¿Qué pasaría si el Congreso hunde la Ley de Rescate Económico? Exdirector de Fedesarrollo advierte sobre las dificultades que enfrentaría Colombia
El exdirector de Fedesarrollo considera preocupante el impacto de un eventual hundimiento del proyecto sobre las finanzas públicas y la confianza de los mercados.
Luis Fernando Mejía explicó en SEMANA la magnitud del problema fiscal y advirtió que, si la iniciativa no avanza, el país podría tener serios obstáculos para financiar el presupuesto de 2027. Aunque no considera seguro que Colombia llegue a un incumplimiento de pagos, sí calificó como preocupante el escenario para las finanzas públicas y la confianza de los mercados.
La Ley de Rescate Económico se convirtió en uno de los principales asuntos de discusión política y económica en Colombia. El proyecto, presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella ante el Congreso el pasado 29 de octubre, busca enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas mediante una combinación de reducción del gasto, cambios tributarios y medidas para incentivar la inversión.
Pero la iniciativa no tiene garantizada su aprobación. Su trámite dependerá de las discusiones y votaciones en el Legislativo, donde distintos sectores podrán plantear modificaciones, respaldarla o rechazarla.
Su análisis puso el foco en un problema que va más allá de la aprobación de una reforma: la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones durante 2027.
¿Colombia podría entrar en default si no se aprueba la ley?
Una de las principales preguntas planteadas durante la conversación fue si el rechazo de la Ley de Rescate Económico llevaría automáticamente a Colombia a un default, término utilizado para describir el incumplimiento de obligaciones financieras.
Mejía consideró que ese desenlace no puede darse por seguro. En su intervención señaló que todavía existiría la posibilidad de que el país continúe cumpliendo sus compromisos, incluso si el proyecto no es aprobado.
Sin embargo, advirtió que la situación sería complicada para la financiación del presupuesto nacional de 2027. También señaló que la falta de aprobación de un ajuste fiscal sería una señal negativa para los mercados, especialmente porque se esperaba que el nuevo Gobierno presentara medidas para corregir el desequilibrio de las cuentas públicas.
Esta precisión es importante: una dificultad para financiar el presupuesto no equivale necesariamente a un incumplimiento inmediato de la deuda. El default se produce cuando un Estado deja de cumplir sus obligaciones financieras en los términos establecidos. Para llegar a ese escenario tendrían que presentarse condiciones adicionales que no pueden darse por confirmadas únicamente por el eventual hundimiento del proyecto.
La advertencia de Mejía contrasta con la posición expresada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien sostuvo que, si la ley no avanza antes de finalizar 2026, Colombia podría entrar en default durante el próximo año. Según el funcionario, esto dificultaría el pago de salarios públicos y la financiación de programas estatales.
Así, mientras el Gobierno plantea un escenario de alto riesgo, el exdirector de Fedesarrollo reconoce la gravedad del problema, pero no considera inevitable que se produzca una suspensión de pagos.
El dato histórico que expuso Luis Fernando Mejía
Durante la entrevista, el economista entregó un dato para dimensionar el panorama fiscal del país. Según explicó, entre 1907 y 2019, periodo de 112 años que excluye la crisis provocada por la pandemia, Colombia solamente registró un año en el que el déficit fiscal superó el 6 % del producto interno bruto (PIB).
Ese año fue 1999, cuando el país atravesó una profunda crisis económica.
La comparación fue utilizada por Mejía para mostrar que los niveles de desequilibrio fiscal que se discuten actualmente representan un desafío importante en la historia económica nacional.
El déficit fiscal ocurre cuando los gastos del Estado superan sus ingresos. Para cubrir esa diferencia, el Gobierno debe recurrir a mecanismos de financiación, entre ellos la emisión de deuda. Cuando el desequilibrio se mantiene elevado, las necesidades de endeudamiento pueden aumentar y el pago de intereses puede limitar los recursos disponibles para otras obligaciones públicas.
Por eso, el debate no se limita a determinar si el Congreso aprueba o no una iniciativa. También está relacionado con la forma en que el Estado puede garantizar sus fuentes de financiación y evitar que el costo de la deuda siga presionando las cuentas nacionales.
¿Qué propone la Ley de Rescate Económico?
El proyecto radicado por el Gobierno contempla un conjunto de medidas para reducir el desequilibrio fiscal. Entre sus principales componentes se encuentran recortes en gastos de funcionamiento, ajustes en la contratación y la burocracia estatal, cambios en el sistema tributario y acciones para mejorar el recaudo.
La iniciativa también propone modificar tratamientos del IVA para determinados productos y servicios, revisar beneficios tributarios, ajustar aportes relacionados con la seguridad social y establecer mecanismos de devolución del impuesto a hogares vulnerables.
Otro de sus componentes está relacionado con la inversión y el empleo, mediante cambios en las tarifas empresariales y medidas para atraer capital. Además, plantea fortalecer las herramientas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para combatir la evasión y el contrabando.
El Gobierno ha defendido que el ajuste debe combinar reducción del gasto y mayores ingresos. No obstante, varios de los cambios tributarios incluidos han generado interrogantes por sus posibles efectos sobre el costo de vida, los trabajadores, las empresas y los hogares.
La discusión legislativa será determinante para establecer cuáles de esas propuestas permanecen, cuáles se modifican y cuáles podrían quedar por fuera del texto definitivo.
Mejía considera que el proyecto puede mejorarse
Aunque el exdirector de Fedesarrollo valoró la iniciativa presentada por el Gobierno, también reconoció que puede ser objeto de ajustes durante su discusión en el Congreso.
Mejía calificó la propuesta como una apuesta seria, ambiciosa y responsable, pero señaló que algunos de sus componentes podrían mejorarse. Además, planteó la importancia de que el Estado haga un esfuerzo adicional que pueda ser percibido por los ciudadanos.
Su observación apunta a un elemento central del debate: la necesidad de que el ajuste fiscal no recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes y los sectores económicos. La ciudadanía también espera conocer qué medidas concretas adoptará el Gobierno para reducir sus propios gastos y demostrar austeridad en el manejo de los recursos públicos.
En ese sentido, la discusión sobre el tamaño del Estado, la contratación pública, los gastos administrativos y la eficiencia del presupuesto tendrá un papel importante durante el trámite de la iniciativa.
El Congreso tendrá la última palabra
El proyecto de Ley de Rescate Económico fue radicado como iniciativa ordinaria y quedó identificado en la Cámara de Representantes con el número 477 de 2026. Su aprobación requiere superar los debates correspondientes en ambas cámaras del Congreso y completar el procedimiento legislativo.
El calendario también representa un desafío. El periodo ordinario de sesiones está previsto hasta el 16 de diciembre, aunque el Gobierno puede convocar sesiones extraordinarias si considera necesario avanzar durante el receso legislativo.
El tiempo es relevante porque algunas medidas tributarias tienen efectos que dependen del momento en que entre en vigencia la ley. Por eso, el resultado de las discusiones durante las próximas semanas será determinante para conocer qué ajustes podrán aplicarse y desde cuándo.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la aprobación de la reforma es necesaria para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas. Desde el análisis económico, Mejía advierte que no aprobar un ajuste tendría consecuencias importantes para la financiación estatal y la confianza de los mercados, aunque considera que el default no sería un resultado automático.
El debate, por tanto, tendrá dos grandes interrogantes: cómo corregir el desequilibrio fiscal y quiénes asumirán el costo de ese ajuste. La respuesta dependerá de las decisiones del Congreso y de la capacidad del Gobierno para construir acuerdos sobre una reforma que tendrá efectos sobre las cuentas públicas y la economía de los colombianos.