de carga y para diferentes actividades productivas. Por esa razón, un aumento en su precio puede elevar los costos de operación de los vehículos, trasladarse a los fletes y terminar reflejándose en el precio de los alimentos y otros bienes de consumo.

Además, el sector transportador ha advertido sobre las dificultades económicas que enfrentan numerosas empresas y propietarios de camiones, quienes deben asumir gastos de combustible, salarios, peajes y mantenimiento.

La experiencia del paro camionero de septiembre de 2024, durante el intento de incrementar el precio del diésel, demuestra la sensibilidad social y económica que tiene esta discusión. En aquella ocasión, las protestas y bloqueos afectaron la movilidad, el abastecimiento y diferentes actividades comerciales en varias regiones del país.

Por eso, una eventual eliminación del subsidio tendría que considerar mecanismos de transición que reduzcan el impacto sobre los pequeños transportadores y las actividades económicas más vulnerables.

Una discusión que podría cambiar las prioridades del presupuesto nacional

La revisión del subsidio al diésel adquiere mayor relevancia en medio de la Ley de Rescate Económico, iniciativa con la que el Gobierno busca realizar un ajuste cercano al 4,7 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos $90 billones, mediante recortes de gasto, nuevos ingresos y medidas de fortalecimiento institucional.

De acuerdo con el análisis de ANIF, para 2027 la reducción del gasto público y la recomposición de las fuentes de financiación de la seguridad social concentrarían la mayor parte del ajuste propuesto.

En ese contexto, el subsidio al ACPM aparece como uno de los rubros que los analistas consideran necesario examinar. Los recursos que actualmente se destinan a cubrir la diferencia en el precio del combustible podrían tener otros usos dentro del presupuesto, como inversión pública, infraestructura, programas sociales y atención de necesidades prioritarias.

No obstante, los $14 billones corresponden a una estimación del costo del subsidio y no a una suma que el Gobierno pueda recaudar automáticamente. El ahorro efectivo dependería del ritmo de los ajustes, del comportamiento de los precios internacionales, de la tasa de cambio y de las medidas que finalmente se adopten.

¿Qué decisión tomará el Gobierno?

Por ahora, la discusión está abierta y las propuestas de los expertos no representan una decisión definitiva del Ejecutivo. El Gobierno tendrá que evaluar el costo fiscal de mantener el beneficio, las consecuencias de modificarlo y la posibilidad de establecer un cronograma gradual que permita proteger a los sectores más expuestos.

El debate deja sobre la mesa una pregunta central para las finanzas públicas: ¿debe Colombia continuar destinando billones de pesos a mantener subsidiado el diésel o es momento de reducir progresivamente ese gasto y orientar los recursos hacia otras prioridades?

La respuesta tendrá implicaciones no solo para el presupuesto nacional, sino también para los transportadores, las empresas, los consumidores y el costo de vida de millones de colombianos.