Gobierno alista decreto contra la protesta violenta a días de una nueva movilización de la oposición
La propuesta modificaría el protocolo vigente y definiría cuándo la Policía podría actuar sin esperar a que termine el diálogo con los manifestantes.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una nueva regulación para permitir la intervención de la Fuerza Pública ante hechos de violencia durante las manifestaciones. La iniciativa genera debate por sus posibles efectos sobre el derecho a la protesta, mientras sectores sindicales y de izquierda convocan una jornada de movilización para el 14 de octubre.
El Gobierno nacional se prepara para implementar nuevas reglas de actuación frente a las manifestaciones públicas. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el proyecto de decreto destinado a establecer criterios para intervenir en protestas violentas sería presentado al presidente Abelardo De La Espriella para su firma este viernes 9 de octubre. De concretarse la firma y cumplirse los requisitos correspondientes, la normativa podría comenzar a regir en medio de un escenario de tensión política y social.
El anuncio coincide con la preparación de una movilización convocada para el próximo miércoles 14 de octubre por sectores sindicales y políticos que se oponen al Gobierno. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunciaron su participación en la jornada, en la que también estará el expresidente Gustavo Petro, quien invitó a la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica.
¿Qué busca cambiar el decreto?
La iniciativa pretende modificar el Decreto 003 de 2021, que establece el protocolo para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y la protección del derecho a la protesta pacífica. El proyecto plantea precisar las circunstancias en las que una movilización puede dejar de desarrollarse pacíficamente y las condiciones bajo las cuales la Policía podría intervenir ante conductas violentas.
De acuerdo con la explicación entregada por el ministro Rodrigo Lara, la propuesta se fundamenta en tres aspectos: definir qué situaciones constituyen violencia durante una protesta, establecer las circunstancias en las que se considera agotada la etapa de diálogo y determinar niveles de reacción para la intervención de las autoridades. El Gobierno sostiene que busca proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y, al mismo tiempo, responder frente a acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas o los bienes públicos y privados.
Entre las situaciones contempladas en el proyecto se encuentran el porte o uso de armas de fuego, elementos cortopunzantes, explosivos y artefactos incendiarios; la retención de personas contra su voluntad; y las agresiones contra terceros, integrantes de la Fuerza Pública, personal médico o periodistas.
Según el texto divulgado por el Ministerio del Interior, ante determinados hechos de violencia, la Policía podría actuar sin esperar a que concluya el diálogo general con los manifestantes. La propuesta establece que las actuaciones dirigidas contra quienes presuntamente cometan actos violentos podrían desarrollarse de manera simultánea con los mecanismos de diálogo, bajo las reglas que regulan el uso de la fuerza.
El Gobierno defiende la protección de la protesta pacífica
El Ejecutivo ha defendido el proyecto bajo el argumento de que el derecho a la manifestación debe coexistir con otros derechos fundamentales, entre ellos la movilidad, el trabajo, la educación, la atención en salud y la prestación de servicios públicos esenciales.
Uno de los puntos planteados es la protección de corredores de circulación para evitar que los bloqueos impidan el paso de ambulancias, el transporte de bienes esenciales o el desplazamiento de ciudadanos. El ministro Lara ha insistido en que las afectaciones a la movilidad no deben confundirse automáticamente con violencia, mientras que las agresiones, el uso de armas o la retención de personas sí pueden justificar una respuesta de las autoridades.
El Ministerio del Interior publicó el proyecto el 28 de septiembre y habilitó un periodo para recibir observaciones ciudadanas hasta el 4 de octubre. La iniciativa contempla modificaciones al protocolo vigente y busca precisar los procedimientos de intervención policial durante las manifestaciones.
Las críticas por los riesgos para el derecho a la protesta
La propuesta también ha despertado cuestionamientos de sectores políticos y analistas que advierten sobre los riesgos de ampliar las facultades de intervención de la Fuerza Pública sin garantías suficientemente claras.
Entre las principales preocupaciones está la posibilidad de que las autoridades interpreten de manera amplia las señales de violencia y actúen antes de agotar las etapas iniciales de prevención, diálogo y mediación. Expertos consultados por El País han advertido que este cambio podría debilitar los mecanismos de concertación y aumentar la discrecionalidad policial, por lo que consideran importante precisar los criterios de intervención y las garantías para quienes participan pacíficamente.
El debate resulta especialmente sensible por los antecedentes de las protestas de 2021, durante las cuales se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Fuerza Pública, además de denuncias por abusos y vulneraciones de derechos humanos. El protocolo que el Gobierno busca modificar surgió, precisamente, en un contexto de discusiones judiciales y sociales sobre la necesidad de establecer límites y controles a la actuación estatal durante las manifestaciones.
Por eso, la discusión no se limita a la capacidad de la Policía para reaccionar ante hechos violentos. También involucra la forma en que se protegerán la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación ciudadana, derechos reconocidos por la Constitución colombiana.
La movilización del 14 de octubre aumenta la atención sobre la medida
Mientras el Gobierno avanza con la propuesta, sectores sindicales y de izquierda preparan una movilización contra la administración de De La Espriella. La jornada del 14 de octubre tendrá entre sus participantes anunciados a la CUT, Fecode y Gustavo Petro, quien ha planteado que la protesta debe desarrollarse pacíficamente y ha relacionado la convocatoria con las reivindicaciones laborales y la discusión sobre el salario mínimo de 2027.
La coincidencia entre la posible entrada en vigor del decreto y la movilización ha puesto el foco sobre la manera en que las autoridades aplicarán las nuevas disposiciones. Sin embargo, la convocatoria de una protesta no implica por sí misma que se presenten hechos violentos: la actuación policial deberá responder a las circunstancias concretas y respetar las garantías legales y constitucionales.
La jornada también será una prueba para los mecanismos de coordinación entre organizadores, gestores de convivencia y autoridades, especialmente si se presentan concentraciones numerosas o afectaciones a la movilidad.
¿Qué sigue para el decreto?
Al 9 de octubre, el ministro del Interior señaló que el documento sería puesto a consideración del presidente para su firma. Por tanto, es importante diferenciar el anuncio oficial del estado jurídico definitivo de la norma: su entrada en vigor depende de que se complete el trámite correspondiente y se formalice su expedición.
Una vez se conozca el texto definitivo, será necesario revisar su alcance, los criterios para determinar cuándo procede la intervención policial, los controles sobre el uso de la fuerza y las garantías para los manifestantes pacíficos.
El debate enfrenta dos preocupaciones que deberán examinarse a la luz de la Constitución: la obligación del Estado de responder frente a la violencia y la responsabilidad de proteger el derecho ciudadano a manifestarse. La forma en que se aplique la regulación será determinante para evaluar sus efectos sobre la seguridad, la convivencia y el ejercicio de la protesta social en Colombia.