Gobierno reporta nuevas capturas de señalados narcotraficantes con circular roja de Interpol
El balance presidencial también registra capturas contra el Clan del Golfo y disidencias, incautaciones de droga y armas, y más de 32.000 detenciones desde agosto de 2026.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó nuevas capturas de personas requeridas internacionalmente mediante notificación roja de Interpol, en el marco de los recientes operativos adelantados por las autoridades colombianas contra estructuras dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.
El anuncio fue realizado este jueves 8 de octubre, como parte de un nuevo balance presentado por el mandatario sobre las acciones de la Fuerza Pública contra organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. De acuerdo con el Gobierno, las operaciones también han permitido afectar las finanzas de estos grupos y decomisar material de guerra y sustancias ilícitas.
Cuatro capturas con notificación roja
Según el reporte entregado por De La Espriella, las autoridades registraron cuatro capturas de personas requeridas mediante notificación roja de Interpol, en procedimientos desarrollados en Bucaramanga, Bogotá y Atlanta.
Las notificaciones rojas son mecanismos de cooperación policial internacional utilizados para solicitar la localización y detención provisional de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país. La situación jurídica de cada detenido depende posteriormente de los procedimientos judiciales y de extradición correspondientes.
El anuncio se produce en medio de una estrategia del Gobierno que busca aumentar la cooperación con otros países para ubicar a personas señaladas de participar en redes de narcotráfico y crimen organizado transnacional.
Operativos contra el Clan del Golfo y las disidencias
El balance presidencial también incluyó operaciones contra estructuras armadas que tienen presencia en distintas regiones del país.
En Villavicencio, el Ejército capturó a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo y decomisó un fusil, un subfusil y una pistola. En Puerto Nare, Antioquia, la Policía capturó a otro presunto integrante de esa organización, quien, según las autoridades, estaría bajo el mando de alias Chiquito Malo.
En Cartagena del Chairá, Caquetá, las autoridades interceptaron a tres personas que, de acuerdo con el reporte oficial, tendrían vínculos con estructuras disidentes de las antiguas Farc.
Las operaciones forman parte de una ofensiva que el Gobierno ha planteado como una estrategia para afectar no solamente a los integrantes de las organizaciones criminales, sino también sus fuentes de financiación.
Incautaciones y golpes a las economías ilegales
En otro de los procedimientos reportados, la Armada interceptó en La Primavera, Vichada, una embarcación en la que fueron encontrados 32 bultos de sustancias ilícitas. Según el Gobierno, la operación estaba dirigida contra actividades asociadas al ELN.
Las Fuerzas Militares también reportaron la afectación de cinco laboratorios de pasta base de coca y la intervención de dos unidades de minería ilegal.
De esta manera, el Gobierno busca presentar los resultados de seguridad no solo en términos de capturas, sino también de incautaciones, destrucción de infraestructura utilizada para actividades ilícitas y afectación de las rentas que sostienen a los grupos armados.
Más de 32.000 capturas desde agosto
De acuerdo con el balance entregado por el presidente, desde el 7 de agosto de 2026 las autoridades han realizado 32.029 capturas.
El reporte oficial también señala la incautación de 135.515 kilogramos de estupefacientes y la salida de circulación de 3.414 armas de fuego durante ese periodo. Estas cifras corresponden al balance presentado por el Gobierno y reúnen operaciones realizadas por diferentes organismos de seguridad.
El Ejecutivo ha utilizado estos resultados para respaldar su política de endurecimiento contra las estructuras criminales y su apuesta por fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública.
La cooperación internacional toma mayor importancia
Las capturas de personas buscadas mediante notificación roja también reflejan el papel que tiene la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
La Policía Nacional informó recientemente que durante la operación Alba II fueron capturadas ocho personas requeridas por autoridades judiciales de seis países, entre ellos Costa Rica, España, Honduras, México, Perú y Polonia. Los delitos investigados incluían narcotráfico internacional, lavado de activos, tráfico de armas y pertenencia a organizaciones criminales.
La Policía reportó además que, durante 2026, se habían realizado 134 retenciones por notificación roja de Interpol, frente a 102 en el mismo periodo de 2025. Según la institución, las órdenes procedían de 25 países.
Otro de los casos recientes fue el de alias Ash, un ciudadano australiano-iraní requerido por Australia por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de activos. Fue localizado en Copacabana, Antioquia, y quedó a disposición de las autoridades colombianas para el trámite correspondiente.
El Gobierno mantiene su ofensiva contra el narcotráfico
El anuncio se suma a una serie de operaciones y decisiones adoptadas por la administración De La Espriella desde el inicio de su mandato. Entre ellas se encuentra la autorización de extradiciones de personas requeridas por autoridades extranjeras por delitos relacionados con narcotráfico y otras conductas graves.
Uno de los casos más recientes fue la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', señalado cabecilla de los Comandos de la Frontera y requerido por la justicia de Estados Unidos. La Presidencia informó que el mandatario hizo efectiva personalmente su entrega a las autoridades estadounidenses el pasado 25 de septiembre.
Con las nuevas capturas reportadas, el Gobierno busca reforzar su mensaje de que la persecución contra el narcotráfico tendrá también un componente internacional, especialmente frente a personas que intenten utilizar Colombia como lugar de refugio o tránsito.
Las autoridades deberán ahora avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes para determinar la situación de cada uno de los capturados y, cuando aplique, tramitar las solicitudes formales de extradición ante los países que los requieren.

