Pasaportes colombianos bajo doble alerta: revisan $1,3 billones y la sostenibilidad de la Imprenta Nacional

El esquema con el que Colombia produce actualmente los pasaportes quedó bajo el radar de dos organismos de control al mismo tiempo. Por un lado, la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre riesgos fiscales y operativos del convenio; por otro, el Consejo de Estado empezó a estudiar si ordena frenar el giro de cerca de $1,3 billones comprometidos con Portugal para la fabricación de las libretas.

Esta situación no es menor, ya que una eventual decisión que suspenda los desembolsos podría comprometer el funcionamiento de todo el esquema actual. A esto se suma que las condiciones económicas pactadas en el convenio generan dudas sobre la viabilidad financiera de la Imprenta Nacional, la entidad estatal encargada de operar el modelo dentro del territorio colombiano.

Por ahora, la expedición de pasaportes sigue funcionando con normalidad y los ciudadanos pueden seguir agendando citas y tramitando su documento a través de los canales dispuestos por la Cancillería. Hasta el momento ningún juez ha declarado la nulidad del convenio ni ha ordenado detener por completo su ejecución.

Pese a ello, el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá que trazar una hoja de ruta para responder a estas advertencias y establecer qué acciones tomará para blindar el servicio. En ese proceso están en juego tres frentes: la continuidad operativa del trámite, el manejo adecuado de los recursos públicos comprometidos y la estabilidad financiera de la Imprenta Nacional.

El Consejo de Estado analiza el futuro de $1,3 billones destinados a pasaportes

La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene sobre su mesa una apelación presentada por la Procuraduría contra el fallo mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se negó a suspender de manera provisional los pagos derivados del acuerdo firmado con la entidad portuguesa.

El proceso llegó a este alto tribunal el 20 de agosto y su estudio quedó en manos del magistrado Nicolás Yepes Corrales. En el centro de la disputa están los recursos, cercanos a $1,3 billones, comprometidos con la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal.

El 27 de julio, el Tribunal Administrativo había negado la medida cautelar solicitada. Su argumento fue que frenar los pagos representaría un riesgo real para la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, teniendo en cuenta el grado de avance que ya tiene el nuevo esquema.

Cuatro días después, la Procuraduría decidió apelar esa decisión. Según el ente de control, la necesidad de mantener el servicio activo no puede convertirse en el único argumento para seguir girando recursos de un convenio cuya legalidad todavía está siendo revisada por la justicia administrativa.

La decisión que tome ahora el Consejo de Estado tendrá un carácter provisional y no zanjará el fondo del debate jurídico. Aun así, si el alto tribunal decide frenar los giros, el Gobierno tendría que resolver rápidamente cómo garantizar la fabricación de las libretas y la personalización de los documentos para los ciudadanos.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció en contra de la suspensión pedida por la Procuraduría. En su defensa, argumentó que el modelo ya se encuentra en plena ejecución y que, hasta comienzos de agosto, había permitido producir más de 383.000 pasaportes dentro del país.

La Contraloría pone en duda las finanzas de la Imprenta Nacional

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la Contraloría General de la República hizo pública una advertencia sobre la sostenibilidad económica del convenio. El organismo detectó que el precio establecido para cada pasaporte no contempla ningún margen de utilidad para la Imprenta Nacional.

Esta observación resulta especialmente relevante porque es justamente la empresa estatal la que asume los riesgos operativos del negocio. A pesar de esa responsabilidad, las condiciones pactadas no aseguran que la operación genere ingresos suficientes para fortalecer las finanzas de la entidad ni para cubrir los costos que deberá afrontar.

De acuerdo con el convenio, Colombia se comprometió a comprar un mínimo de 1,5 millones de libretas cada año durante una década. Cada documento tiene un precio fijado de 17 euros, lo que se traduce en una proyección de 255 millones de euros a precios constantes de 2026 a lo largo de toda la vigencia del acuerdo.

La Contraloría también advirtió que aún no hay claridad sobre los costos finales que tendrá que asumir la Imprenta Nacional. Esta falta de información, según el organismo, dificulta calcular con precisión qué tan viable, eficiente y sostenible resultará realmente el negocio de producción de pasaportes para la entidad.

Este riesgo llega en un momento particularmente delicado para las finanzas de la Imprenta. Según las cifras reveladas por el ente de control, la entidad registró una disminución patrimonial de $8.225 millones en 2024 y de $3.847 millones en 2025.

Para la Contraloría, el convenio actual no ofrece garantías de generar los ingresos necesarios para revertir esta tendencia negativa, pese a tratarse de uno de los negocios más significativos que ha asumido la entidad en los últimos años. Por eso, el organismo solicitó adoptar correctivos que permitan proteger los recursos públicos y evitar que la situación financiera se siga deteriorando.

Las dudas del ente de control también se extienden a la transferencia tecnológica pactada con Portugal. Aunque los equipos y el conocimiento técnico se presentan como un aporte para fortalecer la capacidad del Estado colombiano, tanto los pagos por cada libreta como las compras mínimas seguirán vigentes durante los diez años que dura el convenio.

El trámite de pasaportes sigue funcionando con normalidad

Es importante aclarar que esta doble alerta, por ahora, no implica que la expedición de pasaportes esté suspendida. Los colombianos pueden continuar realizando sus trámites sin contratiempos, ya que no existe ninguna orden judicial vigente que detenga la operación o impida solicitar y recibir el documento.

El principal riesgo se materializaría si el Consejo de Estado decide frenar los pagos sin que el Gobierno tenga listo un mecanismo alterno para sostener la producción. Vale recordar que el esquema anterior, operado por Thomas Greg & Sons, ya terminó, por lo que su infraestructura de producción ya no estaría disponible como respaldo.

La Cancillería presentó este nuevo modelo, desarrollado junto con Portugal y la Imprenta Nacional, como una estrategia para fortalecer la soberanía sobre los datos de los ciudadanos, incorporar nuevos elementos de seguridad a los documentos y transferir de manera gradual al Estado colombiano la capacidad técnica necesaria para producir los pasaportes de forma autónoma.

Ahora esos objetivos deberán sortear, al mismo tiempo, las alertas fiscales y judiciales que rodean el convenio. El Gobierno tendrá que evaluar si mantiene las condiciones actuales tal como están, si renegocia algunos componentes del acuerdo o si empieza a preparar una alternativa que le permita responder ante un eventual fallo desfavorable del Consejo de Estado.

Mientras se conoce la decisión judicial, la prioridad de las autoridades será evitar cualquier interrupción que afecte a los usuarios que necesitan tramitar su pasaporte. En paralelo, deberán determinar si el convenio es sostenible sin seguir deteriorando las finanzas de la Imprenta Nacional ni elevar los riesgos sobre los recursos públicos comprometidos.