¡En riesgo las tarifas de aseo! Empresas piden frenar nuevo cobro que empezaría en 2027
El gremio advierte posibles efectos sobre la sostenibilidad de las empresas, las facturas de los usuarios y los ingresos de los recicladores.
Andesco acudió al Consejo de Estado para solicitar la suspensión del nuevo marco tarifario del servicio de aseo, que entraría en vigencia el primero de enero de 2027. El gremio advierte que la metodología podría afectar la sostenibilidad de las empresas y la prestación del servicio para cerca de 36 millones de usuarios en Colombia.
El nuevo esquema de tarifas del servicio público de aseo en Colombia enfrenta una controversia jurídica y económica. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) acudió al Consejo de Estado para cuestionar la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026 y solicitar que se suspenda su aplicación antes de que entre en vigencia.
La medida, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), establece una nueva metodología para calcular las tarifas que pagan los usuarios por servicios como la recolección y transporte de residuos, el barrido de calles, el corte de césped, la disposición final de basuras y el aprovechamiento de materiales reciclables.
La regulación comenzaría a aplicarse el primero de enero de 2027 en municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos.
Sin embargo, Andesco considera que existen problemas técnicos, económicos y jurídicos que deben revisarse antes de implementar las nuevas reglas, pues, según el gremio, las tarifas no estarían reconociendo adecuadamente los costos reales que enfrentan las empresas para prestar el servicio.
¿Por qué las empresas quieren frenar el nuevo marco tarifario?
Uno de los principales cuestionamientos de Andesco está relacionado con los parámetros técnicos utilizados para calcular los costos de operación.
El gremio sostiene que algunos rendimientos establecidos en la metodología no corresponden a las condiciones reales de trabajo en las ciudades colombianas. Como ejemplo, señala que la regulación contempla que una barredora mecánica sobre chasis puede recorrer 57,42 kilómetros diarios, mientras que las referencias operativas presentadas por el sector se acercan a los 32 kilómetros.
También existen reparos sobre los porcentajes reconocidos para el mantenimiento de los equipos, los costos laborales y las condiciones necesarias para garantizar la operación diaria.
Para las empresas, si las tarifas reconocidas no corresponden a los gastos reales, podrían presentarse dificultades financieras que afectarían la continuidad y calidad del servicio.
Andesco cuestiona la legalidad de la resolución
La organización, presidida por Camilo Sánchez, también cuestiona el procedimiento mediante el cual fue expedida la nueva regulación.
Según el gremio, más del 50 % de las disposiciones incluidas en la resolución definitiva serían diferentes o nuevas frente al proyecto que inicialmente se sometió a consulta pública. Por esta razón, considera que algunos cambios no tuvieron suficiente discusión con los actores involucrados.
Otro de los puntos de preocupación tiene que ver con los posibles efectos retroactivos de algunas disposiciones relacionadas con el aprovechamiento de residuos y el reconocimiento económico de las organizaciones de recicladores.
Andesco sostiene que la metodología debe cumplir los principios establecidos en la Ley 142 de 1994, entre ellos eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
¿Podría subir el recibo de aseo de los colombianos?
Una de las principales inquietudes de los ciudadanos tiene que ver con el posible impacto de la nueva regulación en las facturas de los servicios públicos.
La Resolución CRA 1040 modifica la metodología con la que se calculan los costos reconocidos a las empresas prestadoras. Por lo tanto, su aplicación podría generar variaciones en las tarifas dependiendo de las condiciones operativas de cada municipio y empresa.
Sin embargo, hasta el momento no existe un porcentaje único de incremento confirmado para todos los usuarios del país.
El efecto dependerá de los componentes del servicio, los costos reconocidos y las condiciones particulares de cada prestador.
La controversia resulta especialmente importante porque el servicio de aseo hace parte de los gastos mensuales de millones de hogares colombianos.
El debate también involucra a los recicladores
La discusión no se limita a las empresas prestadoras y los usuarios. Las organizaciones de recicladores también podrían verse afectadas por los cambios en las reglas de aprovechamiento de residuos.
Andesco advierte que algunas disposiciones podrían generar dificultades para el reconocimiento de la actividad de estas organizaciones y afectar los ingresos de quienes dependen del reciclaje como fuente de trabajo.
Por su parte, el Gobierno ha defendido el nuevo marco tarifario como una herramienta para modernizar el servicio, fortalecer la economía circular, impulsar el programa Basura Cero y reconocer el trabajo de los recicladores de oficio.
Consejo de Estado tendrá un papel clave en la decisión
La controversia ahora se traslada al escenario judicial. Andesco busca que el Consejo de Estado revise la legalidad de la regulación y conceda una medida cautelar que suspenda provisionalmente su aplicación mientras se resuelve el proceso.
El gremio también ha insistido en la necesidad de abrir una mesa técnica con el Gobierno, la CRA, las empresas prestadoras, los recicladores y los representantes de los usuarios para revisar los aspectos cuestionados y construir una metodología que tenga en cuenta las condiciones reales del servicio.
Mientras avanza la discusión, la Resolución CRA 1040 mantiene como fecha prevista de entrada en vigencia el primero de enero de 2027.
Por ahora, los colombianos deberán estar atentos a las decisiones de las autoridades regulatorias y del Consejo de Estado, pues de ellas dependerá cómo se aplicará el nuevo esquema de tarifas de aseo y qué efectos tendrá sobre las facturas de los hogares.