El 97,4 % de los micronegocios que venden menos de $1 millón al mes son informales

El DANE encontró que la informalidad empresarial llegó al 87,5 % en los micronegocios analizados de 24 ciudades colombianas durante 2025. La situación es más crítica entre los negocios de menores ingresos, las unidades unipersonales y quienes trabajan sin un establecimiento fijo.

La informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales para el tejido empresarial colombiano. Aunque los micronegocios cumplen un papel importante en la generación de ingresos y empleo, una proporción elevada opera sin cumplir plenamente los requisitos tributarios, contables, laborales o de registro exigidos para desarrollar una actividad económica formal.

El panorama quedó reflejado en los resultados del Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE), publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Según la medición correspondiente a 2025, la incidencia de la informalidad alcanzó el 87,5 % en los micronegocios de las cabeceras de 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas, frente al 85 % registrado en 2024.

Uno de los datos más llamativos corresponde a los negocios con ingresos mensuales inferiores a un millón de pesos: el 97,4 % fue clasificado como informal. En contraste, entre los micronegocios que reciben más de $10 millones al mes, la proporción se ubicó en el 47,5 %. Las cifras muestran una marcada diferencia según el nivel de ingresos, aunque por sí solas no demuestran que una condición sea la causa directa de la otra.

La informalidad aumenta entre los negocios más pequeños

Los resultados del DANE evidencian que el tamaño de los micronegocios está relacionado con diferencias importantes en el cumplimiento de las condiciones de formalidad.

En las unidades productivas que operan con una sola persona, la informalidad llegó al 91,5 %. En cambio, entre los negocios que ocupan de cuatro a nueve personas, la proporción fue del 35,8 %.

Esta brecha refleja las distintas capacidades de los negocios para asumir costos administrativos, llevar registros contables, cumplir obligaciones tributarias y realizar aportes al sistema de seguridad social. Las empresas de mayor tamaño suelen disponer de más recursos para organizar estos procesos, mientras que los emprendimientos individuales deben atenderlos con ingresos y capacidades operativas más limitados.

La diferencia también aparece en la ubicación del negocio. Entre los establecimientos que cuentan con un local, tienda u oficina, la informalidad se situó en el 58,9 %. En los micronegocios que funcionan en la vivienda, trabajan puerta a puerta, utilizan un vehículo o desarrollan sus actividades en la calle, el indicador fue del 93,1 %. Entre los vendedores ambulantes alcanzó el 99 %.

¿Qué considera el DANE como informalidad empresarial?

La informalidad empresarial no se limita a la ausencia de matrícula mercantil. El IMIE evalúa diferentes condiciones que permiten establecer si un micronegocio cumple los requisitos relacionados con su funcionamiento.

La medición incluye cuatro dimensiones: entrada, insumos, producción y obligaciones tributarias y contables. Entre los aspectos evaluados se encuentran el registro mercantil y el Registro Único Tributario (RUT), los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, la renovación de la matrícula, los gastos de funcionamiento y la existencia de registros contables y declaraciones tributarias.

De acuerdo con la metodología, un micronegocio se clasifica como informal cuando incumple al menos la mitad de los requisitos ponderados que componen el índice.

Esto significa que un establecimiento puede estar registrado y, aun así, presentar incumplimientos en otras dimensiones. Del mismo modo, la clasificación no implica necesariamente que todos los negocios informales incumplan exactamente las mismas obligaciones.

Es importante distinguir esta medición de la informalidad laboral, que se concentra en las condiciones de los trabajadores. El IMIE evalúa las características de las unidades económicas, aunque ambas problemáticas pueden estar relacionadas.

Los sectores con mayores niveles de informalidad

El problema presenta diferencias considerables entre actividades económicas. Según los resultados del DANE, los mayores niveles de informalidad se registraron en minería, transporte y almacenamiento, y construcción.

La minería alcanzó una incidencia del 99,6 %, seguida del transporte y almacenamiento, con el 98,4 %, y la construcción, con el 97,7 %. Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios registraron el 93,4 %.

En contraste, el sector agropecuario presentó una incidencia del 64,8 %, mientras que las actividades financieras, inmobiliarias y profesionales registraron niveles inferiores a los de los sectores con mayores dificultades de formalización. Estas cifras corresponden a los micronegocios incluidos en la medición y no deben interpretarse como una tasa de informalidad de todas las empresas de cada industria.

Las diferencias sectoriales indican que las estrategias de formalización deben considerar las condiciones particulares de cada actividad. Los requisitos para un trabajador independiente del transporte, un pequeño contratista de construcción o un negocio de servicios profesionales pueden ser distintos, al igual que sus necesidades de financiación, licencias y protección social.

Santa Marta y Quibdó registran los niveles más altos entre las ciudades analizadas

La distribución geográfica también evidencia diferencias importantes. Santa Marta registró una incidencia de informalidad empresarial del 98,5 %, seguida de Quibdó, con el 98,2 %. Montería y Florencia alcanzaron el 98 %, mientras que Sincelejo registró el 97,8 % y Cartagena, el 97,7 %.

En el extremo opuesto, Tunja presentó el indicador más bajo, con el 65,5 %. Le siguieron San Andrés, con el 74,7 %, Neiva, con el 76,1 %, e Ibagué, con el 76,3 %.

En las principales ciudades también se observaron diferencias. La tasa fue del 86,6 % en Medellín, del 85,8 % en Cali, del 82,6 % en Bucaramanga y del 82,2 % en Bogotá.

Los resultados no implican que todos los negocios de una ciudad tengan las mismas condiciones. El índice agrupa micronegocios con distintas actividades, ingresos y características, por lo que las cifras reflejan el comportamiento general de las unidades económicas incluidas en la muestra.

Los obstáculos para formalizarse

La formalización puede ofrecer beneficios como un mayor acceso a financiación, la posibilidad de participar en determinadas cadenas de suministro y mejores condiciones para contratar con otras empresas. Sin embargo, para los micronegocios de bajos ingresos, cumplir los requisitos puede representar un desafío financiero y administrativo.

Los gastos de registro, la renovación de permisos, la contratación formal de trabajadores y el cumplimiento de obligaciones contables y tributarias pueden resultar difíciles de asumir cuando los ingresos son reducidos o inestables.

A esto se suman las limitaciones de productividad. Un negocio que vende poco puede tener dificultades para invertir en equipos, tecnología, capacitación o asesoría contable. Sin estas herramientas, su capacidad para crecer puede verse restringida, lo que a su vez dificulta que disponga de recursos suficientes para cumplir las obligaciones asociadas a la formalidad.

El Consejo Privado de Competitividad ha señalado que la presencia de empresas pequeñas, informales y de baja productividad constituye uno de los problemas estructurales de la economía colombiana. Las barreras regulatorias, la limitada innovación y las dificultades para ampliar la escala de operación afectan las posibilidades de crecimiento de muchas unidades productivas.

Un problema que afecta el crecimiento y el empleo

La informalidad empresarial tiene consecuencias que van más allá de los trámites administrativos. Puede limitar el acceso a crédito formal, dificultar la participación en contratos con compañías de mayor tamaño y reducir las posibilidades de expansión.

También puede afectar las condiciones de los trabajadores cuando los negocios no realizan los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales. En estos casos, la actividad económica puede generar ingresos inmediatos sin ofrecer la misma protección social que un empleo formal.

Para las empresas, operar informalmente puede convertirse en una barrera para crecer. La falta de registros contables dificulta conocer con precisión los costos y las ganancias, mientras que la ausencia de historial financiero puede reducir las opciones de financiación. Estas condiciones pueden mantener a algunos negocios en una escala reducida, incluso cuando existe demanda para sus productos o servicios.

No obstante, la formalización por sí sola no garantiza un aumento de la productividad. Para que los negocios puedan sostenerse y crecer, también necesitan demanda, capital de trabajo, formación, herramientas tecnológicas y condiciones que les permitan cubrir sus costos.

El reto de facilitar la transición hacia la formalidad

Los resultados reabren el debate sobre las políticas necesarias para que los pequeños negocios puedan cumplir las obligaciones legales sin comprometer su supervivencia económica.

Entre las alternativas que suelen plantearse están la simplificación de trámites, la orientación contable y tributaria, el acceso a financiación productiva y los mecanismos de transición gradual hacia el cumplimiento de las obligaciones. También resulta relevante que los empresarios comprendan los beneficios de formalizarse y conozcan los procedimientos disponibles.

Sin embargo, las medidas deben adaptarse a la realidad de cada negocio. Un emprendimiento que recibe menos de un millón de pesos al mes tiene una capacidad financiera diferente a la de una empresa que supera los $10 millones en ingresos. Diseñar instrumentos adecuados requiere considerar esas diferencias y evaluar sus resultados.

Los datos del DANE permiten dimensionar el desafío, pero no identifican por sí solos las causas del aumento de la informalidad ni determinan qué política tendría el mayor efecto. Para establecerlo se necesita analizar las barreras específicas que enfrentan los negocios y evaluar el impacto de las medidas implementadas.

Una advertencia para la economía colombiana

La informalidad del 97,4 % entre los micronegocios con ingresos inferiores a un millón de pesos mensuales refleja las dificultades que enfrentan las unidades productivas más pequeñas para cumplir simultáneamente los requisitos de registro, operación, seguridad social y obligaciones tributarias.

Aunque la cifra general del IMIE llegó al 87,5 % en 2025, ese resultado corresponde a los micronegocios evaluados en las cabeceras de 24 ciudades y sus áreas metropolitanas. El DANE indicó que la medición de ese año no incluye las zonas rurales dispersas y los centros poblados, por lo que no debe compararse directamente con el dato nacional de 2024, que fue del 90,2 %. La comparación válida entre las 24 ciudades muestra un aumento desde el 85 % en 2024 hasta el 87,5 % en 2025.

El panorama plantea un desafío para la política económica: crear condiciones que permitan a los pequeños negocios avanzar hacia la formalidad, mejorar su productividad y generar empleo con mayor protección social. Sin alternativas que respondan a sus capacidades reales, la informalidad puede seguir limitando el crecimiento de una parte importante del tejido empresarial colombiano.