Salario mínimo y reforma laboral elevan los costos de contratación en Colombia: empresas ajustan sus presupuestos
El salario mínimo de $1.750.905, junto con el auxilio de transporte y los cambios en recargos laborales, obliga a las compañías a revisar presupuestos, turnos y estrategias de contratación.
El aumento salarial del 23,7 % para 2026 y la aplicación gradual de nuevos recargos y condiciones laborales están presionando las nóminas empresariales. Las mipymes y los sectores intensivos en mano de obra enfrentan el reto de mantener el empleo formal sin comprometer su sostenibilidad financiera.
Las empresas colombianas afrontan un escenario de mayores costos laborales durante 2026. El incremento del salario mínimo y la implementación gradual de la reforma laboral han obligado a empleadores de diferentes sectores a revisar sus presupuestos, reorganizar turnos y evaluar sus estrategias de contratación para adaptarse a las nuevas obligaciones.
El salario mínimo mensual legal vigente quedó establecido en $1.750.905, tras un aumento del 23,7 % frente a 2025. Con el auxilio de transporte de $249.095 para quienes tienen derecho a recibirlo, el ingreso mensual llega a $2 millones. Sin embargo, para las compañías el costo de contratar a una persona no se limita a ese valor, pues también deben asumir prestaciones sociales, aportes a seguridad social y otras obligaciones legales.
Esta combinación de factores ha generado preocupación entre empresarios, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen contar con menores márgenes financieros para absorber incrementos en sus gastos de operación.
Contratar a un trabajador cuesta más que el salario mensual
El pago de un empleado incluye diferentes conceptos que aumentan el costo real de la nómina. Además del salario y, cuando corresponde, el auxilio de transporte, las empresas deben contemplar aportes patronales a pensión, salud y riesgos laborales, así como las prestaciones sociales, entre ellas la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre las cesantías y las vacaciones.
A estos conceptos pueden sumarse otros costos asociados con la actividad económica, la dotación, la organización de turnos y las condiciones particulares de cada puesto de trabajo.
Por esa razón, el costo total de un trabajador que recibe el salario mínimo puede superar ampliamente los $2 millones mensuales. Las estimaciones varían según las obligaciones aplicables, el nivel de riesgo laboral, las exoneraciones legales y las características de la contratación.
Para las empresas que emplean a decenas o cientos de personas, incluso una variación relativamente pequeña en el costo individual puede traducirse en un incremento considerable del presupuesto anual destinado al personal.
La reforma laboral introduce nuevos ajustes
A la presión derivada del salario mínimo se suman los cambios contemplados en la Ley 2466 de 2025, que modificó diferentes aspectos de las relaciones laborales en Colombia.
Entre los cambios se encuentran la ampliación de la jornada nocturna, los ajustes progresivos en los recargos por trabajo en domingos y festivos, y modificaciones relacionadas con las modalidades de contratación y el contrato de aprendizaje.
La reforma estableció que la jornada nocturna comienza a las 7:00 p. m., en lugar de las 9:00 p. m. que se utilizaban anteriormente. Este cambio incrementa el número de horas que pueden generar recargo nocturno para los trabajadores que cumplen turnos durante la tarde y la noche.
También se estableció un aumento gradual del recargo por trabajar en días de descanso obligatorio. Desde julio de 2026, el recargo pasó al 90 %, mientras que el calendario previsto contempla que llegue al 100 % en julio de 2027.
Estos cambios tienen especial relevancia para las compañías que operan durante la noche, los fines de semana y los días festivos, pues deben reorganizar sus turnos y calcular el efecto de los recargos sobre la nómina.
Restaurantes, vigilancia y turismo, entre los sectores más expuestos
Las actividades económicas que dependen de una amplia cantidad de trabajadores pueden experimentar una presión más intensa sobre sus costos. Entre ellas se encuentran la gastronomía, el turismo, la vigilancia privada, la construcción, el comercio y los servicios de atención al cliente.
En estos sectores, las empresas necesitan mantener personal disponible durante horarios extendidos o cubrir operaciones que no pueden detenerse durante los fines de semana y festivos.
La vigilancia privada, por ejemplo, debe organizar turnos para garantizar la prestación continua del servicio. Los restaurantes y hoteles, por su parte, pueden tener una demanda elevada durante las noches y los días de descanso, precisamente cuando los recargos laborales tienen mayor incidencia.
En consecuencia, las compañías deben evaluar si mantienen sus esquemas actuales de operación, redistribuyen las jornadas o invierten en herramientas tecnológicas que permitan mejorar la productividad.
No obstante, las posibilidades de ajuste son diferentes para cada actividad. Mientras algunas empresas pueden reorganizar procesos, otras tienen una capacidad limitada para reducir sus necesidades de personal sin afectar la calidad o continuidad del servicio.
Las mipymes enfrentan mayores desafíos financieros
El impacto de los costos laborales puede ser particularmente significativo para las mipymes, debido a que muchas cuentan con presupuestos ajustados y una menor capacidad para trasladar los aumentos a los precios de sus productos o servicios.
Cuando los gastos de nómina crecen más rápido que los ingresos, las empresas deben buscar alternativas para preservar sus márgenes. Entre las medidas posibles se encuentran mejorar la productividad, revisar gastos administrativos, optimizar los horarios y fortalecer la planeación financiera.
Sin embargo, si estas estrategias no resultan suficientes, algunas compañías podrían aplazar nuevas contrataciones, reducir sus planes de expansión o revisar sus modelos de operación. También existe preocupación por el riesgo de que determinados empleadores recurran a formas de contratación informal para disminuir sus costos, una situación que podría afectar la protección laboral de los trabajadores.
Estos efectos no son automáticos ni se presentan de la misma manera en todas las empresas. Su alcance dependerá de factores como el comportamiento de las ventas, la productividad, el acceso al crédito y la capacidad de cada sector para adaptarse a los cambios regulatorios.
El debate entre mejores ingresos y generación de empleo
El aumento del salario mínimo también tiene una dimensión favorable para los trabajadores. Un mayor ingreso nominal puede fortalecer su capacidad de compra y contribuir al consumo de los hogares, lo que potencialmente beneficia a empresas que dependen de la demanda interna.
Sin embargo, los resultados dependen de la evolución de los precios y de la capacidad de la economía para generar empleo formal. Si los costos aumentan sin que se produzcan mejoras suficientes en productividad o ventas, algunas empresas podrían tener dificultades para ampliar sus plantillas.
Por eso, el debate económico se concentra en cómo conciliar la mejora de los ingresos laborales con la sostenibilidad de las compañías y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Desde el sector empresarial se advierte sobre la necesidad de evaluar el efecto acumulado de las medidas salariales y laborales. Desde la perspectiva de los trabajadores, los incrementos y las garantías establecidas por la reforma representan herramientas para mejorar las condiciones de empleo y fortalecer sus derechos.
Planeación y productividad, claves para lo que resta de 2026
Ante este panorama, las empresas deben incorporar los cambios laborales en sus presupuestos y proyecciones financieras. Esto implica calcular el costo total de cada puesto, revisar los turnos que generan recargos, anticipar los pagos de prestaciones y analizar qué ajustes operativos pueden mejorar la eficiencia.
También será importante seguir el comportamiento de la inflación, las ventas y la demanda de los consumidores, ya que estos factores determinarán hasta qué punto las compañías pueden absorber los mayores costos sin trasladarlos a los precios finales.
El reto será encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones laborales, la protección de los trabajadores y la viabilidad financiera de los negocios.
En definitiva, el salario mínimo y la reforma laboral están redefiniendo la estructura de costos de contratación en Colombia. Para las empresas, especialmente las de menor tamaño, la adaptación exigirá una planeación más rigurosa y mejoras de productividad; para el mercado laboral, el desafío consistirá en que los cambios contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo sin frenar la generación de empleo formal.