Gobierno prepara pilotos de bloqueo de celulares en cárceles para frenar la extorsión
La estrategia incluye identificar equipos mediante los códigos IMEI e IMSI, reforzar los controles de ingreso y evaluar posibles impactos sobre usuarios, abogados y familiares.
El Gobierno Nacional avanza con una nueva estrategia para neutralizar las comunicaciones de la criminalidad y frenar la extorsión que se coordina desde los centros penitenciarios del país. El vocero de la Presidencia, Miller Soto, explicó los detalles de la orden impartida por el presidente Abelardo de la Espriella.
Pilotos de bloqueo y control de ingreso
"Vamos a hacer pilotos de bloqueo, control de ingreso de celulares y medición de si dejan de salir las llamadas sin tumbarle la señal al barrio vecino", explicó Soto, al detallar los tres componentes centrales de esta primera fase de la estrategia. El presidente De la Espriella lo ha dicho en innumerables ocasiones, según recogió el propio vocero: "necesitamos que a las cárceles no entre ni la señal de la Santa Cruz".
Una estrategia coordinada entre varias entidades
La estrategia contempla acciones coordinadas entre los ministerios de las TIC y de Justicia, junto con operadores de telecomunicaciones e instituciones de seguridad. La ministra de las TIC, Alexandra Falla, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, lideran esta articulación interinstitucional, que busca cerrar los espacios que hoy permiten que personas privadas de la libertad continúen operando estructuras criminales desde dentro de las prisiones.
El bloqueo técnico: IMEI del teléfono, IMSI de la SIM
La normativa en preparación contempla el bloqueo del IMEI del teléfono y del IMSI asociado a la SIM, dos identificadores técnicos que permiten individualizar tanto el dispositivo físico como la línea telefónica utilizada, en un esfuerzo por hacer más efectiva la identificación y neutralización de los equipos usados para cometer extorsiones desde las cárceles.
Mayores controles físicos dentro de los centros penitenciarios
Además del componente tecnológico, el Gobierno también plantea reforzar los controles físicos dentro de las cárceles para impedir que los teléfonos lleguen a manos de los internos. Las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de celulares continúa siendo uno de los mayores desafíos del sistema penitenciario colombiano, pese a los mecanismos de control existentes hasta ahora.
Una fase de prueba antes de la expansión
La normativa vigente contempla una fase de prueba para verificar la viabilidad técnica de implementar los procedimientos de bloqueo antes de extenderlos al conjunto del sistema penitenciario nacional. El Gobierno anunció que esta evaluación permitirá determinar qué mecanismos funcionan, cuáles requieren ajustes, y cómo se puede evitar que una medida dirigida contra las comunicaciones ilegales termine afectando a usuarios que se encuentran fuera de las cárceles, en los barrios vecinos a los centros penitenciarios.
Allanamientos recientes: 18 celulares incautados
Como parte de las acciones ya en curso, la Policía Metropolitana informó que en una acción conjunta se realizaron allanamientos en las cárceles de Valledupar, La Dorada y Barranquilla, donde se incautaron 18 celulares, un resultado que ilustra la magnitud del reto que enfrentan las autoridades para controlar el ingreso de estos dispositivos a los establecimientos penitenciarios.
Canales de denuncia ciudadana
El Gobierno también anunció que se intensifican las requisas y el control de energía dentro de las celdas, garantizando que el circuito de bloqueo se active oportunamente ante las denuncias ciudadanas, que pueden presentarse a través de la línea 165 de la Policía Nacional o la línea 147 del Ejército Nacional.
La advertencia de defensores de derechos humanos
Mientras sectores ciudadanos y gremios económicos respaldan la iniciativa como una herramienta para reducir los índices de criminalidad asociados a la extorsión, defensores de derechos humanos han advertido que un bloqueo total de las comunicaciones podría tener efectos no deseados sobre la población carcelaria, al aislar a los internos de sus abogados y familiares, un derecho de comunicación que distintas normas y jurisprudencia reconocen a las personas privadas de la libertad, incluso en el marco de medidas orientadas a prevenir delitos cometidos desde las prisiones.
Un desafío técnico y jurídico de larga data
Este no es el primer intento del Estado colombiano por resolver el problema del uso de celulares en las cárceles. Semanas atrás, la ministra Falla y el ministro Cancino ya se habían reunido con representantes de las empresas de telefonía móvil para revisar alternativas técnicas, en encuentros donde se evaluaron tanto las medidas ya implementadas como los principales desafíos técnicos, jurídicos y operativos que persisten para controlar las señales dentro y alrededor de los establecimientos penitenciarios del país.
Con los pilotos de bloqueo ya en preparación, el Gobierno nacional buscará en las próximas semanas determinar la viabilidad técnica y operativa de esta estrategia, en un esfuerzo por cerrar uno de los principales canales que, según las propias autoridades, ha permitido que las cárceles colombianas continúen funcionando como centros de operación para la extorsión y otras actividades delictivas coordinadas por sus internos.