“Allí siempre mentí”: excomandante condenado por falsos positivos le habla al Congreso sobre su proceso ante la JEP

El mayor en retiro Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare, imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ejecuciones extrajudiciales, narró ante el Congreso de la República cómo ha sido su proceso de aceptar responsabilidad y darle la cara a las víctimas en las audiencias de esa jurisdicción.

Dos sistemas de justicia, dos experiencias distintas

"He tenido la oportunidad de vivir la experiencia de la justicia ordinaria y la especial", relató Soto Bracamonte. Sobre su paso por la justicia ordinaria, fue contundente: "En la primera estuve privado de la libertad durante 11 años y 28 días. Allí siempre mentí y allí no existen las víctimas". Sobre su decisión de acogerse posteriormente a la justicia transicional, explicó: "Me acogí a la JEP en 2017, me comprometí de lleno a decir la verdad".

Un caso ya resuelto en cuanto a responsabilidad

Es importante precisar que, a diferencia de otros procesos judiciales que involucran presunción de inocencia, Soto Bracamonte ya había sido condenado previamente en la justicia ordinaria —a 24 años en un proceso y a 30 años y siete meses en otro— tras aceptar su responsabilidad por homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, delitos relacionados con hechos ocurridos en Villanueva, Casanare, donde dos personas murieron durante una operación militar y sus cuerpos fueron trasladados sin identificar a un cementerio municipal, en un caso que terminó siendo calificado como ejecución extrajudicial.

Posteriormente, Soto Bracamonte se acogió a la JEP, y en 2018 la propia jurisdicción le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada, tras determinar que cumplió con el régimen de condicionalidad exigido: contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación de las víctimas.

El Caso 03 y el contexto en Casanare

El proceso contra Soto Bracamonte hace parte del Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos" cometidos por agentes del Estado en distintas regiones del país. En enero de 2026, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP había imputado formalmente a Soto Bracamonte, junto con otros 18 exmilitares y civiles, por 318 casos de este tipo de crímenes ocurridos específicamente en el departamento de Casanare, en un expediente que en su momento incluía la responsabilidad por 301 casos documentados de ejecuciones extrajudiciales en esa región.

Entre los imputados en ese mismo proceso figuran el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI del Ejército, y otros oficiales y suboficiales retirados que actuaron en la misma unidad militar durante los años en que se cometieron estos hechos.

Un testimonio en medio de la crisis presupuestal de la JEP

El testimonio de Soto Bracamonte ante el Congreso se conoce en un momento particularmente sensible para la Jurisdicción Especial para la Paz, que enfrenta simultáneamente una crisis de presupuesto, cuestionamientos por gastos y un proyecto para adelantar su cierre a 2028. En ese contexto, el relato de un excomandante militar que ya aceptó su responsabilidad y defiende públicamente el valor del trabajo de la JEP para el esclarecimiento de la verdad adquiere un peso particular dentro del debate legislativo sobre el futuro y la financiación de esta jurisdicción.

Un patrón de reconocimiento en otros casos similares

El caso de Soto Bracamonte no es aislado dentro de los procesos de la JEP relacionados con el Gaula Casanare. Otros excomandantes de esa misma unidad, como el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, exjefe de inteligencia, han comparecido en audiencias públicas para reconocer su responsabilidad y pedir perdón a las familias de las víctimas, en actos donde han llegado incluso a devolver las medallas y distinciones que recibieron durante su servicio militar, como gesto simbólico de reconocimiento del daño causado.

Un proceso que sigue exigiendo más verdad

Pese a los avances en el reconocimiento de responsabilidad, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado en el pasado a la JEP que requiera a excomandantes del Gaula Casanare, entre ellos el propio Soto Bracamonte, para que amplíen su reconocimiento de verdad, al considerar que existen hechos victimizantes adicionales que aún deben esclarecerse por completo, según declaraciones de otros militares vinculados a la misma unidad.

Lo que sigue

Con este testimonio ante el Congreso, el caso de Soto Bracamonte se suma al debate más amplio sobre el papel de la JEP en el sistema de justicia transicional colombiano, en un momento en que la propia jurisdicción enfrenta presiones presupuestales y cuestionamientos políticos que podrían definir su capacidad futura para continuar procesando los cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales que aún permanecen bajo su competencia en distintas regiones del país.