Audios sobre presunta comisión de $8.000 millones salpican al senador Pedro Flórez en el caso Coolechera
La investigación de CAMBIO reconstruye reuniones en las que Rodolfo Bossa habría mencionado al senador Pedro Flórez y a la exsuperintendente María José Navarro.

Una investigación periodística de la revista CAMBIO reveló grabaciones de reuniones realizadas en agosto de 2025, en las que Rodolfo Bossa, familiar del senador Pedro Flórez, habría gestionado acercamientos entre representantes de Green Summer Corporation y personas vinculadas a la intervención de Coolechera. En las conversaciones se menciona una supuesta comisión de $8.000 millones para facilitar la reactivación de un contrato que contemplaba entregar a esa compañía la operación de la cooperativa lechera durante 20 años.
Las grabaciones, divulgadas el domingo 22 de noviembre de 2026, exponen conversaciones en las que Bossa menciona al senador Flórez y a María José Navarro, quien para entonces se desempeñaba como superintendente de Economía Solidaria. También describe presuntas gestiones para conseguir nombramientos y facilitar negociaciones relacionadas con el futuro de la cooperativa.
La publicación no demuestra que la comisión haya sido pagada ni establece por sí sola la responsabilidad penal o disciplinaria de las personas mencionadas. Se trata de conversaciones en las que un intermediario formula afirmaciones sobre posibles acuerdos y pagos, mientras los involucrados consultados por el medio rechazan haber participado en actuaciones irregulares.
El contrato que originó las negociaciones
El caso se remonta a julio de 2025, cuando la Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó terminar un contrato entre Coolechera y Green Summer Corporation. El acuerdo contemplaba una inversión de $27.632 millones por parte de la empresa privada, que asumiría la operación de la cooperativa durante 20 años y recibiría el 70 % de los resultados económicos pactados.
La decisión de terminar el negocio fue adoptada por la entonces superintendente María José Navarro, quien cuestionó las condiciones del acuerdo y las facultades utilizadas para comprometer la operación de la cooperativa. El agente especial que había firmado el contrato, Alfonso Gómez Bautista, fue retirado de su cargo.
Sin embargo, según la investigación de CAMBIO, después de la terminación formal del acuerdo continuaron las gestiones para intentar reactivarlo. En ese escenario apareció Rodolfo Bossa, asociado de Coolechera y familiar del senador Pedro Flórez, quien sostuvo reuniones con representantes de Green Summer para explorar una nueva negociación.
Los audios y la supuesta comisión millonaria
La primera reunión registrada ocurrió el 26 de agosto de 2025. En ella, Bossa se presentó ante representantes de Green Summer como portador de un mensaje para retomar las conversaciones y superar los desacuerdos que habían llevado a la terminación del contrato.
Durante ese encuentro mencionó a María José Navarro y al senador Pedro Flórez como personas que, según su versión, podían intervenir en el proceso. Incluso describió al congresista como el "padrino político" de la entonces superintendente y afirmó que había recurrido a su relación familiar con él para impulsar el nombramiento de Alfonso Gómez Bautista como agente especial de Coolechera.
La segunda conversación, realizada el 27 de agosto, contiene una de las referencias más delicadas de la investigación. Bossa preguntó a los representantes de Green Summer cuánto dinero les habían solicitado como una supuesta comisión de éxito. Uno de los empresarios mencionó una propuesta de cuatro millones de dólares, pero aclaró que no había sido aceptada ni rechazada.
Bossa manifestó que tenía conocimiento de otra cifra y mencionó los $8.000 millones. Durante la conversación aseguró que Gómez Bautista había planteado distribuir una eventual comisión entre tres personas: él mismo, la entonces superintendente y el senador Pedro Flórez.
La cifra señalada equivaldría a cerca del 29 % de la inversión de $27.632 millones prevista en el contrato inicial. No obstante, las grabaciones conocidas no acreditan que ese dinero hubiera sido entregado, que los supuestos beneficiarios hubieran aceptado recibirlo ni que existiera un acuerdo probado para efectuar el pago.
Una reunión en el apartamento del senador
La investigación también reconstruyó una reunión que habría tenido lugar el 29 de agosto de 2025 en el apartamento de Pedro Flórez, en Bogotá. Según fuentes consultadas por CAMBIO, al encuentro habrían asistido Bossa, María José Navarro y un representante de Green Summer.
En las grabaciones, Bossa propone realizar una reunión directa con las personas que, según él, podían tomar decisiones sobre el contrato. Al preguntarle dónde tendría lugar, responde que sería "en la de Pedro", en referencia a la residencia del congresista.
De acuerdo con la reconstrucción periodística, Flórez habría participado inicialmente y luego se habría retirado para asistir a una celebración del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Sin embargo, el senador negó haber intervenido en las negociaciones y rechazó que hubiera utilizado su posición para favorecer el contrato.
Las conversaciones posteriores también incluyeron a Richard Andrés Díaz, quien reemplazó a Gómez Bautista como agente especial. Según los registros conocidos por CAMBIO, se discutieron garantías, posibles condiciones de un nuevo acuerdo y el uso de activos de la cooperativa como respaldo. Díaz reconoció que tuvo reuniones relacionadas con Green Summer y Bossa, pero ofreció una versión distinta sobre la forma en que se desarrollaron esos encuentros.
Finalmente, Green Summer no aceptó las condiciones económicas que se discutían y no se concretó la reactivación del contrato. La investigación señala que Ganadería Pekín, otra empresa interesada en aportar recursos a Coolechera, terminó obteniendo un contrato con la cooperativa.
Los involucrados rechazan los señalamientos
CAMBIO consultó a las personas mencionadas en las grabaciones. Pedro Flórez negó haber solicitado o autorizado el cobro de comisiones y afirmó que desconocía que Bossa estuviera utilizando su nombre para adelantar gestiones. Sobre la supuesta comisión de $8.000 millones, aseguró: "Nunca he solicitado ninguna comisión ni he autorizado a nadie a hacerlo".
El senador también negó haber gestionado el nombramiento de Gómez Bautista y rechazó ser el padrino político de María José Navarro. Reconoció que Bossa, por ser familiar suyo, se había hospedado en su apartamento y que lo había visto reunirse allí con otras personas, pero aseguró que nunca participó en sus reuniones de trabajo o personales.
María José Navarro, por su parte, negó haber conocido o autorizado las gestiones de Bossa y sostuvo que Flórez nunca le habló del contrato. Consultada sobre la reunión del 29 de agosto en el apartamento del senador, respondió que no la recordaba y reiteró esa respuesta cuando se le preguntó nuevamente.
Rodolfo Bossa negó haber actuado como intermediario político, haberse reunido con representantes de Green Summer o haber participado en negociaciones para recuperar el contrato. También calificó los $8.000 millones como un rumor y rechazó cualquier participación en un supuesto cobro irregular.
Alfonso Gómez Bautista defendió el contrato inicial y negó conocer propuestas de comisiones. Richard Andrés Díaz reconoció encuentros posteriores relacionados con el negocio, pero sostuvo que las negociaciones no prosperaron porque Green Summer no entregó la documentación requerida. También afirmó que había denunciado amenazas ante la Fiscalía.
Preguntas sobre el control de una cooperativa intervenida
El contenido de las grabaciones abre interrogantes sobre las gestiones realizadas alrededor de una entidad sometida a intervención estatal, el papel de los intermediarios y las condiciones bajo las cuales se intentó negociar nuevamente la operación de Coolechera.
La controversia también pone en primer plano la relación entre intereses empresariales, decisiones administrativas y posibles influencias políticas en una organización que atravesaba dificultades financieras. Sin embargo, las afirmaciones de Bossa deben contrastarse con las respuestas de los involucrados y con los documentos que puedan respaldar o desmentir las conversaciones.
Hasta la publicación de la investigación no se había informado de una decisión judicial que estableciera la existencia de la supuesta comisión ni la responsabilidad de Pedro Flórez, María José Navarro o los demás mencionados. La determinación de eventuales responsabilidades requerirá actuaciones de las autoridades competentes y pruebas adicionales.
El caso deja planteada una cuestión central para la supervisión de las entidades intervenidas: cómo garantizar que las decisiones sobre su administración y recuperación financiera se adopten con transparencia, sin que intereses particulares o intermediaciones políticas condicionen el manejo de sus recursos y activos.

