El Gobierno destapa el nuevo Presupuesto 2027 con un recorte real de $13,5 billones.

El Gobierno destapa el nuevo Presupuesto 2027 con un recorte real de $13,5 billones, en medio de la presión fiscal del terremoto

El Ministerio de Hacienda avanza en la radicación del nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, un documento que llega marcado tanto por la promesa de austeridad de la administración de Abelardo De la Espriella como por la urgencia de encontrar recursos para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

Por primera vez en años, un recorte que sí es real

Según un análisis del Observatorio Fiscal citado por Semana, el nuevo proyecto de presupuesto propone algo que no se había visto en los últimos cuatro años: una disminución real del gasto de funcionamiento del Estado, por $13,5 billones frente al Presupuesto General de la Nación 2026 vigente. Se trata de un giro respecto a los presupuestos radicados durante el gobierno anterior, que reiteradamente señalaron las dificultades para reducir este rubro —el más rígido del gasto público, pues incluye nómina estatal, pensiones, salud y transferencias territoriales— sin lograrlo de manera efectiva.

La brecha fiscal no desaparece: los ingresos también caen

El recorte, sin embargo, no resuelve por sí solo el problema de fondo. El mismo informe del Observatorio señala que los ingresos aforados para 2027 también se redujeron, al pasar de $562,5 billones en 2026 a $545,5 billones el próximo año, una caída de $17 billones. El resultado es que, pese al ajuste en el gasto, la diferencia entre lo que el Gobierno planea gastar y los recursos con los que cuenta se mantiene en $30,2 billones, equivalentes al 1,4% del Producto Interno Bruto: la misma magnitud del faltante que llevó al Congreso a devolver la primera versión del proyecto, radicada por el gobierno saliente.

Para el Observatorio, el reto de cara al nuevo proyecto es que ese ajuste no repita un patrón histórico: castigar la inversión pública, que en ajustes fiscales anteriores ha sido con frecuencia uno de los rubros más golpeados, mientras otros componentes del gasto muestran menor capacidad de adaptarse a los recortes.

Una radicación bajo la sombra del terremoto

El proceso de ajuste del presupuesto no ocurre en un vacío. El terremoto del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó daños graves en Quibdó, Pereira, Cali y Manizales, y obliga al Gobierno a encontrar espacio fiscal para una reconstrucción que las estimaciones sitúan en más de $30 billones. Pese a esa presión adicional, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha sido enfático en que la respuesta no pasará por nuevos impuestos: la apuesta oficial combina recorte de gasto, uso de fondos especiales, activos del Estado y crédito —incluido un préstamo con el Banco Mundial— para atender tanto el ajuste estructural de las cuentas públicas como la emergencia derivada del sismo.

Lo que viene en el Congreso

Con la nueva radicación en marcha, el calendario legislativo exige que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes definan el monto definitivo de gastos antes del 15 de septiembre, y que la aprobación en comisiones se produzca antes del 25 de septiembre para dar paso a las discusiones en plenarias a partir del 1 de octubre. Si el Congreso no expide el Presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, la ley dispone que el Gobierno podrá ponerlo en vigor mediante decreto, incluyendo las modificaciones que se hayan aprobado en primer debate.

El resultado de este proceso será determinante no solo para las finanzas del país en 2027, sino para la credibilidad fiscal del nuevo Gobierno frente a inversionistas y calificadoras de riesgo, en momentos en que la deuda pública ya se ubica en niveles históricamente altos y el terremoto ha añadido una variable que nadie tenía contemplada al iniciar el año fiscal.