Rueda de prensa Petro.
Rueda de prensa Petro. EFE

El organismo de control adelanta diligencias para reconstruir la ruta de los recursos administrados por el Ministerio de Igualdad y FonIgualdad entre 2023 y 2026. La revisión incluye contratos, transferencias, pagos y documentos que respaldan la ejecución de los recursos públicos.

Bogotá, 29 de septiembre de 2026. La Contraloría General de la República inició una revisión sobre el manejo de los recursos del Ministerio de Igualdad y Equidad, actualmente en proceso de liquidación, y de su fondo FonIgualdad. La actuación busca establecer cómo fueron asignados y ejecutados los recursos durante el periodo comprendido entre 2023 y 2026.

Uno de los principales puntos de atención corresponde a una alerta relacionada con pagos por más de $88.000 millones que presentarían insuficiencia documental. Según explicó el organismo de control, las diligencias tienen como propósito determinar las circunstancias en las que se realizaron estos desembolsos y verificar la existencia de los soportes que permitan establecer su correcta ejecución.

Una revisión que abarca $2,78 billones

La actuación de la Contraloría no se limita únicamente a los pagos que superan los $88.000 millones. El organismo de control informó que revisará el recorrido de los $2,78 billones asignados al Ministerio de Igualdad entre 2023 y 2026, con el objetivo de conocer cómo fueron administrados y destinados durante esos años.

La revisión comprende las transferencias realizadas, las instrucciones impartidas a FonIgualdad, los contratos celebrados y los pagos efectuados. También se busca establecer cuál es el nivel de ejecución de los recursos, qué saldos permanecen disponibles y cuáles son las obligaciones que continúan pendientes.

De acuerdo con la información entregada por la Contraloría, durante este periodo FonIgualdad recibió más de $930.000 millones provenientes de la Nación, razón por la cual el fondo también se encuentra dentro del alcance de las diligencias.

La ruta de los recursos, en el centro de la investigación

La Contraloría busca reconstruir la trayectoria de los recursos públicos desde su asignación hasta los desembolsos realizados. Para ello, las diligencias incluyen la revisión de contratos, transferencias, instrucciones administrativas y documentación relacionada con los pagos.

Las actuaciones se desarrollan tanto en las instalaciones del Ministerio de Igualdad, actualmente en liquidación, como en Fiduagraria, entidad encargada de administrar FonIgualdad. La información utilizada en el proceso incluye elementos recopilados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría.

El objetivo es establecer con precisión qué recursos fueron ejecutados, bajo qué conceptos, quiénes participaron en su administración y qué documentación respalda cada operación.

¿Qué ocurre con los $88.000 millones?

Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es la alerta sobre pagos superiores a $88.000 millones con presunta insuficiencia documental.

Sin embargo, la Contraloría no ha señalado que ese dinero se haya perdido ni ha establecido, hasta el momento, responsabilidades fiscales definitivas por estos recursos. La revisión se encuentra orientada a determinar los hechos, verificar la documentación disponible y establecer si existen responsabilidades que deban ser determinadas por las autoridades competentes.

Esta precisión resulta relevante, pues la existencia de una alerta o de documentación pendiente de verificación no significa por sí misma que se haya configurado un detrimento patrimonial. Serán los resultados de las diligencias y los procesos correspondientes los que permitan establecer si hubo irregularidades y sus eventuales consecuencias.

El proceso de liquidación del Ministerio

La revisión de la Contraloría ocurre mientras avanza el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

El Gobierno nacional anunció en agosto una auditoría integral de la entidad y señaló que serían revisados contratos, programas, nóminas y recursos comprometidos. Según la Presidencia, también se ordenó revisar individualmente las obligaciones pendientes y garantizar que únicamente fueran atendidos aquellos compromisos que contaran con los respectivos sustentos jurídicos, contractuales y laborales.

Durante las primeras semanas del proceso de liquidación, el Gobierno también informó sobre la presentación de denuncias ante diferentes organismos de control relacionadas con presuntas irregularidades encontradas durante la revisión de la entidad. Estas actuaciones hacen parte de procesos diferentes y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

¿Qué viene ahora?

La Contraloría deberá avanzar en la revisión de la información recopilada para establecer el destino de los recursos, verificar los soportes de los pagos y determinar si existen inconsistencias que puedan generar responsabilidades fiscales.

El proceso también permitirá conocer cuánto dinero fue efectivamente ejecutado, qué recursos permanecen disponibles y cuáles son las obligaciones que aún debe asumir la entidad en liquidación.

Mientras avanzan las diligencias, el caso permanece bajo revisión de los organismos de control. Los resultados serán determinantes para establecer si los pagos cuestionados estuvieron debidamente respaldados y si se presentaron irregularidades en la administración de los recursos públicos.

La revisión pone nuevamente en el centro del debate la importancia de la trazabilidad, la documentación y el control sobre el uso de los recursos públicos, especialmente durante procesos de transición y liquidación de entidades estatales.