¡Escándalo en la DIAN! Desmantelan presunta red que habría movido $425.000 millones con exportaciones fantasma
La Fiscalía investiga un esquema que habría usado documentos aduaneros para justificar el ingreso a Colombia de recursos de posible origen ilícito.
Cuatro funcionarios de la entidad y tres particulares fueron capturados por su presunta participación en un entramado de lavado de activos. La organización habría reportado exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador, aunque las mercancías nunca habrían cruzado la frontera.
Un nuevo escándalo sacude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara los detalles de una presunta estructura criminal que habría utilizado operaciones ficticias de comercio exterior para justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito.
La investigación permitió la captura de siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la DIAN que trabajaban en la seccional de Ipiales, Nariño, y tres representantes legales de empresas comercializadoras internacionales.
De acuerdo con la Fiscalía, el entramado habría funcionado entre 2020 y 2023 mediante supuestas exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador. Sin embargo, los productos registrados en los documentos aduaneros presuntamente nunca salieron del territorio colombiano.
La maniobra habría permitido presentar recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú como pagos legítimos por ventas internacionales, pese a que las operaciones comerciales reportadas no se habrían realizado.
Así habría funcionado el millonario esquema de exportaciones ficticias
Según la investigación, los productos figuraban como exportados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, ubicado en la frontera entre Colombia y ese país.
Las operaciones aparecían respaldadas por declaraciones y documentos que acreditaban la supuesta salida de las mercancías. No obstante, las autoridades encontraron elementos que indicarían que los cargamentos nunca cruzaron la frontera.
En el presunto esquema habrían participado cinco comercializadoras internacionales, que aparecían como responsables de las exportaciones, y una agencia de aduanas encargada de tramitar las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.
El papel de los funcionarios de la DIAN habría sido fundamental: según la hipótesis de la Fiscalía, los cuatro servidores de la seccional de Ipiales habrían certificado falsamente la salida de las mercancías.
Con esos soportes, los recursos que ingresaban desde el extranjero podían registrarse como reintegros derivados de exportaciones, dándoles apariencia de legalidad.
Cuatro funcionarios de la DIAN entre los siete capturados
Las autoridades ejecutaron siete órdenes de captura en procedimientos realizados en Ipiales, Nariño, y Cúcuta, Norte de Santander.
Entre los detenidos se encuentran:
- Fabián Lizandro Erazo Herrera, funcionario de la DIAN en Ipiales.
- Jhon Jairo Estupiñán Meneses, funcionario de la DIAN en Ipiales.
- Ray Alexander Arteaga Revelo, funcionario de la DIAN en Ipiales.
- Jorge Arellano Paguay, funcionario de la DIAN en Ipiales.
- Arvey Duque Villamizar, representante legal de una comercializadora internacional.
- Alexis Valencia Valencia, representante legal de una comercializadora internacional.
- Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representante legal de una comercializadora internacional.
Los cuatro funcionarios son señalados de presuntamente certificar la salida de las cargas, mientras que los representantes de las empresas habrían participado en las operaciones comerciales que están bajo investigación.
Los delitos que les imputó la Fiscalía
Después de las capturas, los siete procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que declaró legales los procedimientos.
La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada uno, los delitos de lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado. A los servidores públicos también se les atribuyó falsedad ideológica en documento público.
La investigación fue adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, en coordinación con la DIAN, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
Adicionalmente, la Fiscalía remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para que evalúe posibles actuaciones sobre los bienes y activos relacionados con las actividades investigadas.
Investigan el destino de los $425.000 millones
Uno de los aspectos centrales del caso es establecer el origen, la circulación y el destino de los recursos que habrían ingresado al país mediante las operaciones ficticias.
Las autoridades buscan determinar cómo se utilizaron las empresas, los documentos aduaneros y las certificaciones de exportación para respaldar movimientos financieros que superarían los $425.000 millones.
El caso también pone bajo la lupa los controles de las operaciones de comercio exterior y los mecanismos de verificación de mercancías en los pasos fronterizos.
La investigación continúa para esclarecer el alcance de la presunta organización y establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados.
Por ahora, las siete personas fueron judicializadas y deberán responder ante la justicia por los señalamientos formulados por la Fiscalía. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por los jueces competentes.