La Corte Constitucional reveló que más de 220 niños menores
La Corte Constitucional reveló que más de 220 niños menores de cinco años murieron por causas prevenibles en el departamento entre 2025 y 2026. Semana

La crisis humanitaria que afecta a las comunidades indígenas wayuu en La Guajira volvió a quedar en el centro de la atención nacional. La Corte Constitucional reveló un preocupante balance sobre el incumplimiento de las medidas destinadas a garantizar los derechos fundamentales de niños y niñas de esta población: 235 menores de cinco años murieron por causas prevenibles entre 2025 y 2026, mientras numerosas obras de infraestructura para el suministro de agua permanecen fuera de funcionamiento.

Los hallazgos se conocieron después de una sesión técnica realizada el pasado 13 de octubre en Riohacha, en la que participaron la Corte Constitucional y otras 25 entidades para evaluar los avances en el cumplimiento de las órdenes judiciales que buscan superar la emergencia humanitaria.

El diagnóstico expone problemas que van desde la falta de acceso a agua potable y las deficiencias en la prestación de servicios de salud hasta obras inconclusas, recursos públicos pendientes de seguimiento y demoras en la implementación de un plan estructural para proteger a la niñez wayuu.

Ante este panorama, el alto tribunal impartió más de 20 órdenes de obligatorio cumplimiento y estableció nuevos plazos para que las entidades responsables presenten resultados concretos.

235 niños murieron por causas que podían prevenirse

Uno de los datos más graves del informe corresponde a las muertes de menores de cinco años en el departamento. Según los registros del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) citados por la Corte, durante 2025 fallecieron 159 niños y niñas, mientras que en lo corrido de 2026 se contabilizaron otras 76 muertes.

En total, son 235 menores fallecidos por causas prevenibles, entre ellas infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y desnutrición.

Los casos se concentran principalmente en cuatro municipios priorizados por la crisis humanitaria: Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.

Para la Corte Constitucional, estas cifras reflejan la persistencia de graves vulneraciones a los derechos fundamentales de la población infantil y evidencian que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para transformar las condiciones de vida de las comunidades.

El tribunal advirtió que las demoras institucionales no son simples dificultades administrativas, pues sus consecuencias terminan reflejándose en la vida de los niños y niñas que continúan sin acceso adecuado a servicios esenciales.

Acueductos abandonados y obras que no prestan servicio

Otro de los hallazgos que generó preocupación tiene que ver con la infraestructura construida para garantizar el suministro de agua potable.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó sobre una situación de inoperatividad en diferentes instalaciones que recibieron recursos públicos, pero que actualmente no están prestando el servicio de manera adecuada.

En Manaure, por ejemplo, de las 60 infraestructuras inspeccionadas, 20 no se encuentran en funcionamiento. En Maicao, cuatro de las 14 instalaciones revisadas también permanecen fuera de servicio.

Esta situación resulta especialmente preocupante en un departamento donde numerosas familias indígenas deben recorrer largas distancias para conseguir agua y, en algunos casos, recurren a fuentes que no cumplen con las condiciones necesarias para el consumo humano.

La falta de funcionamiento de estas obras evidencia dificultades en la planeación, ejecución, mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos. No basta con construir infraestructura: las entidades deben garantizar que funcione, tenga recursos para su operación y llegue efectivamente a las comunidades que la necesitan.

También hay cuestionamientos por las obras viales

La revisión de la Corte Constitucional también encontró inconsistencias relacionadas con los compromisos de infraestructura vial incluidos en los planes de intervención para La Guajira.

De acuerdo con la información presentada por la Contraloría General de la República, el borrador del Plan Estructural de Acción contemplaba una meta de 561 kilómetros de vías. Sin embargo, los avances reportados en los municipios alcanzaban aproximadamente 321 kilómetros.

Esto deja una diferencia de 240 kilómetros que, según el expediente, no contaban con suficiente sustento o asignación dentro de la planificación presentada.

Las deficiencias en las vías también tienen consecuencias directas sobre el acceso a servicios básicos. En varias comunidades rurales, las dificultades de movilidad impiden que los habitantes lleguen oportunamente a centros médicos, reciban atención de urgencias o accedan a programas institucionales.

Por eso, la Corte considera que la recuperación de la infraestructura debe formar parte de una estrategia integral que permita garantizar los derechos de la población wayuu.

La Corte exige al Gobierno un plan estructural antes del 15 de diciembre

Uno de los principales cuestionamientos del alto tribunal está relacionado con la demora en la consolidación del Plan Estructural de Acción (PEA), considerado el instrumento central para coordinar las medidas que permitan superar la crisis humanitaria.

La Corte ordenó al Gobierno nacional, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, presentar antes del 15 de diciembre de 2026 una versión técnica unificada y consolidada de ese plan.

La instrucción establece que la nueva versión debe tomar como referencia el borrador elaborado durante el gobierno anterior, sin eliminar las metas que ya habían sido propuestas.

Ese documento contempla más de 60 acciones y alrededor de 150 indicadores de cumplimiento, con los que se busca establecer responsabilidades, medir resultados y hacer seguimiento a las intervenciones en los territorios.

La decisión también advierte sobre la existencia de un bloqueo institucional, relacionado con la falta de coordinación y los retrasos de las entidades responsables de ejecutar las medidas.

Contraloría, Fiscalía y Procuraduría deberán informar sobre los recursos

La preocupación de la Corte no se limita a la falta de resultados en las obras. También existe la necesidad de establecer qué ha ocurrido con los recursos públicos destinados a atender la emergencia.

Por esta razón, el tribunal ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones consolidar una matriz con información de aproximadamente 1.600 contratos asociados al cumplimiento de la sentencia.

El propósito es identificar cuánto dinero se ha comprometido, cuánto se ha ejecutado, cuáles proyectos avanzan y qué contratos presentan dificultades o requieren una revisión adicional.

Además, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberán presentar información sobre el estado de las investigaciones relacionadas con las irregularidades y alertas identificadas en el departamento.

El balance citado en el expediente incluye 125 actuaciones disciplinarias, 25 procesos de responsabilidad fiscal y 26 investigaciones adelantadas en el ámbito de la Superintendencia de Salud.

Estas actuaciones buscan determinar posibles responsabilidades y establecer si hubo irregularidades en la administración de los recursos o en la prestación de los servicios destinados a las comunidades.

Una crisis que lleva casi una década sin resolverse

La situación de La Guajira no es nueva. En 2017, mediante la Sentencia T-302, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por las graves vulneraciones de los derechos fundamentales de la niñez wayuu en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.

Desde entonces, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas estructurales para garantizar el acceso al agua potable, la alimentación, la salud y la participación de las comunidades.

Sin embargo, casi diez años después, los resultados siguen siendo insuficientes. Las muertes infantiles, las deficiencias en los servicios públicos y las obras que no funcionan muestran que las órdenes judiciales todavía enfrentan dificultades para convertirse en soluciones permanentes.

La reciente intervención de la Corte busca evitar que los compromisos institucionales continúen acumulándose sin resultados verificables.

El desafío para el Gobierno nacional y las autoridades territoriales será demostrar que las nuevas órdenes se traducen en agua potable, atención médica, alimentación y mejores condiciones de vida para las comunidades.

Mientras tanto, la cifra de 235 menores fallecidos y las obras de acueducto que permanecen abandonadas vuelven a poner en evidencia la gravedad de una crisis humanitaria que sigue esperando respuestas concretas del Estado colombiano.