Iván Name apela su pérdida de investidura y dice que buscan ”ocultar a los verdaderos responsables“ del caso UNGRD

Iván Name apelará fallo del Consejo de Estado que decretó su "muerte política"

El expresidente del Senado Iván Leónidas Name anunció en la mañana de este martes que apelará el fallo de primera instancia del Consejo de Estado en el que se decretó su pérdida de investidura por su vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd). Desde su reclusión en la cárcel La Picota, en Bogotá, Name envió una carta en la que, además, ratificó su inocencia y señaló que se le busca implicar en este entramado para ocultar a "los verdaderos responsables y dimensiones" de ese caso.

El anuncio de la apelación

A través de quienes integraron su equipo en el Senado, Name envió una carta en la que señaló que "los fallos judiciales se controvierten a través de los recursos que establece la ley, y así lo haré, apelando el fallo proferido en primera instancia por el Consejo de Estado sobre mi investidura como Senador". El excongresista insistió en su inocencia señalando que "los hechos y las conductas por las que me sindican no son ciertos".

El mensaje desde La Picota

El escrito de Name asegura que "la empresa criminal que saqueó los recursos de la UNGRD orientó su propósito a ocultar a sus verdaderos responsables y dimensiones, inculpándome con testigos y pruebas falsas, como prontamente se sabrá". A ello agregó que siempre tuvo una actuación "clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior y sus reformas". Quien fuese congresista por algo más de 15 años por la Alianza Verde remarcó en que su actuación ante el Congreso fue "siempre clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior y sus reformas".

"Testigos y pruebas falsas": la defensa de Name

"Me opuse a sus iniciativas, voté en su contra, levanté sesiones clave de la época en que se tramitaban, y evité consistentemente la configuración del quorum para que naufragaran", señala la carta, en la que puntualiza que "he aportado mis pruebas y testimonios, al igual que hallazgos probatorios recientes que evidencian el entramado dirigido por delincuentes confesos, y por quienes están aún por conocerse".

Su oposición a las reformas, como argumento

Por último, el expresidente del Senado indicó que serán los jueces quienes determinen su no incurrencia en "conducta ilícita alguna, por lo que no hay nada que me motive a pretender beneficios de la justicia". "Mi proceder le consta a quienes me conocen y me vieron enfrentando las pretensiones totalitarias, las cuales frenamos. Un luchador con quien lo hicimos ya no puede decirlo; yo lo digo por él, ya que ahora me señalan por ello", señala el excongresista.

Por qué se le acusa: los $3.000 millones y la reforma pensional

Según la acusación, en septiembre de 2023 Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le ordenó a Olmedo López, director de la UNGRD, y a Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, conseguir y entregar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name. El dinero, proveniente del contrato de los carrotanques de La Guajira, habría sido entregado en dos ocasiones, el 12 y el 13 de octubre de 2023, a través de Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, hasta la residencia de Name. Según el expediente, el propósito del pago era agilizar el trámite de reformas legislativas del Gobierno nacional, en particular la reforma pensional, y aportar recursos a la campaña política al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name.

Lo que sigue: la decisión quedará en manos de los jueces

Con la apelación anunciada este martes, el proceso contra Name pasará ahora a una segunda instancia, donde deberá resolverse si se mantiene o se revoca la decisión que declaró su pérdida de investidura como senador.

Nota editorial: las afirmaciones de inocencia y las acusaciones contra terceros contenidas en la carta corresponden a la versión y defensa propia de Iván Name. Las imputaciones en su contra por el caso UNGRD provienen del expediente judicial y de declaraciones de otros implicados, y se encuentran bajo revisión en segunda instancia; no constituyen, hasta el momento, una decisión judicial definitiva.