Procuraduría destituye e inhabilita por ocho años a Julián Caicedo por doble vinculación estatal
Carlos Julián Caicedo Cano fue sancionado por mantener un contrato con Pascual Bravo mientras ejercía como asesor de Invías en 2023; la decisión puede ser apelada.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, por ejercer simultáneamente como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y mantener un vínculo contractual con la Institución Universitaria Pascual Bravo, de Medellín, durante 2023.
La decisión fue emitida por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá y se conoció públicamente el viernes 20 de noviembre. Según el organismo de control, Caicedo incurrió en una incompatibilidad al asumir un cargo público mientras todavía estaba vigente su contrato de prestación de servicios con la institución universitaria.
El fallo, fechado el 13 de noviembre de 2026, establece una sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años. Sin embargo, se trata de una decisión de primera instancia, por lo que el investigado tiene derecho a presentar un recurso de apelación. En consecuencia, la sanción todavía no constituye una decisión definitiva.
Los contratos que dieron origen a la investigación
De acuerdo con la Procuraduría, Caicedo prestaba servicios profesionales a la Institución Universitaria Pascual Bravo desde enero de 2023. El contrato estaba relacionado con el apoyo a diferentes equipos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, en el marco de un convenio interadministrativo con el Distrito.
El 24 de enero de ese mismo año, Caicedo se posesionó como asesor del despacho del director general de Invías, en un empleo de libre nombramiento y remoción. La Procuraduría determinó que, para ese momento, el vínculo contractual con la universidad pública continuaba vigente, situación que lo sometía al régimen de incompatibilidades aplicable a los servidores públicos.
La investigación también examinó la ejecución del contrato con Pascual Bravo. Según los documentos citados por el Ministerio Público, en los informes de supervisión de febrero y marzo de 2023 se registraron observaciones relacionadas con el incumplimiento de actividades y la falta de presentación de informes administrativos y técnicos.
La Procuraduría señaló que Caicedo manifestó su intención de desvincularse del contrato el 30 de enero de 2023 y que, desde entonces, habría cesado materialmente sus actividades. No obstante, la liquidación formal del vínculo contractual solo se realizó el 17 de octubre de ese año. Este aspecto fue considerado dentro del análisis disciplinario.
Una investigación iniciada en 2023
El proceso disciplinario tuvo origen en una publicación de La Silla Vacía, del 7 de junio de 2023, que reveló los vínculos contractuales de Caicedo con entidades estatales mientras se desempeñaba como asesor de Invías.
Posteriormente, el 4 de junio de 2025, la Procuraduría formuló pliego de cargos y continuó el procedimiento disciplinario. En su decisión, el organismo calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
El caso también adquiere relevancia pública por la relación de Caicedo con Ricardo Roa, quien presidió Ecopetrol. Sin embargo, la sanción disciplinaria divulgada por la Procuraduría se refiere a las actuaciones contractuales y administrativas de Caicedo y no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad contra Roa.
La decisión todavía puede ser apelada
La sanción impuesta establece ocho años de inhabilidad general para ejercer cargos públicos, además de la destitución. No obstante, al tratarse de un fallo de primera instancia, el proceso aún contempla la posibilidad de revisión mediante el recurso correspondiente.
La apelación será determinante para establecer si la decisión se confirma, modifica o revoca. Mientras no exista una decisión definitiva, es necesario distinguir entre la sanción anunciada por el organismo de control y su eventual ejecución una vez se agoten las etapas procesales.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los controles sobre los vínculos contractuales de quienes desempeñan funciones públicas y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades. La resolución de segunda instancia permitirá conocer el alcance definitivo de la responsabilidad disciplinaria atribuida a Caicedo.

