Proyecto de ley busca que los grados 10° y 11° sean obligatorios en Colombia

Un grupo de congresistas de distintas corrientes políticas radicó el pasado 19 de agosto un proyecto de Acto Legislativo ante el Congreso de la República, con el propósito de ampliar hasta los 17 años la educación obligatoria en Colombia. La propuesta busca incluir de manera expresa dentro de la Constitución los grados 10° y 11°, que corresponden a la etapa conocida como educación media.

La iniciativa surge como respuesta a una preocupante brecha que persiste dentro del sistema educativo colombiano: actualmente, solo cerca de la mitad de los adolescentes que se encuentran en edad de cursar este nivel educativo están efectivamente matriculados en el sistema escolar.

Aunque los grados 10° y 11° ya forman parte del sistema educativo del país, la propuesta busca darles un estatus constitucional distinto, incluyéndolos de manera explícita dentro de la educación que el Estado colombiano debe garantizar de forma obligatoria hasta que los estudiantes cumplan los 17 años de edad.

El proyecto, identificado formalmente como Proyecto de Acto Legislativo PAL #228 y conocido popularmente como "De preescolar a once", plantea una modificación puntual al artículo 67 de la Constitución Política, con el fin de que el Estado quede obligado a garantizar la educación desde el nivel preescolar hasta la culminación de la educación media.

En su redacción actual, este artículo constitucional únicamente contempla la obligatoriedad de la educación básica, estableciendo que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, la cual debe ser obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, comprendiendo como mínimo un año de preescolar y nueve años de educación básica. La reforma propuesta busca extender ese marco legal para incluir también los dos años adicionales que conforman la educación media.

El objetivo central de esta iniciativa es que completar todo este ciclo educativo cuente con una protección jurídica mucho más amplia, entendida como un derecho fundamental. De esta manera, se buscaría que tanto el acceso a la educación media como la permanencia dentro de ella dejen de depender de las condiciones económicas de cada familia o del lugar específico donde resida cada estudiante.

¿Por qué buscan hacer obligatorios los grados 10° y 11°?

Los congresistas que impulsan esta iniciativa sostienen que ampliar la obligatoriedad constitucional de la educación permitiría fortalecer significativamente la permanencia escolar de los adolescentes, además de reducir los índices de deserción durante una etapa que resulta absolutamente determinante para la construcción de sus proyectos de vida futuros.

La educación media, según explican los promotores del proyecto, funciona como un verdadero puente hacia la educación superior y hacia el mercado laboral formal. Por esa razón, las diferencias que hoy existen en el acceso a este nivel educativo pueden terminar afectando de manera directa las oportunidades de desarrollo personal y de movilidad social de miles de jóvenes en todo el país.

La senadora Jennifer Pedraza, del movimiento Dignidad y Compromiso, fue enfática al señalar que en Colombia pareciera que el derecho a la educación llega a su fin en el momento en que los adolescentes se gradúan de noveno grado. Según explicó la congresista, el proyecto busca transformar esa realidad, garantizando el acceso educativo desde el preescolar hasta la educación media, con el fin de abrirle a la juventud las puertas del progreso, algo que a su vez se traduciría en beneficios para todo el país. Para Pedraza, terminar el colegio debería ser entendido como un derecho de todos, y no como un privilegio reservado para unos pocos.

Grandes diferencias entre regiones

El proyecto de ley también pone el foco sobre las marcadas diferencias territoriales que existen actualmente en el acceso a este nivel educativo. Mientras algunas entidades territoriales del país registran tasas de cobertura cercanas al 80%, hay departamentos como Amazonas, Guainía y Vaupés que presentan cifras considerablemente más bajas en comparación con el resto del territorio nacional.

Según explican los impulsores de la iniciativa, incorporar la educación media dentro de la obligación constitucional del Estado permitiría fortalecer de manera importante las condiciones necesarias para garantizar tanto el acceso como la permanencia de los estudiantes en este nivel, especialmente en las zonas rurales y en aquellos territorios que históricamente han quedado excluidos de una oferta educativa completa y de calidad.

¿Qué cambiaría si el proyecto se aprueba?

De ser aprobada, esta reforma constitucional modificaría directamente el alcance de la obligación educativa que actualmente recae sobre el Estado colombiano, para incluir de manera expresa los grados 10° y 11° dentro de ese compromiso constitucional. La intención de fondo es que toda la trayectoria educativa, desde el preescolar hasta la culminación de la educación media, cuente con una garantía verdaderamente universal, que contemple condiciones adecuadas de acceso, permanencia, aceptabilidad y calidad para todos los estudiantes del país.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, destacó que esta propuesta busca específicamente evitar que las condiciones sociales o territoriales de cada estudiante terminen determinando quién logra completar el colegio y quién no. Según el congresista, garantizar la educación obligatoria desde la primera infancia hasta los 17 años equivale, en esencia, a reconocer plenamente el derecho fundamental a la educación.

Becerra explicó que, a través de esta reforma, se busca que desde la primera infancia ningún niño o niña se vea obligado a abandonar el colegio por falta de oportunidades, ni que la educación termine convirtiéndose en un privilegio determinado por el lugar donde cada persona nace o por los ingresos económicos de su familia.

La iniciativa cuenta con el respaldo de congresistas provenientes de distintas corrientes políticas, entre ellos Hernán Cadavid, del Centro Democrático; la ya mencionada Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso; y Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, lo que le otorga al proyecto un carácter transversal dentro del espectro político del Congreso.

El proyecto también cuenta con el respaldo técnico de la Alianza para la Transformación de la Educación Media, una coalición integrada por organizaciones como la Fundación Sura, el Instituto Natura, la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Fundación Scarpetta Genneco y la Fundación Corazón de Caña, entidades que desde hace tiempo trabajan en el fortalecimiento de este nivel educativo en el país.

Para los propios promotores de la iniciativa, convertir la educación media en una etapa constitucionalmente obligatoria representaría, sin duda, un paso institucional importante, pero reconocen que esta medida no resolvería por sí sola todas las brechas que actualmente existen en el sistema. Según explican, el fortalecimiento real de los grados 10° y 11° también requeriría de acciones complementarias orientadas a mejorar la calidad, la pertinencia y la equidad general del sistema educativo colombiano, más allá del simple cambio en el texto constitucional.