Gobierno de Trump confirma que conoce denuncias contra Verónica Alcocer por presunto narcotráfico
El Departamento de Estado estaría al tanto de los señalamientos de Eva Ferrer, mientras autoridades colombianas revisan vuelos oficiales y abren actuaciones preliminares.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que Washington está al tanto de los reportes que señalan a la exprimera dama colombiana por el supuesto uso de una aeronave oficial para transportar narcóticos hacia Venezuela y regresar con 2,5 millones de dólares. Las acusaciones fueron formuladas por su exasesora Eva Ferrer y ya motivaron actuaciones preliminares en Colombia.
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que conoce los reportes sobre las acusaciones contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, por un supuesto transporte de narcóticos en una aeronave oficial hacia Venezuela y el presunto ingreso de 2,5 millones de dólares a territorio colombiano.
La información fue divulgada este miércoles 14 de octubre por SEMANA, luego de que el periodista Juan Esteban Silva, corresponsal en Washington de varios medios de comunicación, asegurara que recibió una confirmación directa de fuentes de la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con lo publicado por el periodista, el Departamento de Estado estadounidense manifestó estar al tanto de los reportes relacionados con las denuncias contra Alcocer. El pronunciamiento se conoce después de que Eva Ferrer, antigua asesora de la exprimera dama y exconsejera presidencial para la Reconciliación durante el Gobierno de Gustavo Petro, hiciera señalamientos sobre un supuesto uso irregular de aviones oficiales.
La noticia ha generado repercusiones políticas y diplomáticas debido a la gravedad de las acusaciones y a la posible utilización de recursos estatales para actividades ilícitas. Sin embargo, es importante precisar que Estados Unidos confirmó conocer los reportes, pero esa declaración no constituye una confirmación de que los hechos denunciados hayan ocurrido ni demuestra la responsabilidad penal de Alcocer.
¿Qué dijo el Gobierno de Estados Unidos?
Según la información divulgada por Juan Esteban Silva, fuentes de la administración Trump confirmaron que Washington conoce los reportes que relacionan a Alcocer con el supuesto transporte de narcóticos en un avión oficial y el posterior ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela.
El periodista también indicó que el Departamento de Estado recordó que Alcocer permanece incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense.
Según esa información, la sanción fue impuesta el 24 de octubre de 2025, bajo la Orden Ejecutiva 14059, una disposición dirigida a sancionar a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas.
El portavoz también habría señalado que los gobiernos de Donald Trump y Abelardo de la Espriella buscan revitalizar las relaciones bilaterales y profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía.
Este contexto ha despertado interés sobre el alcance que podrían tener las denuncias en la relación entre ambos países. No obstante, el conocimiento de los reportes por parte de Washington no permite afirmar, por sí solo, que exista una investigación penal estadounidense formal contra Alcocer por los hechos específicos denunciados por Ferrer.
Las acusaciones de Eva Ferrer contra la exprimera dama
La controversia tomó fuerza después de una entrevista de Eva Ferrer con SEMANA, en la que la exasesora aseguró que Alcocer habría participado en actividades relacionadas con el supuesto transporte de drogas, dinero y armas.
Ferrer afirmó que durante un viaje a Venezuela, en enero de 2023, se habría utilizado una aeronave oficial para transportar sustancias ilícitas. También sostuvo que, durante el trayecto de regreso a Colombia, habrían ingresado aproximadamente 2,5 millones de dólares.
Según su relato, el empresario catalán Manel Grau Pujadas le habría proporcionado información sobre el movimiento del dinero. La exasesora también formuló señalamientos sobre personas del entorno de la exprimera dama y afirmó que Alcocer habría tenido un papel central en una presunta estructura ilegal.
Estas declaraciones constituyen el origen de buena parte de la controversia actual. Sin embargo, se trata de afirmaciones atribuidas a Ferrer que deben ser contrastadas con documentos, testimonios y otros elementos probatorios.
La existencia de un viaje oficial, la presencia de pasajeros en una aeronave o la coincidencia de fechas no demuestran por sí solas que se hayan transportado drogas o dinero de procedencia ilícita. Para establecer si hubo delitos, las autoridades deberán verificar el contenido de las denuncias y determinar si existen pruebas que las respalden.
Los registros del vuelo que las autoridades deberán examinar
SEMANA publicó información relacionada con los registros de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana utilizada en un desplazamiento a Venezuela en enero de 2023. Según el medio, las bitácoras permiten identificar el avión y algunos de los pasajeros registrados para ese viaje.
Los documentos de vuelo pueden resultar relevantes para reconstruir los desplazamientos, establecer quiénes viajaron y conocer las condiciones administrativas en las que se autorizó la operación.
Sin embargo, los registros de pasajeros y las bitácoras no prueban automáticamente que la aeronave se utilizara para transportar estupefacientes. Para esclarecer ese punto, será necesario revisar los controles de seguridad, las órdenes de vuelo, las rutas, las declaraciones de los tripulantes y cualquier otro elemento que permita determinar qué ocurrió durante el desplazamiento.
La investigación también deberá establecer si hubo irregularidades en la autorización del viaje o en el uso de recursos públicos, independientemente de que llegaran a comprobarse o no las acusaciones relacionadas con narcóticos y dinero.
La Procuraduría abrió una indagación preliminar
En Colombia, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa a partir de las denuncias difundidas por SEMANA. La actuación busca establecer si funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana pudieron incurrir en irregularidades relacionadas con el presunto transporte de sustancias ilícitas y dinero entre Colombia y Venezuela.
Entre las diligencias anunciadas se encuentra la recopilación de información sobre vuelos realizados por Alcocer entre 2023 y 2026, incluidos itinerarios, matrículas de aeronaves, órdenes de programación, rutas y listados de pasajeros.
El organismo de control también busca verificar los procedimientos de seguridad aplicados a los pasajeros y a sus equipajes, así como las autorizaciones administrativas que respaldaron los desplazamientos.
La revisión de estos elementos permitirá determinar si existen indicios de incumplimientos disciplinarios y si es necesario avanzar hacia otras etapas procesales.
La apertura de una indagación previa no equivale a una declaración de culpabilidad. En esta fase, el objetivo es identificar los hechos, establecer si existen posibles responsables y recopilar información suficiente para decidir los pasos siguientes.
La Fuerza Aeroespacial también deberá revisar los desplazamientos
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación sobre los vuelos oficiales en los que fue transportada Alcocer, con el propósito de esclarecer las circunstancias de los viajes y determinar si se presentaron irregularidades.
La revisión deberá permitir reconstruir los desplazamientos, identificar a los pasajeros y verificar los procedimientos de control aplicados por las autoridades responsables de las aeronaves.
El caso plantea preguntas sobre los mecanismos de supervisión de los vuelos oficiales y la trazabilidad del equipaje transportado por quienes utilizan estos servicios. También pone bajo escrutinio la responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar, preparar y ejecutar las operaciones aéreas.
Los resultados de la revisión serán importantes para establecer si hubo fallas administrativas o si existen elementos que ameriten una investigación de carácter penal. Cualquier conclusión sobre responsabilidades individuales deberá sustentarse en pruebas y en las decisiones de las autoridades competentes.
¿Qué implica la inclusión de Alcocer en la lista OFAC?
La referencia a la OFAC añade una dimensión internacional al caso. Esta oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos administra programas de sanciones económicas y financieras dirigidos a personas, empresas y organizaciones que cumplen determinados criterios legales.
Según la información divulgada por SEMANA, el Departamento de Estado recordó que la sanción contra Alcocer continúa vigente y fue adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el comercio ilícito mundial de drogas.
La inclusión en una lista de sanciones puede generar restricciones económicas y financieras conforme a la legislación estadounidense. Sin embargo, debe distinguirse entre una medida administrativa de sanciones y una condena penal: tienen procedimientos, objetivos y consecuencias jurídicas diferentes.
De igual forma, la vigencia de una sanción anterior no constituye por sí sola una prueba de las nuevas acusaciones sobre el supuesto uso de aviones oficiales para transportar narcóticos hacia Venezuela.
Un caso con repercusiones políticas y diplomáticas
Las denuncias han intensificado el debate sobre el uso de recursos públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro y sobre la actividad de Verónica Alcocer en su condición de primera dama. La confirmación de que las autoridades estadounidenses conocen los reportes amplía la atención internacional sobre un asunto que ya está siendo examinado en Colombia.
El caso también se desarrolla en medio de una nueva etapa de las relaciones entre Bogotá y Washington, en la que ambos gobiernos han manifestado interés en fortalecer la cooperación económica y de seguridad.
No obstante, el alcance de las repercusiones dependerá de los elementos que se obtengan durante las investigaciones y de las decisiones que adopten las autoridades. Hasta ahora, la información publicada permite afirmar que las denuncias son conocidas por el Gobierno estadounidense y que en Colombia existen actuaciones preliminares para esclarecerlas.
Los próximos pasos estarán relacionados con la verificación de los registros de vuelo, las declaraciones de las personas involucradas y la posible existencia de pruebas documentales o testimoniales que permitan corroborar los señalamientos.
Por ahora, la confirmación de Washington representa un nuevo capítulo en la controversia, pero no resuelve las preguntas centrales del caso: si hubo transporte de sustancias ilícitas, si ingresó dinero de manera irregular a Colombia y si alguna persona incurrió en conductas sancionables. Esas conclusiones dependerán de las pruebas y de los resultados de las investigaciones en curso.