Comunes pierde su partido y los exFarc enfrentan un nuevo escenario político: la JEP también está bajo presión
El partido surgido del Acuerdo de Paz terminó su periodo de curules especiales y deberá buscar alianzas o avales para continuar en la competencia electoral.
El Consejo Nacional Electoral oficializó la pérdida de la personería jurídica de Comunes luego de que la colectividad no alcanzara el umbral electoral en las legislativas de marzo. El fin de las curules especiales y el debate sobre el futuro de la JEP dejan a los antiguos comandantes de las Farc ante una nueva etapa política.
El escenario político para los antiguos integrantes de las Farc cambió de manera significativa. El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la pérdida de la personería jurídica de Comunes, el partido que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y que durante ocho años contó con representación garantizada en el Congreso.
La decisión se produjo después de que la colectividad no lograra superar el umbral requerido en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Para estos comicios terminó el régimen especial que permitió a Comunes ocupar cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026.
Con la pérdida de la personería, Comunes quedó por fuera del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El CNE estableció que la colectividad no acreditó los requisitos constitucionales de representatividad necesarios para mantener su reconocimiento.
El fin de las curules garantizadas
La desaparición jurídica de Comunes representa el cierre de una etapa iniciada con el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc.
Como parte de los compromisos de reincorporación política, los antiguos integrantes de la guerrilla recibieron durante dos periodos legislativos un mínimo de diez curules: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
Ese mecanismo permitió que antiguos comandantes y otros miembros de la organización pasaran directamente de la lucha armada a la actividad política institucional.
Sin embargo, ese régimen especial terminó en julio de 2026. A partir de entonces, Comunes tuvo que competir bajo las reglas electorales ordinarias.
La colectividad intentó mantener su presencia en el Congreso mediante una alianza con Fuerza Ciudadana, movimiento asociado al exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. La estrategia, sin embargo, no consiguió la votación necesaria para obtener representación.
El umbral establecido para conservar la personería fue de aproximadamente 584.362 votos, equivalentes al 3 % de los votos válidos. La alianza no consiguió superar ese requisito.
Una derrota que ya se veía venir
La pérdida del partido no fue completamente inesperada. Comunes ya había enfrentado dificultades para ampliar su respaldo electoral en las elecciones anteriores.
En 2018 obtuvo alrededor de 85.000 votos y en 2022 su votación volvió a ubicarse muy por debajo del umbral necesario para competir en igualdad de condiciones con las demás colectividades.
La diferencia fundamental en 2026 fue que ya no contaba con el mecanismo especial que le garantizaba representación parlamentaria independientemente de su votación.
La estrategia de buscar una alianza con Fuerza Ciudadana tampoco logró resolver el problema. La coalición no consiguió las curules necesarias y, con ello, Comunes perdió tanto su presencia directa en el Congreso como su personería jurídica.
¿Qué pasará ahora con los antiguos comandantes?
La desaparición de Comunes no significa que los antiguos integrantes de las Farc hayan perdido automáticamente sus derechos políticos.
Figuras como Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada y Sandra Ramírez pueden continuar participando en política, pero ya no cuentan con una colectividad propia con personería jurídica que les permita otorgar avales o competir bajo el nombre de Comunes.
En consecuencia, una eventual participación electoral futura dependería de alianzas, coaliciones o avales de otros partidos que sí tengan reconocimiento jurídico.
El panorama también supone un cambio en la capacidad de los antiguos dirigentes de las Farc para mantener una estructura política nacional propia.
Durante los últimos ocho años, Comunes les permitió tener bancada, recursos de funcionamiento, estructura partidista y presencia permanente en el Congreso. Con la pérdida de la personería, buena parte de esa plataforma desaparece.
La JEP, el otro frente de tensión
El nuevo escenario político coincide con una creciente discusión sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), institución creada como parte del sistema de justicia transicional del Acuerdo de Paz.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha cuestionado públicamente el manejo de los recursos y los resultados de la jurisdicción. El propio presidente ha defendido la necesidad de revisar el gasto de la entidad y ha señalado que desde 2018 la JEP ha recibido más de tres billones de pesos del Estado.
Uno de los puntos de mayor controversia es el presupuesto para 2027.
La JEP había solicitado inicialmente 947.642 millones de pesos, mientras que el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno contemplaba 821.803 millones. Posteriormente, en el trámite legislativo apareció un recorte adicional de 170.000 millones. De aprobarse ese ajuste, la entidad quedaría con alrededor de 651.803 millones para 2027.
La JEP ha advertido que una reducción de esa magnitud podría afectar audiencias, diligencias territoriales, representación judicial y acompañamiento a las víctimas.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el debate presupuestal no constituye una amenaza contra la independencia judicial y que las entidades públicas deben justificar sus necesidades y administrar los recursos con criterios de eficiencia.
Las víctimas siguen en el centro del debate
El futuro de la JEP tiene una importancia que trasciende a los antiguos integrantes de las Farc.
La jurisdicción tiene a su cargo procesos relacionados con algunos de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado y cuenta con miles de víctimas acreditadas.
Según cifras citadas por la propia JEP, están acreditadas más de 16.000 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que representan aproximadamente 634.804 personas. La entidad sostiene que un recorte presupuestal significativo podría limitar su capacidad para continuar realizando diligencias y audiencias en los territorios afectados por el conflicto.
Por eso, la discusión sobre los recursos de la JEP enfrenta dos posiciones: por un lado, quienes consideran indispensable garantizar los recursos necesarios para cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz; por otro, quienes reclaman mayor austeridad, resultados y control sobre el gasto público.
Una nueva etapa después de diez años del Acuerdo de Paz
La pérdida de la personería jurídica de Comunes ocurre precisamente cuando Colombia se acerca al décimo aniversario de la firma definitiva del Acuerdo de Paz.
Durante una década, el proceso permitió que antiguos integrantes de las Farc abandonaran las armas, se reincorporaran a la vida civil y participaran directamente en la política institucional.
La desaparición de Comunes no significa el final de la participación política de todos sus antiguos integrantes, pero sí marca el cierre de un modelo en el que los excombatientes contaban con un partido propio y con representación parlamentaria garantizada durante un periodo determinado.
Ahora tendrán que definir nuevas estrategias para conservar influencia política y participar en futuras elecciones.
Un futuro marcado por la incertidumbre
El nuevo escenario deja varias preguntas abiertas. ¿Buscarán los antiguos integrantes de las Farc integrarse a otras colectividades? ¿Intentarán construir un nuevo movimiento político? ¿Qué papel tendrán en las elecciones regionales de 2027? ¿Y cuál será el futuro de la JEP frente a las reformas presupuestales y las críticas del Gobierno?
Por ahora, lo que sí está definido es que Comunes perdió su personería jurídica después de no alcanzar el respaldo electoral necesario, poniendo fin a la etapa de representación parlamentaria garantizada que comenzó con la implementación del Acuerdo de Paz.
El siguiente capítulo dependerá de la capacidad de sus antiguos dirigentes para reorganizarse políticamente y del rumbo que tome el sistema de justicia transicional en medio de las discusiones sobre presupuesto, resultados y cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo.
La desaparición de Comunes, en ese sentido, no representa necesariamente el final de la participación política de los excombatientes, pero sí el comienzo de una etapa en la que tendrán que competir y construir alianzas bajo condiciones muy diferentes a las que tuvieron desde 2017.