Debate de control político por la crisis carcelaria.
Debate de control político por la crisis carcelaria. SEMANA

La presencia de los internos no fue accidental. Su ingreso fue autorizado por el senador Gustavo Moreno, quien aprovechó el inicio de su intervención para mostrar las condiciones de quienes participan en el programa Cárceles Productivas.

La iniciativa busca que las personas privadas de la libertad puedan desarrollar actividades laborales y productivas durante su permanencia en los establecimientos penitenciarios, con el propósito de facilitar su resocialización y generar oportunidades para cuando recuperen su libertad.

El congresista utilizó este momento para cuestionar la situación del sistema carcelario y advertir sobre las dificultades que existen para controlar a quienes cumplen condenas o medidas judiciales fuera de las prisiones.

Colombia tiene un déficit de más de 20.000 cupos carcelarios

Durante el debate, Gustavo Moreno presentó cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que evidencian la presión sobre la infraestructura penitenciaria.

Según los datos expuestos por el senador, Colombia tiene 101.543 personas privadas de la libertad, mientras que la capacidad de los establecimientos es de 80.992 cupos. Esto representa un déficit de aproximadamente 20.551 espacios.

El congresista también cuestionó la falta de dispositivos electrónicos para vigilar a las personas que cumplen detención domiciliaria.

De acuerdo con las cifras que presentó, cerca de 65.000 personas se encuentran bajo esta modalidad, pero el sistema cuenta con apenas 5.000 brazaletes electrónicos. Moreno advirtió que esta diferencia dificulta el seguimiento y control de quienes deben cumplir restricciones judiciales fuera de las cárceles.

Además, señaló que existen personas condenadas que permanecen durante largos periodos en estaciones de Policía y centros de detención transitoria, a pesar de que deberían estar en establecimientos penitenciarios.

El llamado a los empresarios para generar empleo en las cárceles

Otro de los temas abordados por Moreno fue la implementación de la Ley 2446, relacionada con el programa Cárceles Productivas.

El senador hizo un llamado al sector empresarial para que lleve actividades industriales y oportunidades de trabajo a los establecimientos penitenciarios. Según explicó, la normativa contempla incentivos tributarios para impulsar la participación de las empresas en estos proyectos.

La intención es que las personas privadas de la libertad puedan adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades y contribuir a procesos de resocialización mediante actividades productivas.

Moreno insistió en que estas iniciativas deben pasar de los anuncios a la ejecución, pues considera que el trabajo puede convertirse en una herramienta para reducir la reincidencia y facilitar la reintegración social.

Iván Cancino respondió a los cuestionamientos sobre la crisis carcelaria

Frente a las preocupaciones expuestas durante la plenaria, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció la gravedad de la situación penitenciaria y aseguró que el Gobierno trabaja en diferentes medidas para atender los problemas estructurales del sistema.

El funcionario manifestó que la crisis no comenzó con la actual administración, pero sostuvo que su cartera está enfocada en avanzar hacia soluciones concretas.

Uno de los puntos que aclaró fue la cifra de reincidencia. Cancino indicó que el porcentaje que maneja oficialmente el Ministerio de Justicia es del 25,4 %, y no del 70 % u 80 % mencionado durante algunas intervenciones.

Sin embargo, reconoció que ese indicador sigue siendo elevado y señaló que el objetivo debe ser reducirlo a un solo dígito.

Gobierno anuncia medidas contra la extorsión desde las cárceles

Uno de los principales anuncios del ministro estuvo relacionado con las acciones para combatir las extorsiones que se realizan mediante líneas telefónicas utilizadas desde los establecimientos penitenciarios.

Cancino explicó que las autoridades han intensificado los procedimientos para identificar y bloquear números relacionados con actividades extorsivas.

Según el funcionario, anteriormente la revisión de estas líneas se realizaba cada mes; posteriormente pasó a hacerse cada 15 días y la meta es reducir el intervalo a ocho días.

También aseguró que se impartieron instrucciones para que los operadores telefónicos bloqueen las líneas identificadas en actividades de extorsión, independientemente de quién aparezca como titular.

El ministro agregó que el Gobierno trabaja con las empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales para fortalecer los controles, además de impulsar la instalación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios.

Cancino promete terminar las cárceles de Riohacha y Sabanas de San Ángel

En materia de infraestructura, el jefe de la cartera de Justicia anunció que el Gobierno busca terminar las obras de los establecimientos penitenciarios de Riohacha, en La Guajira, y Sabanas de San Ángel, en el Magdalena.

Según explicó, estas construcciones hacen parte de las medidas para ampliar la capacidad del sistema y responder a las necesidades de reclusión del país.

El ministro también señaló que los nuevos proyectos carcelarios del Gobierno estarán ubicados fuera de los perímetros urbanos. La intención, según explicó, es evitar que los centros penitenciarios queden demasiado cerca de las zonas residenciales y facilitar la implementación de medidas de control tecnológico.

235 sanciones disciplinarias a funcionarios del INPEC

En otro balance relacionado con la crisis penitenciaria, Cancino informó que se han impuesto cerca de 235 sanciones disciplinarias a funcionarios del INPEC por presuntas irregularidades relacionadas con corrupción y extorsión dentro de las cárceles.

El ministro señaló que las autoridades están trabajando con los organismos de control para avanzar en las investigaciones y establecer posibles responsabilidades.

La información fue presentada como parte de las acciones para enfrentar las redes ilegales que operan desde los establecimientos penitenciarios y recuperar el control institucional.

La crisis carcelaria sigue siendo uno de los grandes retos de Colombia

El debate en el Congreso dejó sobre la mesa varios problemas que siguen afectando al sistema penitenciario: hacinamiento, insuficiencia de infraestructura, falta de dispositivos electrónicos, extorsiones desde las cárceles y dificultades para garantizar procesos efectivos de resocialización.

La entrada de personas privadas de la libertad al Capitolio, en el marco del programa Cárceles Productivas, se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la sesión y puso nuevamente la atención sobre las condiciones de quienes cumplen condenas en Colombia.

Mientras el Gobierno anuncia medidas para mejorar la seguridad, terminar nuevas cárceles y combatir las actividades criminales desde los centros de reclusión, el desafío será convertir esos compromisos en resultados verificables para reducir el hacinamiento, fortalecer los controles y evitar que las prisiones sigan funcionando como espacios desde los cuales se coordinan delitos.