Militares muestran drones del gobierno en Antioaquia (Medellín)
Militares muestran drones del gobierno en Antioaquia (Medellín), el 4 de noviembre. Miguel Angel Lopez AP Photo/Miguel Angel Lopez

Colombia continúa sin contar con un sistema nacional integral para detectar y neutralizar los drones utilizados por grupos armados ilegales, una situación que quedó en evidencia tras la publicación de documentos internos del Ministerio de Defensa conocidos por el diario El País. La investigación señala que el proyecto, valorado inicialmente en $6,2 billones, no avanzó porque ninguna de las tecnologías evaluadas cumplió todos los requisitos técnicos establecidos por el comité encargado de seleccionar los equipos.

La controversia abrió un enfrentamiento entre el actual ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y su antecesor, Pedro Sánchez, quienes se responsabilizan mutuamente por el fracaso de la iniciativa. Sin embargo, los documentos revisados por el medio muestran que la decisión de no recomendar ninguna compra fue tomada por un comité técnico integrado por miembros de la Fuerza Pública.

El asunto cobra especial relevancia por el aumento de los ataques con drones explosivos contra soldados y policías en diferentes regiones del país.

Un proyecto de $6,2 billones que nunca llegó a ejecutarse

El Escudo Nacional Antidrones comenzó a estructurarse desde 2022 y fue anunciado públicamente durante el Gobierno de Gustavo Petro en enero de 2026. Su propósito era desarrollar una defensa de varias capas que permitiera detectar, identificar, rastrear e impedir ataques con aeronaves no tripuladas.

La iniciativa contemplaba una inversión superior a los $6,2 billones durante cuatro años. Para su primera fase, prevista en 2026, se estimaban recursos por $800.000 millones.

El cronograma establecía que durante marzo y abril se realizarían pruebas tecnológicas en Colombia, mientras que entre junio y julio se esperaba avanzar hacia la contratación. Sin embargo, el proceso no llegó a esa etapa porque las soluciones examinadas no superaron los criterios técnicos exigidos.

El requisito que terminó frenando la adquisición

Según la investigación de El País, uno de los principales problemas estuvo relacionado con las exigencias establecidas para los sistemas antidrones.

El comité técnico evaluó tecnologías de diferentes empresas y países, pero concluyó que ninguna cumplía integralmente con las necesidades operacionales de Colombia.

Entre los requerimientos mencionados por fuentes consultadas por el medio estaba la capacidad de detectar un dron a tres kilómetros de distancia y a 300 metros de altura, además de neutralizarlo en cuestión de segundos.

Las pruebas habrían mostrado niveles de cumplimiento de entre el 50 % y el 60 % en algunas soluciones. Mientras algunos integrantes del proceso consideraban que esas capacidades representaban un avance importante frente a las herramientas disponibles, el comité técnico determinó que no eran suficientes para recomendar una adquisición de esa magnitud.

El documento de evaluación advirtió que comprar equipos que no cumplieran integralmente los requisitos implicaría aceptar brechas operacionales y trasladar al Estado riesgos técnicos, de integración y mantenimiento.

Por esa razón, recomendó cerrar la etapa de evaluación sin adjudicar contratos, mantener la necesidad de contar con el escudo y continuar buscando tecnologías adecuadas.

La pelea entre el actual ministro y su antecesor

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, cuestionó la gestión del Gobierno anterior y aseguró que recibió un proyecto sin financiación consolidada, sin viabilidad técnica y sin contratos adjudicados.

Mora también señaló que una circular expedida el 31 de marzo de 2026 impidió que las unidades militares y policiales realizaran compras independientes de equipos antidrones con sus propios presupuestos.

Por su parte, el exministro Pedro Sánchez rechazó las acusaciones y sostuvo que nunca se bloqueó la adquisición de estas capacidades. Explicó que la circular buscaba centralizar las compras para evitar adquisiciones descoordinadas y conseguir mejores condiciones económicas mediante una contratación conjunta.

Sánchez también defendió la decisión de no firmar contratos cuando las tecnologías evaluadas no cumplían los requerimientos establecidos por los especialistas.

De acuerdo con su versión, los $800.000 millones previstos para la primera fase no habían sido asignados formalmente al Ministerio de Defensa y su disponibilidad dependía de que se identificaran soluciones técnicamente viables.

¿Qué pasó con los recursos y las compras?

La investigación señala que, aunque se había anunciado una inversión millonaria, los recursos de la primera fase no llegaron a consolidarse como presupuesto disponible para ejecutar la adquisición.

El Ministerio actual sostiene que las gestiones realizadas por la administración anterior no garantizaron la financiación del proyecto. El exministro Sánchez, en cambio, afirma que los recursos estaban condicionados a los resultados de las evaluaciones y que correspondía al nuevo Gobierno continuar con el proceso.

También se conoció que el Ejército habría adquirido equipos antidrones en mayo de 2026 por aproximadamente $6.000 millones, pese a las restricciones de la circular y a que la empresa proveedora había sido descartada previamente por el comité técnico. Según la investigación periodística, este caso llegó a instancias de control interno.

Finalmente, el 14 de agosto de 2026, una resolución dio por terminado el proceso que se venía adelantando.

Los ataques con drones aumentan la preocupación por la seguridad

La ausencia de un sistema integral preocupa por el crecimiento de los ataques con drones utilizados por organizaciones armadas ilegales.

Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz citadas por El País, los ataques contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 351 hasta el 2 de noviembre de 2026. Además, 24 uniformados habían muerto ese año en ataques con estos dispositivos, 16 de ellos desde la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia en agosto.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 12 de noviembre en una vereda del Catatumbo, donde artefactos lanzados desde drones y disparos de francotirador impactaron a integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres número 10. El ataque dejó un cabo y tres soldados muertos.

Cinco días antes, otro atentado con drones cargados de explosivos había causado la muerte de tres militares.

Estas cifras reflejan la dificultad que enfrenta la Fuerza Pública para responder a una amenaza que evoluciona rápidamente y que permite a los grupos armados atacar posiciones militares sin exponerse directamente.

El problema: no existe un escudo capaz de detener todos los drones

Los especialistas consultados por El País advierten que ningún sistema tecnológico garantiza neutralizar el 100 % de los drones. Por eso, consideran que la defensa debe construirse mediante diferentes herramientas que funcionen de manera coordinada.

Entre las dificultades está el uso de drones controlados mediante fibra óptica, que no dependen de señales de radiofrecuencia convencionales y, por tanto, no pueden neutralizarse con los inhibidores tradicionales.

Los expertos también señalan que adquirir equipos no es suficiente: se necesita personal capacitado, mantenimiento, coordinación entre instituciones, protocolos de operación y recursos permanentes para sostener las capacidades.

La discusión, por tanto, no debería limitarse a determinar quién tuvo la responsabilidad política de no concretar el contrato, sino a establecer qué medidas se adoptaron para proteger a los uniformados mientras se adelantaban las evaluaciones.

Gobierno anuncia un nuevo plan antidrones

Ante las críticas y el aumento de los ataques, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció el 18 de noviembre el Plan Estratégico para la Estabilización y la Soberanía Tecnológica Antidrones.

La estrategia contempla tres líneas de trabajo: adquirir equipos de detección, seguimiento e inhibición; fortalecer la producción nacional de tecnología antidrones, y desarrollar mecanismos de financiación y regulación.

Según el Ministerio de Defensa, el Ejército trabaja en sistemas propios con una capacidad de producción de 40 unidades semanales y adelanta un proceso precontractual por $32.000 millones.

Adicionalmente, el Gobierno anunció que estructura junto con el Departamento Nacional de Planeación un CONPES antidrones por aproximadamente $7,2 billones y prepara un proyecto de ley para controlar la importación y trazabilidad de componentes utilizados en estos dispositivos.

Una deuda pendiente con la seguridad de la Fuerza Pública

El fracaso del Escudo Nacional Antidrones deja en evidencia las dificultades del Estado para responder a una amenaza tecnológica que avanza con rapidez. Mientras el Gobierno actual y sus antecesores discuten sobre las responsabilidades, los ataques continúan representando un riesgo para soldados, policías y comunidades en las regiones afectadas por el conflicto armado.

El desafío ahora consiste en convertir los anuncios y nuevos planes en capacidades reales de protección. La adquisición de equipos, la producción nacional y la capacitación de los uniformados serán determinantes para que Colombia pueda enfrentar una amenaza que ya tiene consecuencias mortales.