Ley de Rescate Fiscal: Corficolombiana advierte que el Gobierno enfrenta un reto de $45 billones
El proyecto pretende reducir el gasto y contener la deuda pública, aunque aún no define con precisión las medidas, los plazos ni la participación de ingresos y recortes.
El proyecto busca reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda pública, pero todavía no se conocen los detalles de las medidas ni su calendario de aplicación. La entidad estima que el ajuste podría quedarse en $33 billones y advierte que las necesidades de financiamiento de Colombia seguirán en niveles elevados durante 2027.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara la presentación de la Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa con la que busca corregir el desequilibrio de las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y aliviar las presiones sobre la deuda. Sin embargo, Corficolombiana advirtió que la viabilidad y la implementación de las medidas serán los principales desafíos del proyecto, cuyo objetivo fiscal equivale a cerca de $45 billones.
El análisis, divulgado este miércoles 14 de octubre, señala que el Gobierno deberá precisar cómo alcanzará la meta, qué proporción del ajuste provendrá de recortes de gasto y qué medidas estarán relacionadas con los ingresos. También será necesario establecer cuáles acciones tendrán efectos permanentes, cuáles serán temporales y cuánto tiempo tomará ejecutarlas.
La iniciativa se presenta en un contexto de presión sobre las cuentas públicas, elevadas necesidades de financiamiento y dificultades para estabilizar la trayectoria de la deuda. Por eso, para Corficolombiana, el anuncio de una meta ambiciosa no es suficiente: el resultado dependerá de que las medidas se conviertan en decisiones concretas y produzcan ahorros efectivos.
¿En qué consiste la Ley de Rescate Fiscal?
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció el pasado 30 de septiembre que el proyecto sería presentado en los días siguientes. La propuesta busca ordenar las finanzas públicas mediante una reducción y reorganización del gasto estatal, con medidas adicionales para disminuir la burocracia y los costos operativos de la administración.
De acuerdo con el análisis de Corficolombiana, el ajuste previsto corresponde al 2,2 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos $45 billones. La meta responde a la necesidad de reducir el déficit primario, moderar las presiones de financiamiento y contener el crecimiento de la deuda pública.
El Gobierno ha planteado que la iniciativa no será una reforma tributaria tradicional centrada exclusivamente en aumentar los impuestos. Su propósito principal es revisar el gasto, identificar eficiencias administrativas y reorganizar las cuentas del Estado. No obstante, todavía no se conoce con precisión qué proporción del ajuste dependerá de recortes presupuestales, reformas estructurales, aplazamientos de gastos o medidas relacionadas con los ingresos.
El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, señaló ante la Comisión Tercera del Senado que la propuesta se encuentra en su etapa final de preparación y que se complementaría con medidas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo para reducir los gastos operativos del Estado.
Los principales obstáculos para cumplir la meta
Para Corficolombiana, el mayor interrogante no está en la cifra anunciada, sino en la capacidad del Gobierno para ejecutar el ajuste en el tiempo previsto.
Uno de los obstáculos es la falta de información detallada sobre las medidas que integrarán el proyecto. Sin conocer su composición, resulta difícil establecer qué parte del ahorro podría obtenerse de manera inmediata y cuál dependería de cambios legales o administrativos que requieren más tiempo.
El trámite legislativo representa otro desafío. Las medidas que necesiten aprobación del Congreso deberán superar la discusión parlamentaria, ser reglamentadas y comenzar a implementarse. Si buena parte del proceso se concentra en 2027, el efecto fiscal podría ser inferior al esperado durante ese mismo año.
La entidad aclara que esto no significa que el ajuste de $45 billones sea imposible. Sin embargo, considera que una consolidación fiscal de esa magnitud podría necesitar varios años, con objetivos intermedios y una combinación de decisiones permanentes sobre ingresos y gastos.
El calendario también será determinante para la confianza de los mercados financieros. Los inversionistas y los organismos internacionales estarán atentos a la capacidad del Gobierno para convertir sus anuncios en resultados verificables, especialmente en un escenario en el que Colombia deberá conseguir grandes cantidades de recursos para atender sus obligaciones.
El escenario de ajuste parcial: $33 billones
Ante las dificultades políticas y operativas que podría enfrentar el proyecto, Corficolombiana plantea un escenario alternativo en el que el ajuste fiscal alcance el 1,6 % del PIB, equivalente a cerca de $33 billones.
En esa proyección, aproximadamente dos terceras partes del esfuerzo provendrían de recortes del gasto y la tercera parte restante de mayores ingresos. Se trata de un escenario estimado por la entidad, no de una distribución definitiva anunciada por el Gobierno.
Bajo ese supuesto, el déficit total del Gobierno Nacional Central se reduciría al 7,8 % del PIB en 2027. El déficit primario, que corresponde al saldo fiscal antes del pago de intereses de la deuda, pasaría del 4 % al 2,9 % del PIB.
A pesar de la mejora proyectada, la deuda neta del Gobierno aumentaría del 60,1 % al 65,7 % del PIB, un nivel que superaría el registrado durante la pandemia, según las estimaciones del informe.
Esto significa que el ajuste podría ayudar a moderar el desequilibrio fiscal sin evitar que la deuda siga creciendo. La evolución dependerá, entre otros factores, del tamaño del déficit, del costo del financiamiento y de la capacidad del Estado para obtener ingresos y controlar sus gastos.
¿Qué ocurriría si no se aplica el ajuste?
Las proyecciones de Corficolombiana muestran un escenario más exigente si el Gobierno no logra implementar medidas de corrección fiscal.
Sin ajuste, el déficit total del Gobierno Nacional Central podría llegar al 9,4 % del PIB en 2027. Las necesidades de financiamiento ascenderían a $266,3 billones, equivalentes al 12,2 % del PIB, según el cálculo de la entidad.
Estas necesidades corresponden a los recursos que el Estado tendría que conseguir para cubrir el déficit y atender sus obligaciones financieras. Para hacerlo, el Gobierno debe acudir a distintas fuentes, como la emisión de títulos de deuda pública, los créditos internos y externos y el financiamiento de organismos multilaterales.
La magnitud de esos requerimientos supone un desafío para la administración, pues una mayor dependencia del endeudamiento puede aumentar la exposición del país a las condiciones de los mercados y al costo de los intereses.
En su análisis, Corficolombiana calcula que el Gobierno contempla desembolsos de crédito por $238,6 billones, distribuidos entre fuentes internas por $150,9 billones y externas por $87,7 billones. Estas cifras reflejan las necesidades de financiamiento contempladas en el escenario analizado y no equivalen a recursos que ya hayan sido desembolsados.
Las operaciones de deuda ayudan, pero no sustituyen el ajuste
Otra de las herramientas utilizadas por el Gobierno son las operaciones de manejo de deuda, que permiten modificar los vencimientos de determinadas obligaciones para distribuir los pagos en el tiempo.
En el caso de los títulos de deuda pública interna, conocidos como TES, el primer canje redujo las amortizaciones previstas para 2027 de $42,1 billones a $25,5 billones. Según Corficolombiana, las dos operaciones restantes podrían llevarlas a cerca de $15 billones.
En conjunto, los canjes representarían una reducción de $27,1 billones en las amortizaciones del próximo año, equivalente al 1,2 % del PIB.
Sin embargo, la entidad advierte que estas operaciones alivian las necesidades inmediatas de caja, pero no corrigen por sí mismas el déficit fiscal. En otras palabras, permiten aplazar vencimientos y reorganizar los pagos, aunque no eliminan las obligaciones ni resuelven el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado.
Incluso con el ajuste fiscal y las operaciones de manejo de deuda, Corficolombiana calcula que los desembolsos de crédito seguirían siendo elevados. En su escenario, los recursos externos se reducirían a $63,1 billones y los internos a cerca de $120 billones, para un total aproximado de $183,1 billones, equivalente al 8,5 % del PIB.
El papel del Fondo Monetario Internacional
En medio de estas presiones, la relación financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convierte en otro componente importante de la estrategia económica del país.
Corficolombiana considera que un acuerdo con el organismo podría contribuir a respaldar la credibilidad del ajuste fiscal y facilitar parte del financiamiento que necesita Colombia. No obstante, advierte que el acceso a determinados instrumentos dependerá de la solidez del programa económico y de que el Gobierno demuestre avances verificables.
Entre las alternativas mencionadas está la Línea de Precaución y Liquidez, que podría ofrecer condiciones favorables si Colombia presenta un programa creíble y en marcha. Si no se cumplen las condiciones necesarias, el país podría tener que considerar un Acuerdo Stand-By, que suele estar sujeto a compromisos y condiciones más exigentes.
La búsqueda de financiamiento internacional no elimina la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Por el contrario, la capacidad de demostrar que existe una estrategia fiscal consistente será uno de los elementos que podrían influir en la evaluación de los organismos internacionales y los mercados.
Un ajuste que podría extenderse más allá de 2027
Para Corficolombiana, el próximo año será decisivo, pero no necesariamente marcará el final del proceso de estabilización fiscal. Incluso si el Gobierno logra implementar parte de las medidas, la reducción del déficit y la estabilización de la deuda requerirán continuidad y resultados sostenidos.
Entre los factores que observarán los mercados están la aprobación de la Ley de Rescate Fiscal, la ejecución efectiva de los recortes, los resultados de las operaciones de manejo de deuda y el avance de las conversaciones con el FMI.
También será importante conocer cómo se distribuirá el financiamiento entre títulos de deuda interna, bonos externos y créditos de organismos multilaterales, así como el costo que tendrá para el país conseguir esos recursos.
La advertencia de la entidad es que la recuperación de las finanzas públicas no depende de una sola medida. La aprobación legislativa, la capacidad administrativa para ejecutar los cambios y la credibilidad del programa económico serán determinantes para que el ajuste produzca efectos reales.
Por ahora, el proyecto de Ley de Rescate Fiscal plantea una meta de cerca de $45 billones, pero todavía quedan interrogantes sobre su composición y ejecución. El desafío del Gobierno será convertir ese objetivo en medidas viables, conseguir el respaldo necesario y demostrar que el ajuste puede reducir las presiones fiscales sin limitarse a aplazar las obligaciones financieras del Estado.