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Imagen de portada Grupo Editorial Central

La Corte Suprema de Justicia ordenó verificar si la excongresista Aida Merlano recibió beneficios judiciales de la Fiscalía General de la Nación relacionados con el caso conocido como la 'Casa Blanca'. La decisión hace parte del proceso penal que se adelanta contra el exsenador Arturo Char, investigado por su presunta participación en una estructura dedicada a la compra de votos durante las elecciones legislativas de 2018.

La determinación, adoptada por la magistrada Socorro Mora, responde a una solicitud de la defensa de Char, que considera necesario conocer si existieron acuerdos o beneficios judiciales que pudieran explicar las condiciones en las que Merlano entregó sus declaraciones y los señalamientos que ha realizado contra el exsenador.

La Corte busca contrastar las declaraciones de Merlano

Además de verificar posibles beneficios, el alto tribunal ordenó recopilar las diferentes declaraciones que Aida Merlano ha rendido sobre los hechos relacionados con la 'Casa Blanca'.

La Fiscalía deberá entregar los testimonios que la excongresista haya presentado en investigaciones abiertas o procesos judiciales adelantados por estos acontecimientos. También se solicitó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla remitir la declaración que Merlano rindió dentro del proceso contra Julio Gerlein Echeverría, quien fue absuelto en septiembre de 2024.

El propósito es comparar las versiones entregadas en diferentes actuaciones y establecer si existen coincidencias, diferencias o elementos que deban ser examinados durante el juicio contra Arturo Char.

También investigarán las visitas que recibió en Venezuela

Otra de las medidas ordenadas por la Corte está relacionada con el periodo en que Aida Merlano permaneció detenida en Venezuela, después de su fuga de Colombia.

El alto tribunal solicitó gestionar ante las autoridades venezolanas información sobre los ciudadanos colombianos que la visitaron durante su reclusión, así como documentos del proceso penal que condujo a su captura en ese país.

La solicitud también contempla verificar si Merlano rindió una declaración el 6 de febrero de 2020 y conocer las decisiones adoptadas dentro de esa actuación judicial.

La defensa de Char sostiene que esta información podría ayudar a identificar a personas que, desde Colombia, habrían intervenido en actuaciones relacionadas con los señalamientos contra el exsenador. Por razones de eficiencia, la Corte delimitó la búsqueda a los visitantes de nacionalidad colombiana.

Dos visitas en la cárcel El Buen Pastor también serán examinadas

El material probatorio incluirá información sobre dos encuentros que Merlano sostuvo en 2019 en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

La Corte ordenó ampliar el testimonio de Bladimir Cuadro Crespo, abogado que acompañó a Diego Luis Muñetón Restrepo durante las visitas realizadas el 9 de agosto y el 3 de septiembre de ese año.

La diligencia busca esclarecer si durante esos encuentros se transmitieron mensajes de integrantes de la familia Char y cuáles fueron los asuntos tratados con la excongresista. También se incorporará un informe de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa sobre los registros de dichas visitas.

La ampliación del testimonio deberá respetar las restricciones legales relacionadas con el secreto profesional.

Registraduría entregará resultados electorales de Arturo Char

Dentro de las pruebas autorizadas, la Corte también solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil los resultados electorales de Arturo Char correspondientes a los años 2006, 2014, 2018 y 2022, discriminados por municipio.

La defensa pretende comparar el comportamiento de la votación del exsenador en diferentes jornadas electorales y examinar los resultados obtenidos en 2018 frente a los de otros años.

Esta información se sumará a las declaraciones, registros de visitas y documentos que serán incorporados durante la etapa de juzgamiento.

¿De qué se acusa a Arturo Char?

El exsenador fue acusado en diciembre de 2025 como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravada.

El caso está relacionado con la denominada 'Casa Blanca', una sede política ubicada en Barranquilla desde la cual, según la acusación, se habría coordinado una estructura para la compra de votos con el propósito de favorecer las candidaturas de Aida Merlano al Senado y de Lilibeth Llinás a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2018.

La Corte ha descrito la estructura investigada como una organización criminal compleja, cuya posible conformación y funcionamiento hacen parte del debate judicial.

Char fue capturado el 7 de septiembre de 2023 y recuperó su libertad el 8 de enero de 2024 por vencimiento de términos. Sin embargo, el proceso penal continúa y el exsenador no ha sido condenado por estos hechos.

Las pruebas serán practicadas durante el juicio

La Corte Suprema estableció que las pruebas autorizadas deberán practicarse durante la etapa de juzgamiento. La fecha de la audiencia pública será comunicada posteriormente mediante una nueva decisión.

La orden no significa que se haya comprobado que Aida Merlano recibió beneficios indebidos ni que sus declaraciones hayan perdido validez. Se trata de una verificación solicitada por la defensa y autorizada por el alto tribunal para reunir elementos que permitan examinar las distintas versiones y valorar las pruebas dentro del proceso.

El resultado de estas diligencias será relevante para el desarrollo del juicio, en el que la Corte deberá evaluar los elementos presentados por las partes antes de adoptar una decisión sobre la responsabilidad penal de Arturo Char.