Cámara de Representantes rechaza las objeciones de De la Espriella a la ”ley del mérito”, impulsada por su propia coalición

La Cámara de Representantes rechazó el miércoles 23 de septiembre las objeciones del presidente Abelardo de la Espriella al proyecto del senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que busca preservar el mérito como requisito de acceso a cargos públicos. Con esta determinación, el articulado pasará a revisión de la Corte Constitucional, que dará su concepto de legalidad. Con 130 votos por el sí, el informe que negó las observaciones del jefe de Estado al proyecto de ley de mérito recibió un nuevo respaldo, después de que la subcomisión designada por las mesas directivas del Senado y la Cámara ya hubiera recomendado, el 22 de septiembre, mantener la iniciativa con modificaciones.

Qué busca el proyecto

La iniciativa de Cadavid busca impedir la reducción de requisitos para ocupar cargos públicos. "La iniciativa busca evitar que se reduzcan los requisitos mínimos exigidos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal del orden nacional", señaló el propio autor del proyecto, quien lo presentó como una respuesta directa a episodios ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro, en los que —según denuncias recogidas por el propio Congreso— se habrían flexibilizado los manuales de funciones de entidades públicas para favorecer nombramientos de personas sin la idoneidad técnica requerida para el cargo.

Una objeción sorpresiva, según su propio autor

El 21 de agosto de 2026, apenas dos semanas después de asumir el cargo, De la Espriella hizo uso de su facultad constitucional para objetar la iniciativa, en lo que constituyó la primera ley que el mandatario se negó a sancionar desde el inicio de su gobierno. La decisión sorprendió particularmente porque el proyecto nació de Cadavid, uno de los senadores del Centro Democrático más cercanos al nuevo Gobierno. "Me entero en medios de comunicación que el actual Gobierno me objeta una ley que con mucho esfuerzo aprobamos", declaró el propio autor, calificando la situación de "desconcertante".

Los argumentos del Gobierno

En un documento de nueve páginas presentado a la oficina del presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, la administración de De la Espriella dividió sus reparos en dos frentes: objeciones por inconstitucionalidad y objeciones por inconveniencia. Sobre el primer punto, el Gobierno argumentó que el proyecto le otorga al Consejo de Estado una influencia indebida sobre el Ejecutivo: "Al erigir su concepto en un requisito de procedibilidad habilitante e inexcusable para expedir un acto administrativo particular, el Legislador le atribuye funciones de coadministración y control previo activo, desnaturalizando su condición de órgano consultivo supremo", señaló el documento gubernamental, que también planteó que ese tipo de entrega de funciones debería tramitarse mediante una ley estatutaria, y no mediante el trámite ordinario que efectivamente se utilizó.

Las críticas desde la propia coalición

La objeción generó malestar incluso dentro de sectores cercanos al uribismo, principal socio de la coalición de Gobierno. La senadora María Claudia Posada cuestionó públicamente la decisión, al señalar que la iniciativa fue aprobada con esfuerzo en el Congreso anterior, incluso ante la oposición del entonces Ejecutivo de Petro. "¿Van a recorrer ahora el mismo camino? Es un pésimo mensaje", cuestionó otra voz uribista citada por Cambio Colombia, en referencia a las prácticas de flexibilización de requisitos que el propio Centro Democrático había denunciado durante el gobierno anterior. Posada añadió: "Resulta paradójico que el Gobierno que apoyamos ahora se oponga".

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, adoptó un tono más conciliador y buscó activamente un consenso con el Gobierno para superar las objeciones, destacando "la disposición del ministro para construir consensos" y reiterando la esperanza de que la iniciativa pudiera ser aprobada finalmente para "garantizar calidad, eficiencia y meritocracia en el servicio público".

Un choque que se resuelve, por ahora, a favor del Congreso

Con el rechazo de las objeciones tanto en el Senado como, ahora, en la Cámara de Representantes, ambas corporaciones legislativas coincidieron en mantener el texto original de la iniciativa, en un episodio que evidencia las tensiones que pueden surgir incluso dentro de una misma coalición de Gobierno cuando se trata de decisiones sobre el manejo del talento humano y los criterios técnicos exigidos para ocupar cargos directivos en el Estado.

Lo que sigue: la palabra final de la Corte Constitucional

Con esta decisión del Congreso, el proyecto de ley pasará ahora a revisión de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse específicamente sobre los reparos de inconstitucionalidad que había planteado el Gobierno nacional, relacionados con el presunto exceso de funciones que la iniciativa le otorgaría al Consejo de Estado dentro del proceso de expedición de actos administrativos sobre manuales de funciones en las entidades públicas. Será entonces el alto tribunal quien defina, en última instancia, si la ley del mérito impulsada por Hernán Cadavid puede finalmente entrar en vigor tal como fue aprobada por el Congreso de la República.