Ley de Rescate Fiscal recibe respaldo del FMI: ¿qué puede cambiar en la economía colombiana y cuáles serían sus efectos?
El proyecto busca un ajuste cercano a $45 billones mediante recortes del gasto, cambios tributarios e incentivos a la inversión, aunque todavía puede ser modificado durante el trámite legislativo.
El Fondo Monetario Internacional respaldó la presentación del proyecto fiscal ante el Congreso, mientras el debate económico se concentra en el impacto que podrían tener los recortes del gasto, los cambios tributarios y los incentivos a la inversión. La iniciativa contempla un ajuste cercano a los $45 billones y todavía debe superar el trámite legislativo.
La Ley de Rescate Fiscal propuesta por el Gobierno colombiano recibió un importante pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que destacó la decisión de llevar al Congreso un paquete de medidas orientado a enfrentar los desafíos de las finanzas públicas y fortalecer la sostenibilidad fiscal del país.
El respaldo fue expresado por Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, quien señaló que la presentación de la iniciativa representa un paso significativo para atender los problemas fiscales que enfrenta la nueva administración.
Sin embargo, el pronunciamiento no significa que el organismo haya aprobado cada uno de los artículos del proyecto ni que la ley ya esté en vigencia. La propuesta deberá ser discutida por el Congreso, donde podrá recibir modificaciones antes de convertirse, eventualmente, en una norma.
¿Por qué el FMI respalda la iniciativa?
El pronunciamiento del organismo internacional se conoce en medio de las preocupaciones por el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública y el aumento de los recursos que el Estado debe destinar al pago de intereses.
El FMI destacó que presentar un paquete fiscal ante el Legislativo constituye un avance para enfrentar esos desafíos y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Este respaldo también puede tener importancia para la percepción de los mercados internacionales. La presentación de un plan de ajuste fiscal puede enviar señales sobre la disposición del Gobierno para atender los desequilibrios presupuestales, aunque la confianza de los inversionistas dependerá de la consistencia de las medidas y de su implementación.
La iniciativa también se desarrolla en un escenario en el que el Banco de la República ha advertido sobre los riesgos que representa el deterioro de las finanzas públicas. De acuerdo con cifras citadas por expertos y reportes económicos, sin ajustes el déficit podría alcanzar niveles elevados durante 2026 y 2027.
Un ajuste cercano a los $45 billones
Uno de los principales objetivos del proyecto es conseguir un ajuste fiscal equivalente a aproximadamente $45 billones, cifra que representa cerca del 2,2 % del producto interno bruto (PIB), según la información divulgada sobre la iniciativa.
El Gobierno plantea que alrededor del 70 % del esfuerzo provenga de la reducción y racionalización del gasto público, mientras que el porcentaje restante se obtendría mediante cambios tributarios y otras medidas relacionadas con los ingresos del Estado.
Entre las propuestas se encuentran:
- Reducir el gasto de funcionamiento de las entidades públicas.
- Revisar los contratos de prestación de servicios y los gastos de personal.
- Mejorar la focalización de los subsidios.
- Fortalecer los mecanismos para combatir la evasión y el contrabando.
- Revisar beneficios tributarios.
- Impulsar la venta de activos públicos considerados improductivos.
- Fortalecer la financiación del sistema de salud.
El Ejecutivo también ha planteado reducir el tamaño del Estado en un 15 %, como parte de su estrategia para disminuir los gastos y mejorar la eficiencia de los recursos públicos.
¿Qué pasaría con los impuestos y las empresas?
Uno de los componentes que genera mayor interés es el relacionado con los cambios tributarios y los incentivos para promover la inversión privada.
El proyecto contempla reducir gradualmente la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades: del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, aunque la aplicación de los beneficios dependería de las condiciones establecidas en la ley.
También propone crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), un mecanismo que busca atraer nuevos proyectos de inversión mediante incentivos tributarios y condiciones de estabilidad para las compañías que cumplan determinados compromisos.
La apuesta del Gobierno es que una menor carga tributaria para las empresas pueda estimular la inversión, la generación de empleo formal y la actividad productiva.
No obstante, el efecto real dependerá de factores como la estabilidad de las reglas, la demanda interna, los costos de financiación y la confianza empresarial.
Devolución del IVA para hogares vulnerables
La iniciativa también incluye medidas dirigidas a los hogares de menores ingresos.
Una de las propuestas es implementar un mecanismo de devolución del IVA que, según lo anunciado por el Gobierno, podría beneficiar a cerca de 19 millones de colombianos.
El Ejecutivo ha señalado que el mecanismo permitiría devolver parte del impuesto a los hogares que cumplan los requisitos de focalización. La propuesta contempla transferencias que podrían alcanzar un promedio de $213.000 mensuales por hogar, con un máximo de $288.000, de acuerdo con la información presentada sobre el proyecto.
La medida está prevista para comenzar en 2028 y requeriría procesos de identificación de beneficiarios y fortalecimiento de los sistemas de facturación y administración tributaria.
Su impacto dependerá de cómo se reglamente, de los recursos disponibles y de la capacidad del Estado para llegar efectivamente a la población priorizada.
¿Cuáles podrían ser los efectos sobre la economía?
La Ley de Rescate Fiscal podría tener efectos en diferentes sectores de la economía colombiana. Entre los resultados que busca el Gobierno están reducir el déficit, moderar el crecimiento de la deuda y generar condiciones para atraer inversión.
Sin embargo, también existen riesgos y aspectos que deberán evaluarse durante el debate.
1. Menor presión sobre las finanzas públicas
Si los recortes y los nuevos ingresos se concretan, el Estado podría reducir parte de sus necesidades de financiación y destinar menos recursos al pago de intereses en el mediano plazo.
2. Posibles estímulos a la inversión
La reducción gradual del impuesto de renta y los incentivos empresariales podrían favorecer nuevos proyectos productivos. Su resultado dependerá de que las empresas encuentren condiciones económicas y jurídicas que les permitan invertir.
3. Cambios en el gasto de las entidades públicas
Los recortes en contratación, funcionamiento y compras estatales podrían modificar la operación de algunas entidades y afectar a proveedores que dependen de contratos con el Estado.
4. Efectos sobre los consumidores
Los cambios tributarios propuestos podrían trasladarse, directa o indirectamente, a determinados precios y actividades económicas. Por eso, será importante conocer qué productos y sectores quedarían sujetos a las modificaciones y cómo se aplicarán.
5. Protección de los hogares vulnerables
La devolución del IVA busca compensar parte de la carga tributaria de los hogares de menores ingresos. Su efectividad dependerá de la cobertura, los mecanismos de pago y la oportunidad de las transferencias.
El Banco de la República y el desafío fiscal
La discusión sobre la ley también está relacionada con las advertencias sobre el estado de las finanzas públicas.
El aumento del déficit y de los intereses de la deuda puede reducir el margen presupuestal disponible para inversión pública, infraestructura y programas sociales.
En reportes y análisis citados por expertos, se ha advertido que, sin medidas de ajuste, el déficit podría ubicarse en niveles especialmente altos durante 2026 y 2027. Estas proyecciones reflejan la dimensión del reto fiscal, aunque los resultados dependerán de la evolución de los ingresos, el gasto y las decisiones económicas que adopte el país.
La sostenibilidad de las finanzas públicas es importante no solamente para el Gobierno, sino también para las empresas y los ciudadanos, debido a que influye en las condiciones de crédito, la inversión y la estabilidad macroeconómica.
El Congreso tendrá la última palabra
Aunque el respaldo del FMI representa un pronunciamiento relevante para el Gobierno, el futuro de la Ley de Rescate Fiscal dependerá de su discusión en el Congreso de la República.
Los legisladores tendrán que revisar la distribución del ajuste entre reducción del gasto y nuevos ingresos, así como los efectos que las medidas puedan generar sobre los hogares, las empresas, el empleo y la actividad productiva.
Desde el sector empresarial también se ha pedido que el análisis sea técnico y riguroso, especialmente frente a la manera en que se distribuirá el esfuerzo fiscal y sus posibles consecuencias para la competitividad y la generación de empleo.
Por ahora, el respaldo internacional constituye una señal de acompañamiento a la decisión de presentar el paquete fiscal, pero no garantiza por sí solo que las medidas consigan los resultados esperados.
El principal desafío será lograr que el ajuste reduzca los desequilibrios de las cuentas públicas sin frenar la inversión, afectar desproporcionadamente a los hogares o debilitar la actividad económica. El debate legislativo será determinante para conocer qué medidas sobreviven y cómo terminarán impactando a Colombia.