¡Alerta para las empresas en Colombia! La Ley de Rescate Económico cambiaría impuestos y costos en 2027
La iniciativa plantea reducir gradualmente la tarifa de renta, modificar aportes a la nómina, gravar algunos servicios tecnológicos con IVA y crear incentivos para grandes inversiones.
El proyecto de Ley de Rescate Económico plantea modificaciones en impuestos, aportes a la nómina, IVA e incentivos a la inversión. Aunque algunas medidas podrían representar alivios tributarios para las compañías, otras aumentarían sus costos operativos y obligarían a replantear sus presupuestos para el próximo año.
Las empresas colombianas podrían enfrentar importantes cambios financieros durante 2027 si el Congreso aprueba el proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno. La iniciativa propone modificar diferentes reglas tributarias y laborales que inciden directamente en los costos de operación, la contratación de trabajadores, las inversiones y la planificación financiera de las compañías.
El proyecto, identificado como el número 477 de 2026, busca fortalecer las finanzas públicas mediante una combinación de medidas tributarias, reducción del gasto estatal e incentivos para atraer nuevas inversiones.
De acuerdo con los análisis realizados por firmas especializadas como KPMG, el impacto para las empresas no será necesariamente positivo o negativo en todos los casos. Aunque la propuesta contempla reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial, también plantea cambios en los aportes a la nómina y en el tratamiento del IVA para determinados bienes y servicios.
Por esta razón, las compañías deberán revisar sus proyecciones financieras y construir diferentes escenarios antes de definir sus presupuestos para 2027.
Impuesto de renta: las empresas pagarían menos
Uno de los cambios más importantes de la iniciativa está relacionado con el impuesto de renta que pagan las sociedades.
Actualmente, la tarifa general se encuentra en el 35 %. Sin embargo, el proyecto propone reducirla al 33 % para el año gravable 2027 y al 31 % a partir de 2028.
Esta modificación representaría un alivio para las compañías que se encuentran bajo el régimen ordinario, pues permitiría disminuir la proporción de sus utilidades destinada al pago de este impuesto.
No obstante, el beneficio dependerá de las condiciones particulares de cada empresa y de los demás cambios tributarios que entren en vigor. En consecuencia, una reducción en la tarifa de renta no significa necesariamente que todas las compañías terminen pagando menos en el conjunto de sus obligaciones.
Los costos de contratación podrían aumentar
Uno de los puntos que genera mayor atención es la modificación de la exoneración de aportes patronales a salud, SENA e ICBF.
Actualmente, determinados empleadores están exonerados de estos aportes respecto de trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La propuesta plantea reducir ese beneficio y establecer nuevos rangos salariales:
- Para trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos, se mantendría la exoneración total.
- Para quienes reciban más de dos y hasta tres salarios mínimos, se establecerían aportes parciales.
- Para los trabajadores que devenguen más de tres salarios mínimos, se eliminaría la exoneración.
El cambio podría incrementar los costos laborales de las compañías, especialmente aquellas que cuentan con una nómina amplia o contratan personal con salarios superiores a dos salarios mínimos.
Por ello, las empresas deberán calcular cuánto representaría esta modificación en sus gastos mensuales y evaluar si el ahorro obtenido por la reducción del impuesto de renta compensa los nuevos costos asociados a la contratación.
Cambios en el IVA afectarían compras y servicios empresariales
La iniciativa también contempla modificaciones en el impuesto al valor agregado (IVA), que podrían repercutir en los presupuestos de operación de diferentes sectores.
Entre los cambios planteados se encuentra la eliminación de la tarifa del 5 % para determinados productos y servicios, así como la modificación de algunas exclusiones tributarias.
Uno de los aspectos que llama la atención es el posible gravamen a servicios tecnológicos como software para contenidos digitales, páginas web, alojamiento de información y computación en la nube, que podrían quedar sujetos a la tarifa general del 19 %.
Esto tendría consecuencias para las empresas que dependen de infraestructura tecnológica, plataformas digitales y servicios especializados para desarrollar sus actividades.
Además, la propuesta contempla modificaciones relacionadas con vehículos eléctricos e híbridos y otros bienes utilizados en diferentes actividades económicas.
Nuevos incentivos para atraer grandes inversiones
No todas las disposiciones representan mayores cargas para el sector empresarial. La Ley de Rescate Económico también propone crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), diseñado para atraer proyectos de inversión de gran escala.
Este mecanismo contemplaría tarifas preferenciales de renta para determinados proyectos que cumplan los requisitos de inversión, generación de empleo y demás condiciones establecidas.
De acuerdo con la propuesta, los proyectos que comiencen en 2027 o 2028 podrían acceder a una tarifa de renta del 20 %, mientras que aquellos que inicien en 2029 tendrían una tarifa del 26 %.
El régimen también incluiría beneficios relacionados con la depreciación acelerada de activos y condiciones de estabilidad jurídica durante un periodo determinado.
La medida busca ofrecer mayor previsibilidad a los inversionistas nacionales y extranjeros que estén considerando desarrollar proyectos de gran magnitud en Colombia.
Los recortes del gasto público también afectarían a los proveedores del Estado
Otro aspecto que deberán tener en cuenta las empresas es la política de austeridad y reducción del gasto público contemplada en la iniciativa.
El proyecto plantea limitar el crecimiento de las compras públicas y reducir los recursos destinados a determinados gastos de funcionamiento y contratación.
Entre las medidas propuestas se encuentra una meta de reducción del 50 % en los costos de contratación de personal profesional y de apoyo durante 2027, frente a los niveles de 2026.
Esta disposición podría afectar a compañías consultoras, empresas de tecnología, proveedores de servicios profesionales y otras organizaciones cuyos ingresos dependen de contratos con entidades estatales.
Por lo tanto, las empresas que trabajan con el sector público tendrán que evaluar los posibles cambios en la contratación estatal y anticipar cómo podrían repercutir en sus ingresos durante el próximo año.
¿Qué deberían hacer las empresas frente a estos cambios?
Ante este panorama, las compañías deberán prepararse y revisar sus presupuestos para anticipar los posibles efectos de la iniciativa.
Entre las principales acciones se encuentran:
- Revisar el presupuesto de 2027 y calcular los posibles efectos de los cambios tributarios y laborales.
- Evaluar los costos de nómina e identificar qué trabajadores podrían generar mayores aportes patronales.
- Analizar las compras empresariales y determinar qué servicios tecnológicos, equipos e insumos podrían tener modificaciones en el IVA.
- Revisar los planes de inversión para establecer si los nuevos proyectos podrían acceder a los beneficios del régimen RUGE.
- Evaluar la dependencia de contratos estatales y anticipar posibles reducciones en la contratación pública.
El objetivo es evitar que las modificaciones tributarias afecten inesperadamente la liquidez, la rentabilidad y la capacidad de crecimiento de las organizaciones.
Una ley que podría cambiar el panorama empresarial colombiano
La Ley de Rescate Económico plantea un escenario en el que las empresas podrían beneficiarse de una menor tarifa de renta, pero al mismo tiempo enfrentar mayores costos laborales y modificaciones en los impuestos aplicados a sus operaciones.
El impacto será diferente dependiendo del tamaño de cada compañía, su estructura salarial, el sector económico al que pertenece y su relación comercial con el Estado.
Por ahora, la iniciativa continúa su trámite legislativo y sus disposiciones no deben considerarse vigentes. El texto podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley, por lo que las compañías deberán seguir de cerca las decisiones del Congreso.
La discusión será determinante para el sector productivo colombiano, pues las nuevas reglas podrían modificar las decisiones de contratación, inversión y expansión de miles de empresas durante los próximos años.