Petro convoca las marchas contra De la Espriella y el Gobierno estrena decreto para controlar las protestas
Las movilizaciones tendrán concentraciones en Bogotá, Medellín y Cali, mientras el Ejecutivo defiende las nuevas reglas de intervención de la Fuerza Pública.

El expresidente Gustavo Petro participará en las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre en varias ciudades del país. La jornada será la primera gran prueba para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que expidió el Decreto 1525 para modificar los protocolos de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.
Colombia vivirá este miércoles una jornada de movilización convocada por sectores sindicales, organizaciones sociales y representantes de la izquierda, en medio de las diferencias entre el expresidente Gustavo Petro y el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Las marchas se desarrollarán el mismo día en que comenzará a aplicarse el nuevo Decreto 1525, una normativa que modifica las reglas de intervención de las autoridades frente a situaciones de violencia, vandalismo y bloqueos durante las protestas.
La convocatoria, en la que participará Petro, representa uno de los primeros desafíos políticos para la administración de De la Espriella desde la llegada al poder. El Ejecutivo busca garantizar el derecho a la manifestación pacífica, pero también ha anunciado que actuará frente a conductas que afecten la movilidad, los servicios esenciales y los derechos de quienes no participan en las movilizaciones.
La jornada tendrá especial atención en Bogotá, Medellín y Cali, donde se programaron concentraciones y recorridos. Además de medir la capacidad de convocatoria de la oposición, las manifestaciones pondrán a prueba la aplicación de las nuevas disposiciones sobre el uso de la fuerza pública.
Petro convoca a una movilización pacífica
El expresidente Gustavo Petro se sumó a la convocatoria promovida por organizaciones sindicales, entre ellas la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), y llamó a sus seguidores a participar en las manifestaciones.
El exmandatario ha insistido en que la jornada debe desarrollarse de manera pacífica. "La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente".
Las organizaciones convocantes buscan expresar su oposición a las políticas del nuevo Gobierno y defender distintas reivindicaciones sociales y laborales. Entre los asuntos que han motivado las movilizaciones se encuentran las preocupaciones por los derechos laborales, la autonomía universitaria y las garantías para las comunidades indígenas.
Para el petrismo, la jornada también constituye una oportunidad de mostrar su capacidad de movilización desde la oposición. Durante el Gobierno de Iván Duque, Petro tuvo un papel destacado en las protestas de 2021, conocidas como el estallido social, que estuvieron acompañadas tanto de manifestaciones pacíficas como de episodios de violencia y denuncias por actuaciones de la Fuerza Pública.
La movilización de este miércoles se desarrolla en un escenario político distinto, con Petro fuera de la Presidencia y De la Espriella al frente del Ejecutivo. Por ello, el desarrollo de las marchas y la respuesta institucional serán observados como una primera prueba de la relación entre el Gobierno y los sectores opositores.
¿Qué cambia con el Decreto 1525?
El Gobierno expidió el Decreto 1525 el martes 13 de octubre, un día antes de las movilizaciones. La normativa establece nuevas disposiciones para la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas y busca delimitar las condiciones en las que las autoridades pueden intervenir ante hechos que representen riesgos para la seguridad o los derechos de terceros.
Uno de los cambios centrales se relaciona con las circunstancias en las que puede darse por agotada la etapa de diálogo y proceder a la intervención policial. Entre las situaciones contempladas se encuentran las agresiones, el porte o uso de armas, las afectaciones a misiones médicas, la retención de personas y los bloqueos que comprometan servicios esenciales.
El decreto también establece restricciones frente a los bloqueos permanentes de vías, las afectaciones al transporte masivo y otras conductas que puedan impedir el tránsito de ciudadanos o el acceso a bienes indispensables. Asimismo, contempla mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales mediante puestos de mando unificado (PMU).
El Gobierno sostiene que la medida busca evitar que hechos violentos se amparen en el ejercicio de la protesta social y garantizar que las autoridades puedan responder ante situaciones que pongan en riesgo a la población.
Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones ha generado cuestionamientos. Organizaciones sociales y sectores de la oposición advierten que ampliar las facultades de intervención de la Fuerza Pública podría afectar el derecho a la protesta si las reglas se aplican de manera amplia o desproporcionada.
Uno de los puntos más discutidos es el papel del diálogo y la mediación. Bajo los protocolos anteriores, estas herramientas tenían un lugar central antes de recurrir al uso de la fuerza. Con las nuevas disposiciones, en determinadas circunstancias de agresión o vandalismo, el diálogo puede dejar de ser un paso obligatorio previo a la intervención.
Por esa razón, el resultado de la jornada dependerá no solo de la conducta de los manifestantes, sino también de la forma en que las autoridades interpreten y apliquen las nuevas reglas, con respeto por los derechos fundamentales y el debido proceso.
De la Espriella defiende las nuevas medidas
El presidente Abelardo de la Espriella ha defendido la expedición del decreto y ha señalado que su Gobierno garantizará las manifestaciones pacíficas, pero actuará frente a quienes incurran en actos violentos.
" A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías, a los violentos, todo el peso de la ley", manifestó el mandatario, según la publicación de SEMANA.
El jefe de Estado también ha insistido en que el derecho a manifestarse debe coexistir con los derechos de quienes necesitan desplazarse, trabajar, estudiar o acceder a servicios de salud. En esa línea, ha rechazado los bloqueos que impidan el paso de ambulancias, interrumpan el transporte o dificulten el abastecimiento de alimentos y medicamentos.
Para coordinar la respuesta institucional, el Gobierno anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado con participación de autoridades nacionales y locales. El mecanismo permitirá monitorear el desarrollo de las marchas, coordinar medidas de movilidad y atender eventuales alteraciones del orden público.
La administración sostiene que el decreto ofrece herramientas para distinguir entre quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta y quienes cometen delitos durante las manifestaciones. Sus críticos, por su parte, reclaman garantías para impedir que las nuevas facultades se traduzcan en intervenciones desproporcionadas.
Estos son los puntos de concentración en las principales ciudades
Las movilizaciones fueron programadas en diferentes ciudades del país, con concentraciones y recorridos previstos para la mañana de este miércoles.
Bogotá: la convocatoria está prevista para las 9:30 a. m. en el Parque Nacional, desde donde los participantes se desplazarán hacia la Plaza de Bolívar.
Medellín: se anunciaron concentraciones a partir de las 10:00 a. m. en puntos como la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura.
Cali: la movilización fue convocada en la plazoleta Jairo Varela, con un recorrido previsto hacia el parque de las Banderas.
Las autoridades locales deberán coordinar los posibles desvíos y las medidas de movilidad para reducir las afectaciones al transporte y permitir el tránsito de los ciudadanos que no participen en las marchas. Los recorridos y las condiciones en las vías pueden variar según el desarrollo de la jornada.
Una prueba política para el Gobierno y la oposición
La movilización representa un momento importante para la oposición, que busca demostrar su capacidad de convocatoria frente a la administración de De la Espriella. Al mismo tiempo, será una prueba para el Ejecutivo, que estrenará las nuevas disposiciones en una jornada de protesta de alcance nacional.
El resultado no dependerá únicamente de la cantidad de asistentes. También será determinante que las manifestaciones puedan desarrollarse sin agresiones, daños a bienes públicos o privados y afectaciones graves a los servicios esenciales, así como que la respuesta de las autoridades respete los límites legales.
La jornada también permitirá observar cómo se aplica el nuevo decreto en situaciones concretas y si las medidas de prevención, coordinación y control consiguen reducir los riesgos sin restringir indebidamente el derecho a la protesta.
En medio de la confrontación política, tanto el Gobierno como los organizadores han expresado posiciones sobre la importancia de la movilización y su carácter pacífico. La atención estará puesta en el desarrollo de las marchas, la actuación de la Fuerza Pública y las consecuencias que pueda tener esta primera gran jornada de oposición para la relación entre el Ejecutivo y los sectores sociales y políticos que cuestionan sus decisiones.

