Gobierno prepara Estatuto Antiterrorista con nuevas penas y una lista nacional de terroristas
El proyecto contempla clasificar organizaciones y actores como terroristas, restringir su acceso a recursos públicos y crear un Alto Comisionado contra el Terrorismo.
Una de las principales apuestas de seguridad del nuevo Gobierno
El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un nuevo Estatuto Antiterrorista, una reforma con la que busca actualizar y endurecer las herramientas jurídicas disponibles para combatir organizaciones armadas y estructuras criminales.
El proyecto, elaborado principalmente desde los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, será discutido dentro del trámite correspondiente antes de llegar formalmente al Congreso. Su contenido ya generó controversia entre sectores del oficialismo, la oposición y organizaciones políticas, especialmente por las facultades que contempla para el Ejecutivo y por el mecanismo propuesto para clasificar a organizaciones y actores como terroristas.
La iniciativa tendría el carácter de ley estatutaria, por lo que deberá superar un trámite especial en el Congreso y posteriormente pasar por revisión de la Corte Constitucional.
Un registro nacional de organizaciones y actores terroristas
Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas.
De acuerdo con el borrador conocido por medios de comunicación, una instancia técnica vinculada al Consejo de Seguridad Nacional elaboraría los expedientes correspondientes y el Consejo de Seguridad Nacional tendría la responsabilidad de decidir la inclusión mediante un acto administrativo.
La propuesta contempla que el registro sea público y que entidades financieras, notarías y otras instituciones deban consultarlo en determinadas operaciones.
El Gobierno plantea que este mecanismo permita actuar de manera más rápida contra las estructuras que sean clasificadas como terroristas, incluyendo medidas sobre sus recursos económicos.
Congelamiento de bienes y restricciones económicas
Una de las consecuencias previstas para quienes sean incluidos en el registro sería el congelamiento de fondos, activos y recursos económicos y bancarios.
También se contemplan restricciones para contratar con el Estado y para acceder a determinados subsidios, programas y recursos públicos mientras permanezca vigente la inclusión en el registro.
El proyecto establece además un mecanismo para solicitar la salida de la lista. Según el borrador, la solicitud tendría que ser resuelta dentro de un plazo determinado y, ante una negativa, existirían mecanismos de control judicial.
Nuevos delitos y penas más altas
El Estatuto también plantea modificar el tratamiento penal de distintas conductas relacionadas con organizaciones terroristas.
Entre los asuntos incluidos aparecen el uso de drones con fines terroristas, minería ilegal, extracción y comercialización de oro, secuestro, contrabando, trata de personas, narcotráfico, extorsión, delitos informáticos, delitos electorales, asonadas y ataques contra infraestructura crítica.
En determinados casos, cuando la conducta beneficie a una organización o persona incluida en el registro, las penas podrían aumentar.
Uno de los ejemplos que más ha llamado la atención es el relacionado con drones: el proyecto contempla penas que podrían llegar hasta 30 años de prisión cuando concurran determinadas circunstancias agravantes.
Un Alto Comisionado contra el Terrorismo
Otra de las novedades es la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia.
Según el borrador revelado por Caracol Radio, el funcionario sería designado directamente por el presidente para un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección.
El proyecto también contempla facultades extraordinarias temporales para que el jefe de Estado reglamente aspectos relacionados con esta nueva dependencia.
El punto que más preocupa a la oposición
Precisamente las facultades del Ejecutivo y los criterios para determinar quién puede ser incluido en el registro se han convertido en uno de los principales focos de discusión.
La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta cuestionó públicamente el proyecto y sostuvo que podría utilizarse contra organizaciones sociales, medios de comunicación o sectores de oposición. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, defendió la iniciativa y señaló que el trámite como ley estatutaria y la revisión de la Corte Constitucional constituyen controles institucionales.
Por ahora, estas posiciones corresponden al debate político alrededor de una iniciativa que todavía debe surtir su trámite legislativo. La eventual inclusión de personas u organizaciones no puede presentarse como una decisión ya adoptada.
El Gobierno busca endurecer su política de seguridad
El Estatuto Antiterrorista hace parte de una agenda más amplia del Gobierno de De la Espriella para modificar la política de seguridad.
El Ejecutivo sostiene que las amenazas actuales requieren herramientas jurídicas capaces de responder a fenómenos como el uso de drones, ataques contra infraestructura, economías ilícitas y nuevas formas de financiación de grupos armados.
La propuesta también contempla incentivos para integrantes de organizaciones terroristas que colaboren efectivamente con las autoridades y aporten información relevante para su desarticulación. El borrador contempla reducciones de pena que podrían llegar hasta el 60 % bajo determinadas condiciones.
El debate apenas comienza
El proyecto debía ser socializado este jueves 8 de octubre ante el Consejo Superior de Política Criminal, pero el Gobierno informó que la reunión fue aplazada para la próxima semana. El encuentro deberá servir para discutir el Estatuto Antiterrorista y otras reformas relacionadas con justicia y seguridad.
Después, la iniciativa deberá avanzar hacia el Congreso, donde se anticipa una discusión especialmente intensa debido a su impacto sobre seguridad, justicia penal, derechos fundamentales y facultades del Ejecutivo.
Más que una reforma exclusivamente penal, el proyecto plantea un cambio amplio en la manera en que el Estado colombiano pretende identificar, perseguir y sancionar a organizaciones consideradas terroristas. Su paso por el Congreso determinará qué elementos permanecen, cuáles son modificados y cuáles terminan siendo descartados.