Iván Cepeda desafía el decreto de De la Espriella y advierte: ”No vamos a permitir”

El senador y líder de la oposición cuestionó la nueva normativa que regula la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas y calificó su expedición como una estrategia intimidatoria. Cepeda anunció que participará en la movilización de este miércoles 14 de octubre y defendió el derecho a la protesta pacífica.

El senador Iván Cepeda reaccionó al Decreto 1525 de 2026, expedido por el presidente Abelardo de la Espriella para establecer nuevas reglas sobre la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones sociales. El congresista cuestionó la medida y aseguró que la oposición ejercerá su derecho a movilizarse pacíficamente durante las marchas convocadas para este miércoles 14 de octubre.

A través de su cuenta en la red social X, Cepeda señaló que la jornada marcaría la primera movilización contra el Gobierno de De la Espriella. Además, sostuvo que la expedición del decreto, un día antes de las manifestaciones, forma parte de una "estrategia intimidatoria" que, según su interpretación, podría restringir el ejercicio de la protesta social.

La controversia se produce en medio de un ambiente de tensión entre el Ejecutivo y sectores políticos, sindicales y sociales que cuestionan el alcance de las nuevas disposiciones. Mientras el Gobierno afirma que busca proteger las manifestaciones pacíficas y actuar frente a hechos violentos, representantes de la oposición advierten que el decreto podría ampliar las facultades de intervención policial y afectar garantías constitucionales.

Cepeda cuestiona la falta de consulta a organizaciones sociales

Uno de los principales cuestionamientos del senador se refiere al proceso de elaboración de la normativa. Cepeda afirmó que el nuevo protocolo no fue consultado con la ciudadanía ni con las organizaciones sociales, a diferencia del procedimiento que, según él, se adelantó durante el Gobierno de Gustavo Petro para construir las reglas anteriores.

El congresista considera que las disposiciones podrían facilitar el uso de la fuerza pública, reducir el margen para el diálogo entre las autoridades y los manifestantes y generar condiciones para la criminalización de quienes participan en las movilizaciones.

En su pronunciamiento, también recordó los episodios de violencia registrados durante las protestas de 2019 y 2021, cuando hubo denuncias por lesiones, uso desproporcionado de la fuerza y muertes de manifestantes. Cepeda sostuvo que durante el Gobierno anterior se privilegió el diálogo como mecanismo para atender las movilizaciones.

Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el senador. La discusión sobre el alcance jurídico del decreto y su compatibilidad con los derechos fundamentales dependerá de su aplicación y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

"No vamos a permitir la arbitrariedad"

Cepeda reiteró que los sectores de oposición acudirán a las calles de manera pacífica, multitudinaria y decidida. En su mensaje, advirtió que no permitirán lo que considera una actuación arbitraria del Gobierno ni medidas que, desde su perspectiva, puedan afectar los derechos ciudadanos.

"No vamos a permitir la arbitrariedad de un régimen autoritario. Tampoco vamos a permitir que los derechos, la democracia y la vida sean destruidos por De la Espriella", afirmó el senador al cerrar su pronunciamiento.

La declaración se suma a las críticas que distintos representantes del Pacto Histórico y otras organizaciones han expresado frente a la normativa. Algunos congresistas anunciaron acciones judiciales para cuestionar el decreto y solicitar que se suspendan sus efectos mientras se revisa su legalidad.

Entre los argumentos expuestos por sus críticos está que una regulación que afecte el ejercicio de un derecho fundamental debería tramitarse mediante una ley estatutaria aprobada por el Congreso, y no únicamente a través de un decreto del Ejecutivo.

¿Qué establece el Decreto 1525 de 2026?

La normativa establece lineamientos para la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones y busca definir las circunstancias en las que las autoridades pueden intervenir ante hechos que pongan en riesgo la seguridad o los derechos de terceros.

Entre los aspectos señalados por el Gobierno están la actuación frente al porte o uso de armas, la retención de personas, los ataques contra funcionarios, periodistas o personal médico, los daños a la infraestructura y las afectaciones a servicios esenciales.

El decreto también contempla mecanismos de coordinación entre las autoridades para hacer seguimiento a las movilizaciones y responder ante posibles alteraciones del orden público.

El presidente De la Espriella ha defendido la medida al argumentar que la protesta pacífica seguirá contando con garantías, pero que el Estado debe actuar ante la violencia, el vandalismo y las conductas que afecten a otros ciudadanos.

Desde la oposición, en cambio, se cuestiona si las nuevas reglas podrían facilitar intervenciones policiales sin agotar previamente determinadas etapas de diálogo. Esa diferencia de interpretaciones se convirtió en uno de los principales puntos de discusión política antes de las marchas.

El Gobierno defiende la regulación y la oposición anuncia acciones legales

La controversia no se limita a Cepeda. La normativa también provocó reacciones de congresistas de distintas corrientes políticas.

Mientras representantes del oficialismo y sectores afines al Gobierno respaldaron la medida como una herramienta para proteger a los ciudadanos y evitar hechos violentos, congresistas de oposición anunciaron demandas y acciones de tutela para cuestionar su constitucionalidad.

La senadora Jennifer Pedraza, por ejemplo, sostuvo que la regulación podría afectar el derecho fundamental a la protesta y planteó que el asunto debe ser discutido mediante el procedimiento legislativo correspondiente. Por su parte, representantes del Pacto Histórico anunciaron acciones judiciales con las que buscan que se revise la normativa y se evalúe una eventual suspensión provisional.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también expresó reparos y pidió garantías para las organizaciones sindicales y sociales. La central obrera cuestionó que los bloqueos e interrupciones de vías puedan considerarse automáticamente actos violentos, al señalar que su valoración debe atender las circunstancias de cada manifestación.

El Gobierno, por su parte, insiste en que la medida no pretende eliminar el derecho a protestar, sino establecer reglas para diferenciar las movilizaciones pacíficas de las conductas que puedan constituir delitos.

Una jornada que pondrá a prueba la relación entre Gobierno y oposición

Las marchas de este miércoles representan un momento relevante para la relación entre el Ejecutivo y los sectores que se oponen a sus políticas. Además de la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales, la jornada permitirá observar cómo se aplican las nuevas disposiciones y cuál será la respuesta de las autoridades frente a las manifestaciones.

El desarrollo de las protestas también será observado a la luz de las garantías para los participantes, la protección de quienes no hacen parte de las movilizaciones y el respeto por los derechos fundamentales.

Para Cepeda, la movilización constituye una forma de rechazar lo que considera una amenaza a la protesta social. Para el Gobierno, el decreto busca garantizar que las manifestaciones puedan realizarse sin violencia y sin afectaciones graves a los derechos de terceros.

La discusión jurídica continuará mientras los sectores críticos avanzan con sus anuncios de demandas y el Ejecutivo defiende la legalidad de la medida. El alcance definitivo del Decreto 1525 dependerá de su aplicación y de las eventuales decisiones de las autoridades judiciales.

Por ahora, el mensaje de Cepeda es claro: la oposición saldrá a las calles y defenderá la movilización pacífica. La atención estará puesta en el desarrollo de las marchas, la actuación de la Fuerza Pública y las consecuencias políticas y jurídicas que pueda tener la controversia por el nuevo decreto.