Ley de ajuste fiscal divide al Congreso: partidos ponen condiciones y crece la tensión por nuevos impuestos
La propuesta plantea cambios en el IVA, la renta empresarial, el impuesto al patrimonio y la tributación de personas naturales, mientras varias bancadas piden priorizar la reducción del gasto público.
La iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta cuestionamientos tanto de sectores de la bancada oficialista como de la oposición. Mientras el Centro Democrático pide reducir el gasto público y modificar los impuestos, otros partidos advierten sobre posibles afectaciones a la clase media y los hogares colombianos. El proyecto todavía no tiene mayorías garantizadas.
El proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el Gobierno nacional comenzó a generar diferencias entre las principales fuerzas políticas del país. La iniciativa, que busca modificar el sistema tributario y reducir el tamaño del Estado para enfrentar las dificultades de las finanzas públicas, encontró resistencia incluso entre algunos sectores que hacen parte de la bancada de Gobierno.
La discusión se concentra principalmente en el alcance de los nuevos impuestos, los cambios propuestos para el IVA, las modificaciones a la tributación de las personas naturales y la reducción de los gastos del Estado. Estos puntos han provocado cuestionamientos de congresistas que consideran que el país necesita un ajuste en sus cuentas públicas, pero no necesariamente mediante mayores cargas tributarias para los ciudadanos.
El panorama representa un desafío para la administración de Abelardo de la Espriella, que necesita construir acuerdos políticos para conseguir los votos suficientes y avanzar con el trámite legislativo.
Uno de los principales focos de atención está en el Centro Democrático. Aunque la colectividad ha manifestado su disposición a discutir medidas para enfrentar la situación fiscal, sus dirigentes han expresado reparos frente a varios artículos del proyecto, especialmente aquellos relacionados con el aumento de impuestos.
La oposición, por su parte, también ha cuestionado la iniciativa, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían trasladar una mayor carga tributaria a los hogares de ingresos medios y bajos, mientras se contemplan reducciones en los impuestos empresariales.
Centro Democrático analiza su respaldo al proyecto de ajuste fiscal
Una de las reuniones políticas más importantes alrededor de esta iniciativa se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre, cuando los integrantes del Centro Democrático se reunieron con su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para analizar los efectos económicos y tributarios del proyecto presentado por el Gobierno.
Durante el encuentro se discutieron posibles modificaciones al articulado y alternativas para enfrentar el déficit de las finanzas públicas sin recurrir a nuevos impuestos que afecten directamente a los ciudadanos.
Al finalizar la reunión, Uribe manifestó que la colectividad está de acuerdo con la necesidad de adoptar medidas para enfrentar la situación económica del país, pero considera que el proyecto requiere ajustes importantes.
El exmandatario señaló que existen dos caminos que podrían estudiarse: modificar la iniciativa presentada por el Ejecutivo o construir una propuesta alternativa que contemple una reforma estructural de las finanzas públicas.
La discusión dejó claro que todavía no existe una decisión definitiva dentro de la bancada. De hecho, algunos congresistas mantienen diferencias frente al alcance de los recortes estatales y consideran que el Gobierno debería hacer un esfuerzo mayor para reducir el gasto público.
Uno de los puntos que genera mayor resistencia es el aumento de impuestos. Para varios integrantes del partido, esta medida no debería ser el mecanismo principal para solucionar los problemas fiscales, especialmente cuando consideran que todavía existen gastos innecesarios, duplicidad de funciones y oportunidades para reducir el tamaño de la administración pública.
Además, durante la reunión se planteó la posibilidad de presentar un contraproyecto que permita sustituir o modificar sustancialmente la propuesta del Gobierno.
Álvaro Uribe y el ministro de Hacienda protagonizaron un cruce de mensajes
La discusión fiscal también estuvo acompañada de una controversia entre Álvaro Uribe y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
El expresidente publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió a los integrantes de su partido no entregar hojas de vida al Gobierno y solicitó al jefe de la cartera económica que tampoco las pidiera a los congresistas.
La declaración generó cuestionamientos sobre las conversaciones que se estaban adelantando entre el Ejecutivo y los integrantes del Legislativo para conseguir respaldo a la iniciativa.
Ante los señalamientos, el ministro Miguel Gómez rechazó que se estuvieran solicitando hojas de vida o algún tipo de contraprestación a cambio de apoyo político.
El funcionario sostuvo que los acercamientos con los congresistas se habían desarrollado dentro de los espacios institucionales y que el propósito era discutir el contenido de la propuesta económica.
Por su parte, el representante Mateo Hidalgo también negó que hubiera entregado hojas de vida o recibido solicitudes de esa naturaleza.
La controversia puso de manifiesto las tensiones que rodean las negociaciones políticas en medio del trámite de una iniciativa que necesita construir consensos para avanzar en el Congreso.
Los nuevos impuestos son el principal obstáculo para conseguir acuerdos
Aunque existe coincidencia entre diferentes sectores políticos sobre la necesidad de revisar el gasto público y mejorar las finanzas nacionales, las mayores diferencias aparecen cuando se analizan las medidas tributarias.
Uno de los aspectos más cuestionados es la posibilidad de ampliar el IVA del 19 % a determinados productos de la canasta familiar.
Según las críticas presentadas por el senador David Racero, del Pacto Histórico, el artículo 42 del proyecto contempla retirar 107 productos de la lista de bienes excluidos del impuesto.
De acuerdo con su interpretación del articulado, varios alimentos y productos que actualmente no pagan IVA podrían comenzar a tributar con la tarifa general del 19 %.
Entre los productos mencionados se encuentran frutas y verduras frescas, además de insumos y materias primas utilizados en actividades agrícolas y farmacéuticas.
El congresista cuestionó que la propuesta pueda aumentar el costo de los alimentos y afectar directamente el presupuesto de las familias.
Su posición es que el Gobierno debería revisar primero los beneficios tributarios existentes y evaluar cuáles realmente generan beneficios económicos y sociales antes de trasladar nuevas obligaciones a los consumidores.
Esta discusión se ha convertido en uno de los principales puntos de desacuerdo entre los partidos, debido al impacto que podría tener sobre los precios de los productos de consumo cotidiano.
¿Qué cambios tributarios contempla la propuesta del Gobierno?
El proyecto de ajuste fiscal no se limita a los cambios relacionados con el IVA. También incluye modificaciones en la tributación empresarial y en los impuestos que pagan las personas naturales.
Entre los aspectos que han generado debate se encuentran:
- IVA: modificación del tratamiento tributario de diferentes productos que actualmente se encuentran excluidos del impuesto.
- Impuesto de renta empresarial: propuesta de reducir progresivamente la tarifa corporativa, que pasaría del 35 % al 31 %, según los puntos del proyecto analizados por congresistas.
- Impuesto al patrimonio: cambios en las condiciones de este tributo, con una reducción progresiva y su eliminación prevista para 2030.
- Personas naturales: creación de un nuevo tramo de tributación que, según los cuestionamientos del senador Ariel Ávila, podría llevar a que personas con ingresos superiores a $4 millones comiencen a pagar renta anual bajo las condiciones propuestas.
- Gasto público: medidas para reducir el tamaño del Estado, revisar entidades gubernamentales y eliminar duplicidades administrativas.
Estos puntos todavía forman parte de una propuesta legislativa y su alcance dependerá de las modificaciones que se introduzcan durante el debate.
Para los congresistas que cuestionan la iniciativa, el problema está en que algunas medidas podrían representar mayores obligaciones para los ciudadanos, mientras se plantean beneficios tributarios para las empresas.
Por su parte, los sectores que respaldan determinados componentes del proyecto consideran que reducir los impuestos empresariales podría contribuir a mejorar las condiciones para la inversión y la generación de empleo.
Partido Liberal también expresa reparos a la iniciativa
Las dudas frente al proyecto no se concentran exclusivamente en el Centro Democrático. Dentro del Partido Liberal también han surgido cuestionamientos sobre la distribución de las cargas tributarias.
El senador Héctor Olimpo manifestó sus preocupaciones frente al enfoque de la reforma y sostuvo que un verdadero rescate fiscal debería comenzar por revisar los beneficios tributarios que reciben determinados sectores económicos.
El congresista hizo referencia a los beneficios de renta e IVA, cuyo costo habría alcanzado los $153,2 billones en 2024, de acuerdo con la cifra que presentó en sus cuestionamientos.
Su planteamiento consiste en evaluar cuáles de esos beneficios generan resultados positivos para la economía y cuáles podrían estar protegiendo intereses particulares sin producir un impacto significativo en el bienestar general.
Desde esta perspectiva, el senador considera que antes de exigir mayores aportes a las familias y a las regiones, el Gobierno debería revisar los tratamientos tributarios preferenciales que existen actualmente.
La postura evidencia que también dentro de los partidos tradicionales hay preocupación por la forma en que se distribuiría el esfuerzo económico que plantea el Ejecutivo.
La oposición rechaza los cambios tributarios
Desde los sectores de oposición, las críticas han sido más contundentes.
Congresistas del Pacto Histórico y de la Alianza Verde han cuestionado la posibilidad de aumentar el IVA a productos de consumo básico y modificar las condiciones tributarias de las personas naturales.
El senador David Racero considera que la propuesta podría generar un impacto negativo sobre el costo de vida, especialmente si se amplía el impuesto a productos que hacen parte de la alimentación de los hogares.
En la misma línea, el senador Ariel Ávila ha cuestionado el tratamiento que recibirían las personas naturales frente a las reducciones contempladas para las empresas.
Según su análisis, mientras la tarifa corporativa disminuiría del 35 % al 31 %, las personas naturales enfrentarían nuevas obligaciones tributarias y cambios en los rangos de ingresos sujetos al impuesto de renta.
Para estos sectores, el proyecto presenta un desequilibrio en la distribución de las cargas fiscales y podría afectar especialmente a los ciudadanos que tienen ingresos medios.
La oposición también cuestiona que el Gobierno impulse una reforma de esta naturaleza cuando todavía existen diferencias importantes sobre el manejo del gasto público y las prioridades presupuestales.
Gabriel Vallejo y Honorio Henríquez piden reducir el tamaño del Estado
Dentro del Centro Democrático, el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Estado más pequeño, austero y con menores cargas tributarias.
Su postura es que los ciudadanos esperan medidas que reduzcan los impuestos y permitan mejorar su capacidad económica, en lugar de nuevas obligaciones fiscales.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también ha manifestado reparos frente a la propuesta.
El congresista considera necesario reducir el tamaño del aparato estatal y eliminar cargos y funciones que puedan estar duplicados entre diferentes entidades.
Sin embargo, ha advertido que el ajuste no debería convertirse en una razón para incrementar los impuestos que pagan los colombianos.
Sus declaraciones reflejan una diferencia importante dentro del debate: existe coincidencia sobre la necesidad de revisar el gasto, pero no sobre la conveniencia de aumentar los ingresos del Estado mediante nuevos tributos.
El Gobierno necesita construir mayorías para sacar adelante la ley
Uno de los principales desafíos para el Ejecutivo será conseguir el respaldo suficiente en las comisiones económicas y posteriormente en las plenarias del Congreso.
La discusión no solamente depende de los partidos de oposición. También será necesario resolver las diferencias entre las colectividades que hacen parte de la coalición de Gobierno.
El Centro Democrático tiene un papel relevante en este escenario debido a su representación legislativa y a las condiciones que ha planteado para respaldar el proyecto.
La posibilidad de que la colectividad presente modificaciones o incluso una propuesta alternativa podría cambiar el desarrollo de las negociaciones.
Por su parte, el Gobierno tendrá que defender las medidas tributarias y explicar cómo contribuirían a mejorar las finanzas públicas, además de responder a las preocupaciones relacionadas con el costo de vida y la distribución de las cargas fiscales.
La discusión también se desarrolla en un contexto político sensible, pues el proyecto llega al Legislativo en un periodo previo a las elecciones regionales de 2027, un factor que puede influir en las posiciones de las diferentes colectividades.
¿Qué puede pasar con la ley de ajuste fiscal?
Por ahora, el futuro de la iniciativa sigue dependiendo de las negociaciones entre el Gobierno y las distintas bancadas.
El Centro Democrático continúa estudiando el articulado y no ha cerrado la puerta a respaldar una versión modificada. La oposición mantiene sus cuestionamientos, mientras que otros sectores políticos piden revisar los beneficios tributarios y priorizar los recortes del gasto público.
La discusión será determinante para establecer si el Gobierno consigue los acuerdos necesarios para avanzar con su propuesta o si deberá introducir cambios de fondo para evitar que el proyecto pierda respaldo en el Congreso.
En medio de las diferencias, hay un punto que comparten varias colectividades: la necesidad de revisar las finanzas públicas y adoptar medidas para enfrentar los problemas fiscales del país.
El desacuerdo está en quién debe asumir el costo del ajuste, qué impuestos deben modificarse y cuánto debe reducirse el tamaño del Estado.
Esas preguntas marcarán el debate legislativo y definirán el futuro de una de las iniciativas económicas más importantes del Gobierno de Abelardo de la Espriella.