Consejo de Estado decreta la pérdida de investidura de Iván Name por el caso Ungrd

El Consejo de Estado, con ponencia del consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera, decretó este viernes la pérdida de investidura del excongresista e integrante del Partido Alianza Verde, Iván Leonidas Name Vásquez, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El origen de la demanda

La decisión responde a una demanda presentada por Juan Carlos Calderón España, en representación de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, quien buscaba que Name perdiera su condición de senador de la República para el período 2022-2026, al invocar la causal de tráfico de influencias contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución.

Los hechos que sustentan el fallo

Según la acusación recogida en el fallo, en septiembre de 2023 Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le ordenó a Olmedo López, director de la Ungrd, y a Sneyder Pinilla, subdirector de esa entidad, conseguir y entregar $3.000 millones de pesos a Name, en ese momento presidente del Senado. Según explicó el propio consejero ponente, el objetivo de ese pago era favorecer el trámite de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, en un momento de fuerte enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El fallo estableció que Name actuó de manera consciente y voluntaria para influir en el trámite de la iniciativa del Gobierno, y que existió una relación entre el beneficio económico recibido y las actuaciones que el entonces presidente del Senado realizó dentro del Congreso. La Sala también documentó que, durante varias sesiones legislativas clave, Name se ausentó poco después de iniciada la jornada —incluso después de entonar el himno—, dejando a la entonces vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, a cargo de la corporación en momentos en que se aprobaban artículos centrales de la reforma.

La versión de Name: rechaza los señalamientos

En su defensa, el exsenador negó haber incurrido en tráfico de influencias o haber recibido beneficios indebidos. Es importante subrayar que esta es su posición dentro del proceso, y que la decisión del Consejo de Estado, aunque contundente en primera instancia, corresponde a una instancia judicial que el propio exsenador todavía puede controvertir.

Un llamativo desacuerdo institucional: la Procuraduría pidió lo contrario

Uno de los elementos más notables del proceso es que la Procuraduría General de la Nación había solicitado que no se decretara la pérdida de investidura de Name, al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar que el exsenador hubiera ejercido las presiones que se le atribuían. Ese planteamiento del Ministerio Público no fue acogido por la Sala que finalmente profirió la decisión, un desacuerdo entre dos entidades de control que refleja la complejidad probatoria que rodeó este caso específico.

Una decisión de primera instancia, aún apelable

Es importante precisar que este fallo fue adoptado en primera instancia por la Sala Especial de Decisión 24 del Consejo de Estado, y que todavía puede ser objeto de apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del propio tribunal, la máxima instancia encargada de resolver este tipo de procesos cuando se trata de congresistas. Mientras esa segunda instancia no se pronuncie, la decisión no queda completamente en firme.

Un proceso penal independiente, ya en etapa de juicio

Además de este proceso por pérdida de investidura —de naturaleza administrativa—, Name enfrenta un proceso penal independiente ante la Corte Suprema de Justicia, que ya había confirmado previamente su llamado a juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, relacionados con los mismos hechos investigados en el caso Ungrd. Se trata de un trámite judicial distinto, todavía sin sentencia, en el que la responsabilidad penal del exsenador deberá determinarse por separado.

Otros involucrados, con procesos independientes pendientes

En el expediente que sustenta esta decisión también aparecen mencionados la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González —hoy prófugo de la justicia—, cuyas responsabilidades específicas se tramitan en procesos independientes y todavía deben ser determinadas por las autoridades competentes. Ninguno de ellos ha sido condenado hasta el momento por los hechos relacionados con este caso.

Qué implica la pérdida de investidura

La pérdida de investidura es una de las sanciones más severas que puede imponerse a un congresista en Colombia, pues implica la pérdida inmediata de la condición parlamentaria y tiene efectos sobre la posibilidad de volver a ejercer cargos de elección popular, en los términos establecidos por la Constitución y la jurisprudencia del propio Consejo de Estado.

Lo que sigue

Con la decisión ya notificada, corresponderá ahora a la defensa de Iván Name evaluar si presenta el recurso de apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, instancia que tendrá la última palabra sobre la pérdida definitiva de su investidura. En paralelo, el proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia continuará su curso de manera independiente, en un caso que sigue arrojando nuevas piezas sobre el entramado de corrupción que rodeó a la Ungrd durante el gobierno de Gustavo Petro, y que hasta el momento ha comprometido a exdirectivos de esa entidad, exfuncionarios de la Presidencia y ahora a uno de los expresidentes del Congreso de la República.