Buenaventura suspende cobro a camiones tras reunión con MinTransporte
El acuerdo entre la Alcaldía y el Ministerio de Transporte contempla mejorar los accesos al puerto, recuperar vías afectadas por el terremoto y destrabar nueve unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura.
La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba anunció que no aplicará el Decreto 0338 de 2026, que establecía un cobro por circulación a los vehículos de carga. El acuerdo con el Gobierno nacional también contempla destrabar obras viales, mejorar los accesos al puerto y avanzar en la recuperación de carreteras afectadas por el terremoto.
Los transportadores de carga que movilizan mercancías hacia y desde el puerto de Buenaventura no tendrán que asumir el cobro por circulación previsto en el Decreto Distrital 0338 de 2026. La decisión fue anunciada este miércoles 14 de octubre por la alcaldesa del distrito, Ligia del Carmen Córdoba, después de una reunión de trabajo con la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
La medida representa un cambio frente a la disposición que había generado rechazo entre los gremios transportadores, preocupados por el impacto de un nuevo costo en una operación logística que ya enfrenta dificultades por la congestión vial, los retrasos en los accesos al puerto y los sobrecostos asociados al transporte de mercancías.
Según informó el Ministerio de Transporte, las autoridades acordaron concentrar sus esfuerzos en mejorar la infraestructura vial, agilizar las obras pendientes y fortalecer la conectividad del principal puerto colombiano sobre el océano Pacífico.
La alcaldesa confirmó que el distrito no aplicará el decreto y señaló que Buenaventura necesita soluciones integrales para atender tanto los desafíos de la operación portuaria como las necesidades de movilidad de sus habitantes.
¿En qué consistía el cobro que generó controversia?
El Decreto Distrital 0338 de 2026 establecía un denominado "precio público por circulación" para los vehículos que movilizaran carga desde o hacia las terminales portuarias de Buenaventura.
La disposición fijaba un cobro de $4.235 por tonelada de carga transportada. De acuerdo con los cálculos divulgados por el gremio Colfecar, un tractocamión que movilizara 30 toneladas habría tenido que asumir un costo aproximado de $127.050 por operación.
La propuesta generó cuestionamientos por parte de representantes del sector transportador, quienes argumentaron que el corredor ya presentaba dificultades operativas que incrementaban los costos de movilización y reducían la eficiencia en la entrega y el retiro de mercancías.
Colfecar había advertido que añadir un cobro en esas condiciones podía trasladar nuevas presiones económicas a los propietarios de vehículos, las empresas transportadoras y los generadores de carga. Estos costos, dependiendo de las condiciones comerciales, también podrían repercutir en los precios finales de algunos bienes.
La discusión se produjo en medio de los problemas de movilidad que afectan la conexión terrestre con el puerto, una infraestructura estratégica para el comercio exterior colombiano.
Con el anuncio de la alcaldesa, el cobro previsto en el decreto no será aplicado, según lo comunicado por las autoridades el 14 de octubre.
Gobierno y Alcaldía priorizarán las obras viales
Durante la reunión entre la ministra Elsa Noguera y la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, las autoridades acordaron trabajar conjuntamente para destrabar proyectos de infraestructura y mejorar las condiciones de circulación en el distrito.
Uno de los principales objetivos será intervenir los accesos al puerto para facilitar el ingreso y la salida de vehículos de carga, reducir las demoras y mejorar la operación logística.
La agenda también incluye avanzar en la reconstrucción de las vías afectadas por el terremoto, cuyas consecuencias han dificultado la circulación por algunos sectores del corredor vial.
El Ministerio de Transporte destacó que la coordinación entre el Gobierno nacional y la administración distrital será determinante para responder a las necesidades de los transportadores y de las comunidades que conviven con la actividad portuaria.
La alcaldesa, por su parte, sostuvo que las soluciones deben beneficiar al territorio en su conjunto y no concentrarse exclusivamente en la operación de las terminales marítimas. La congestión y las dificultades de acceso también repercuten en los desplazamientos cotidianos de los habitantes y en el funcionamiento de las actividades económicas locales.
Destraban nueve unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura
Otro de los resultados anunciados tras la reunión fue el avance en el corredor Buga-Buenaventura, una vía fundamental para conectar el puerto con el interior del país y facilitar el transporte de mercancías.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, se destrabaron nueve de las 21 unidades funcionales que conforman el proyecto, incluida la vía alterna interna. La entidad informó, además, que actualmente todo el corredor se encuentra en obra.
Las unidades funcionales corresponden a segmentos o componentes en los que se organiza la ejecución de un proyecto de infraestructura. Por lo tanto, destrabar nueve de ellas significa superar obstáculos que dificultaban su desarrollo, pero no implica que esos tramos estén terminados o habilitados en su totalidad.
El avance anunciado busca facilitar la continuidad de los trabajos y contribuir a mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores más importantes para el comercio exterior del país.
La importancia de esta vía radica en que conecta la zona portuaria con otros centros productivos y comerciales. Cuando se presentan restricciones, demoras o dificultades de acceso, las consecuencias pueden extenderse a toda la cadena logística, desde el transporte terrestre hasta la entrega de mercancías.
Los transportadores venían alertando sobre los sobrecostos
Antes de que se anunciara la decisión, los gremios del transporte habían expresado su preocupación por el cobro adicional y por las condiciones operativas de la ruta hacia Buenaventura.
Colfecar señaló que los transportadores ya enfrentaban mayores costos asociados al combustible, los peajes, las obligaciones laborales, las restricciones de movilidad y los tiempos de espera para movilizar mercancías y devolver contenedores vacíos.
El gremio también advirtió sobre las afectaciones derivadas de los bloqueos y de las restricciones viales, factores que pueden aumentar los tiempos de recorrido y reducir la productividad de los vehículos.
En ese contexto, los representantes del sector defendieron la necesidad de priorizar las soluciones de infraestructura y logística antes de introducir nuevos costos para la operación de carga.
La decisión de no aplicar el cobro responde a esa controversia inmediata. Sin embargo, los problemas estructurales del corredor requieren intervenciones sostenidas para que la reducción de costos y demoras se traduzca en mejores condiciones para las empresas, los conductores y los usuarios de la cadena logística.
¿Qué sigue para Buenaventura?
El anuncio de la Alcaldía y el Ministerio de Transporte marca un cambio en la estrategia para atender las dificultades de movilidad y operación portuaria. En lugar de aplicar el cobro contemplado en el Decreto 0338 de 2026, las autoridades señalaron que concentrarán esfuerzos en las obras viales y en la mejora de los accesos.
El principal desafío será convertir los compromisos en resultados verificables: avanzar en los proyectos pendientes, recuperar las vías afectadas por el terremoto y reducir los tiempos que actualmente enfrentan los camiones para ingresar y salir del puerto.
Para los transportadores, la no aplicación del cobro evita el costo adicional que contemplaba la medida. Para Buenaventura, el resultado dependerá de que los acuerdos se traduzcan en una infraestructura más eficiente y en mejores condiciones de movilidad para la población.
La evolución de las obras y la coordinación entre las autoridades nacionales y distritales serán claves para determinar el impacto de las medidas sobre la competitividad del puerto y el comercio exterior colombiano.