Proyecto para cerrar la JEP en 2028 queda virtualmente hundido por falta de quórum
La iniciativa de Enrique Gómez no alcanzaría a cumplir los ocho debates de una reforma constitucional en la actual legislatura y sería presentada nuevamente en 2027.

El proyecto de acto legislativo que buscaba establecer marzo de 2028 como fecha límite para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedó virtualmente hundido después de que el Senado no lograra reunir el cuórum necesario para debatirlo. La iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, no alcanzaría a completar los ocho debates exigidos para una reforma constitucional dentro de la actual legislatura.
La discusión estaba programada para el miércoles 18 de noviembre en la plenaria del Senado. Sin embargo, la sesión no pudo avanzar por falta de cuórum, lo que impidió que el proyecto llegara a su segundo debate. El periodo ordinario de sesiones termina el 16 de diciembre y, por los tiempos legislativos, ya no sería posible completar los cuatro debates restantes de la primera vuelta.
La propuesta había superado su primer debate en la Comisión Primera del Senado el 28 de octubre. Su objetivo era modificar el periodo de funcionamiento de la jurisdicción y fijar marzo de 2028 como fecha de cierre, eliminando el plazo adicional contemplado en el marco constitucional de la justicia transicional.
La ruptura del cuórum desató un nuevo enfrentamiento político
El autor de la iniciativa, Enrique Gómez, responsabilizó al Pacto Histórico de impedir la discusión y sostuvo que la ausencia de sus integrantes fue una maniobra para evitar el debate sobre la continuidad de la JEP.
"El Pacto Histórico le huye al debate de continuidad o no de la JEP", afirmó el senador después de conocerse que la plenaria no podía sesionar.
Por su parte, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, defendió la decisión de romper el cuórum y aseguró que la estrategia buscaba proteger la continuidad de la jurisdicción y permitir que se conozca quiénes financiaron a los grupos ilegales. También cuestionó la participación de Gómez en el debate, al señalar posibles conflictos de interés relacionados con su condición de víctima acreditada ante la JEP y con procesos que involucran a su familia.
La controversia evidencia dos posiciones enfrentadas: mientras los promotores de la reforma cuestionan el funcionamiento y la duración de la jurisdicción, sus defensores sostienen que reducir su periodo podría afectar investigaciones fundamentales para esclarecer los crímenes del conflicto armado.
¿Qué proponía la reforma?
El proyecto de acto legislativo 018 de 2026 buscaba modificar las disposiciones constitucionales que regulan la duración de la JEP. La propuesta pretendía que la jurisdicción concluyera sus actividades en marzo de 2028, en lugar de mantener el periodo adicional previsto para adelantar los juicios y resolver los procesos que continúen pendientes.
Entre los cambios incorporados durante el primer debate también se plantearon modificaciones al trámite de tutelas contra decisiones de la JEP, que pasarían a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, y la eliminación de una sala de cumplimiento cuya actividad podría extenderse durante años después de la etapa principal del tribunal.
Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa debía superar ocho debates distribuidos en dos vueltas legislativas: cuatro en el Senado y cuatro en la Cámara de Representantes. La falta de discusión en plenaria dejó al proyecto sin tiempo suficiente para completar la primera vuelta antes del cierre de la legislatura.
La JEP había advertido sobre los derechos de las víctimas
Antes de que se frustrara el debate, la Jurisdicción Especial para la Paz había expresado preocupación por los efectos de una terminación anticipada. La entidad advirtió que establecer un cierre definitivo sin garantizar la conclusión de los procesos podría comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
La advertencia tiene especial relevancia porque la JEP adelanta investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluidos casos relacionados con secuestros, reclutamiento de menores, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
La jurisdicción fue creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo de Paz de 2016. Su funcionamiento contempla una etapa de investigación y juzgamiento, así como mecanismos para hacer seguimiento al cumplimiento de las sanciones propias impuestas a los comparecientes.
El presidente de la JEP, Danilo Rojas, ha defendido la necesidad de que la institución cuente con el tiempo suficiente para cumplir sus funciones y responder a las expectativas de las víctimas.
Enrique Gómez anuncia que volverá a presentar el proyecto
Tras el revés legislativo, Gómez anunció que radicará nuevamente la iniciativa en 2027. Esto significa que la discusión sobre la duración de la JEP no queda cerrada, sino que podría regresar al Congreso en la próxima legislatura.
El hundimiento del proyecto tampoco modifica por sí mismo el marco constitucional vigente ni altera el calendario de funcionamiento de la jurisdicción. La JEP continuará desarrollando sus funciones bajo las disposiciones actuales.
El episodio deja en evidencia las dificultades para tramitar reformas constitucionales en un Congreso marcado por la confrontación entre bancadas y por una agenda legislativa que también incluye iniciativas económicas y fiscales del Gobierno.
La discusión de fondo seguirá siendo cómo garantizar que la justicia transicional concluya sus investigaciones y responda a las víctimas, al tiempo que se examinan las críticas sobre su funcionamiento, sus resultados y el uso de los recursos públicos.

