Drones explosivos amenazan a civiles en Tibú
Habitantes del corregimiento de Pacelli, en Tibú, Norte de Santander, denunciaron el lanzamiento de tres drones cargados con explosivos cerca de viviendas. El episodio se suma a otros ataques registrados en la región del Catatumbo durante noviembre. Fuerzas Militares de Colombia

Tres drones cargados con explosivos fueron utilizados para atacar una vivienda en el corregimiento de Pacelli, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, durante la tarde del miércoles 18 de noviembre. El episodio generó preocupación entre los habitantes por el riesgo que representan estos dispositivos para las comunidades rurales del Catatumbo, una región afectada por los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el ataque dejó personas heridas o daños materiales.

De acuerdo con la información publicada por el medio regional La Opinión, la alerta fue difundida por la Asociación Nacional de Víctimas, que denunció el lanzamiento de aeronaves no tripuladas con explosivos cerca de viviendas y solicitó acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población civil.

Por su parte, Semana informó que el ataque ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la tarde, en una vivienda del corregimiento de Pacelli, en dirección hacia el sector de Luis Vero. La publicación también señaló que durante esa misma jornada se registró otro hecho violento en la zona rural de Tibú: un campesino de 45 años resultó afectado por la explosión de una mina antipersonal.

La coincidencia de ambos episodios durante una misma jornada refleja los riesgos que enfrentan las comunidades rurales, cuyos habitantes permanecen expuestos tanto a artefactos explosivos instalados en sus territorios como a ataques ejecutados mediante dispositivos aéreos no tripulados.

La población civil, en medio de la amenaza de los drones

La Asociación Nacional de Víctimas rechazó los hechos registrados en Pacelli y pidió la intervención de las autoridades para garantizar la protección de los habitantes. La organización también solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo ante el temor generado por la caída de explosivos en inmediaciones de las viviendas.

La preocupación se concentra en que estos ataques pueden afectar directamente a familias que permanecen en sus hogares y desarrollan actividades agrícolas y comunitarias en zonas rurales. A diferencia de los enfrentamientos dirigidos contra objetivos militares, el uso de explosivos en sectores habitados incrementa el riesgo para personas que no participan en las hostilidades.

Aunque todavía no se ha establecido oficialmente qué organización armada estuvo detrás del ataque del miércoles, el hecho se produjo en una región donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc mantienen una confrontación por el control territorial, las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales.

La disputa ha provocado desplazamientos, confinamientos y diferentes afectaciones a las comunidades del Catatumbo, de acuerdo con los registros de las autoridades y organismos humanitarios.

Los ataques con drones se han intensificado en el Catatumbo

El episodio de Pacelli se suma a una sucesión de ataques con explosivos lanzados desde drones que se han registrado durante noviembre en diferentes sectores de Norte de Santander.

El 12 de noviembre, un ataque contra tropas del Ejército en la vereda Barco La Silla, también en jurisdicción de Tibú, dejó cuatro militares muertos y cinco heridos. Según el reporte de las Fuerzas Militares, los uniformados fueron atacados con 20 dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas mientras adelantaban operaciones en la zona rural cercana a la frontera con Venezuela.

En días anteriores también se habían denunciado ataques contra viviendas en los corregimientos de Versalles y otros sectores rurales de Tibú. Las comunidades han advertido sobre los daños ocasionados por las explosiones y la presencia de artefactos que no llegaron a detonar, lo que mantiene el peligro incluso después de los ataques.

Estos episodios evidencian la incorporación de tecnologías no tripuladas a las tácticas utilizadas por las organizaciones armadas ilegales. Los drones, que pueden ser adquiridos y adaptados con relativa facilidad, representan un desafío adicional para las capacidades de vigilancia, protección y respuesta de las Fuerzas Militares.

La situación también ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas antidrones de la Fuerza Pública, especialmente en territorios donde los grupos armados cuentan con capacidad para realizar ataques a distancia.

Una crisis que continúa afectando a las comunidades

El Catatumbo atraviesa una prolongada crisis de seguridad desde comienzos de 2025, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. La disputa por el control territorial ha afectado a municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata, donde las comunidades han denunciado amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad.

La dimensión humanitaria de esta confrontación ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo. Según cifras de la Unidad para las Víctimas citadas por Semana, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 105.203 personas por hechos relacionados con la violencia en la región. La mayoría correspondió a víctimas de desplazamiento forzado.

La nueva alerta en Pacelli vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para las familias que permanecen en las zonas rurales del Catatumbo. La protección de viviendas, caminos y espacios comunitarios resulta fundamental para evitar que la población civil continúe soportando las consecuencias de una confrontación armada que se ha extendido durante meses.

Mientras las autoridades avanzan en el seguimiento de los hechos, los habitantes de Pacelli esperan medidas que reduzcan el riesgo de nuevos ataques y permitan desarrollar sus actividades cotidianas sin la amenaza constante de explosivos. La identificación de los responsables y el esclarecimiento de las circunstancias del ataque serán determinantes para establecer las acciones judiciales y de seguridad que correspondan.