Director del DAPRE entrega pruebas a la Fiscalía por presuntos contratos a cambio de favores sexuales
Carlos Andrés Ríos pidió extender la investigación a otras entidades estatales, mientras sigue pendiente el testimonio de Deicy Jiménez.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Andrés Ríos, acudió a la Fiscalía General de la Nación para ampliar las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Durante la diligencia, el funcionario entregó elementos probatorios y solicitó que las investigaciones no se limiten a la Casa de Nariño, sino que se extiendan a otras entidades estatales donde, según sus señalamientos, también podrían haberse presentado situaciones similares.
La comparecencia se realizó el miércoles 18 de noviembre ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se prolongó durante varias horas. La información fue divulgada por distintos medios entre el 18 y el 19 de noviembre, en medio de la controversia política y judicial alrededor del denominado "caso de los 48".
A la salida de la diligencia, Ríos afirmó que presentó información sobre mujeres que, presuntamente, habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios sin una justificación funcional clara y que esos vínculos habrían sido utilizados para facilitar encuentros personales con el entonces mandatario.
"Contamos y narramos todos los hechos y, obviamente, es menester por parte de la Fiscalía hacer la debida investigación", manifestó el director del DAPRE.
El alcance de las denuncias y los documentos entregados
El caso se originó en las declaraciones que Ríos presentó ante el Congreso, donde señaló la existencia de 48 contratos que, según su versión, habrían permitido vincular a mujeres a la Presidencia sin funciones institucionales debidamente justificadas.
El funcionario sostiene que algunas de ellas habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios para facilitar encuentros con el expresidente. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a denuncias que todavía deben ser verificadas por las autoridades judiciales.
Tras su comparecencia, Ríos insistió en que la Fiscalía debe examinar los documentos contractuales, las funciones asignadas y los soportes de cumplimiento de las obligaciones. También pidió revisar otras instituciones públicas en las que, según la información que dice conocer, podrían existir contrataciones con características similares.
El funcionario cuestionó que los hechos denunciados puedan contrastar con el discurso de protección de los derechos de las mujeres que defendía la anterior administración. No obstante, la investigación deberá establecer si existieron irregularidades contractuales, instrumentalización o conductas delictivas, y determinar quiénes serían responsables.
La declaración de Deicy Jiménez queda pendiente
Otro elemento importante del proceso es la declaración de Deicy Jiménez, una de las mujeres que ha hecho públicas acusaciones relacionadas con el caso. Su testimonio estaba previsto para el viernes 20 de noviembre ante la Fiscalía, pero su defensa solicitó aplazar nuevamente la diligencia.
Según informó Caracol Radio, la abogada Dina Luz Malo explicó que debía salir del país, por lo que la comparecencia tendría que ser reprogramada y podría realizarse durante la primera semana de diciembre.
Jiménez ya había entregado declaraciones ante otras instancias, entre ellas la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. Su testimonio ante la Fiscalía es considerado relevante para contrastar sus afirmaciones con los documentos y demás elementos que se recopilen durante la investigación.
La Fiscalía deberá verificar los señalamientos
La entrega de documentos por parte del director del DAPRE representa un nuevo paso en la recopilación de información sobre las presuntas contrataciones. De acuerdo con publicaciones de medios nacionales, entre las actuaciones que podrían adelantarse están inspecciones a archivos y registros administrativos de la Presidencia para verificar los contratos, las obligaciones pactadas y los informes de ejecución.
Por ahora, no se han divulgado públicamente los detalles completos del material entregado por Ríos ni existe una decisión judicial que confirme que los contratos fueron utilizados para obtener favores sexuales. Tampoco la presentación de pruebas implica que las personas mencionadas hayan sido declaradas responsables.
El expresidente Gustavo Petro ha cuestionado el tratamiento dado a las mujeres vinculadas al DAPRE en medio de esta controversia y ha señalado preocupaciones sobre las garantías de sus declaraciones. Sus pronunciamientos también forman parte del contexto político del caso, aunque no sustituyen la verificación judicial de los hechos denunciados.
La Fiscalía tendrá que establecer si los contratos cuestionados respondían a necesidades reales de la administración pública, si se cumplieron las obligaciones pactadas y si existió algún tipo de intercambio indebido. La revisión de otras entidades estatales, como solicitó Ríos, podría ampliar el alcance de la investigación más allá de la Presidencia.
El caso plantea interrogantes sobre los controles a la contratación pública, el uso de recursos estatales y la protección de las mujeres frente a posibles formas de abuso de poder. Su esclarecimiento dependerá de la evidencia documental, los testimonios y las conclusiones que adopten las autoridades competentes.

