Colombia busca eliminar aranceles para el 93 % de sus exportaciones a Estados Unidos: así avanza el acuerdo
La propuesta complementaría el TLC vigente de 2012, pero aún debe definir productos beneficiados, requisitos de trazabilidad y obligaciones para las empresas.

El Consejo de Empresas Americanas considera que la negociación comercial con Washington puede ayudar a proteger el acceso de los productos colombianos al mercado estadounidense. La propuesta contempla compromisos en materia aduanera, laboral y de transparencia en las cadenas de suministro, mientras persisten desafíos para las pequeñas y medianas empresas.
Colombia y Estados Unidos avanzan en conversaciones para establecer un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, una iniciativa que busca mejorar las condiciones del intercambio comercial entre ambos países y responder a las barreras arancelarias que afectan a determinados productos colombianos. Para el Consejo de Empresas Americanas (CEA), esta negociación representa una oportunidad para fortalecer la competitividad de las exportaciones nacionales y consolidar la relación económica con uno de los principales mercados de destino del país.
Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA, explicó que la meta planteada en las conversaciones es lograr que entre el 90 % y el 93 % de la canasta exportadora colombiana pueda ingresar al mercado estadounidense con arancel cero. La propuesta también pretende ofrecer mayor previsibilidad a las empresas que dependen de ese mercado para mantener sus operaciones, sus inversiones y sus puestos de trabajo.
Sin embargo, el alcance de estos beneficios dependerá de las condiciones que finalmente acuerden los dos gobiernos. Mientras las negociaciones continúan, todavía es necesario precisar cuáles productos quedarían cobijados, qué obligaciones asumirían las partes y bajo qué mecanismos se aplicarían las posibles exenciones.
Un acuerdo para enfrentar las barreras arancelarias
Uno de los principales objetivos de la negociación es atender las dificultades que enfrentan ciertos productos colombianos por la aplicación de recargos arancelarios, entre ellos una sobretasa del 12,5 % mencionada en las discusiones comerciales.
Para los exportadores, estos costos pueden reducir los márgenes de ganancia y afectar su capacidad para competir con proveedores de otros países. Una eventual reducción de esas barreras permitiría mejorar las condiciones de ingreso al mercado estadounidense, aunque su impacto dependerá de los productos incluidos y de los requisitos establecidos.
Según Triana, la negociación busca combinar el alivio arancelario con compromisos de reciprocidad relacionados con los estándares laborales, la seguridad aduanera y la transparencia de las cadenas de suministro. El propósito sería facilitar el comercio sin dejar de lado las exigencias regulatorias de Estados Unidos.
El proceso es liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en coordinación con las autoridades estadounidenses. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha manifestado la disposición de su país a fortalecer los vínculos económicos y avanzar en la negociación de un acuerdo de comercio recíproco.
El TLC de 2012 seguiría vigente
Uno de los puntos centrales de la discusión es la relación entre el nuevo instrumento y el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor entre Colombia y Estados Unidos en 2012.
De acuerdo con la interpretación del CEA, el acuerdo de comercio recíproco no tendría como propósito sustituir el TLC, sino complementarlo mediante mecanismos dirigidos a resolver obstáculos comerciales específicos y atender las condiciones arancelarias actuales.
El tratado vigente abarca asuntos como el acceso a mercados, la protección de inversiones, la propiedad intelectual, las compras públicas y los mecanismos de solución de controversias. Por ello, cualquier nuevo compromiso deberá precisar cómo se relaciona con las obligaciones existentes.
La diferencia radicaría en el alcance de cada instrumento: mientras el TLC establece un marco amplio para las relaciones comerciales entre los dos países, el nuevo acuerdo se enfocaría en medidas adicionales y aspectos operativos que puedan facilitar el intercambio de bienes.
No obstante, el contenido definitivo aún será determinante para establecer qué cambiaría en la práctica. La firma de un nuevo instrumento no implica automáticamente que todos los productos obtengan arancel cero ni que las condiciones actuales del comercio se modifiquen de manera inmediata.
Flores, café, banano y confecciones, entre los sectores involucrados
La agroindustria aparece entre las actividades que podrían verse favorecidas por mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense. Dentro de los productos mencionados en el análisis del CEA se encuentran las flores cortadas, el café, el aceite de palma, el cacao, las frutas procesadas y el banano.
También figuran las manufacturas intermedias, los plásticos, los textiles y las confecciones, sectores que participan en las cadenas de producción y exportación entre ambos países.
Para estas actividades, una reducción de los costos arancelarios podría representar mejores condiciones para competir, conservar clientes y ampliar sus operaciones. El efecto, sin embargo, no sería idéntico para todas las empresas, pues dependerá de su estructura de costos, de los insumos que utilicen y de las condiciones específicas que establezca el acuerdo.
La negociación también contempla exigencias relacionadas con la trazabilidad de las cadenas de suministro y la prevención del trabajo forzoso. En particular, se busca establecer mecanismos para verificar el origen de determinados insumos y el cumplimiento de las normas laborales aplicables.
Los retos para las pymes y las empresas que importan insumos
Aunque el acuerdo podría abrir oportunidades para los exportadores, también plantea desafíos de adaptación. Triana advirtió que algunas empresas de confecciones y calzado que utilizan materias primas procedentes de mercados asiáticos podrían enfrentar mayores dificultades para demostrar el origen y las condiciones laborales asociadas a sus insumos.
Las pequeñas y medianas empresas también tendrían que evaluar los costos administrativos y operativos necesarios para cumplir con los procedimientos de certificación, inspección y trazabilidad que se definan.
Estas obligaciones pueden implicar ajustes en la documentación, los procesos de compra, la selección de proveedores y los sistemas internos de control. Por eso, la claridad de las reglas y la capacidad de las empresas para implementarlas serán factores relevantes para aprovechar los posibles beneficios comerciales.
El desafío consiste en que las nuevas exigencias no se conviertan en una barrera desproporcionada para las compañías con menos recursos, especialmente aquellas que buscan comenzar a exportar o ampliar su presencia en Estados Unidos.
Empleo, inversión y competitividad
El CEA sostiene que la negociación también tiene implicaciones para el empleo y la estabilidad empresarial. Según Triana, las compañías afiliadas a la organización generan más de 120.000 empleos directos y 420.000 indirectos, por lo que unas condiciones comerciales más previsibles podrían contribuir a la continuidad de sus operaciones.
La organización considera que reducir las disputas arancelarias y establecer reglas más claras ayudaría a mantener la confianza de los inversionistas y a fortalecer la posición de Colombia como destino para nuevos proyectos productivos.
En materia de inversión extranjera, el dirigente señaló que una relación comercial estable puede favorecer la planeación de las empresas estadounidenses que operan en el país. De acuerdo con cifras del Banco de la República citadas en el informe de SEMANA, la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Colombia alcanzó los 3.375 millones de dólares en 2025.
La expectativa empresarial es que una mayor certidumbre regulatoria facilite la llegada de capital, la transferencia de tecnología y la generación de empleo formal. Sin embargo, estos resultados dependerán no solo del acuerdo, sino también de su implementación y de las condiciones económicas generales.
¿Qué falta para cerrar la negociación?
De acuerdo con el CEA, las conversaciones se encuentran en una etapa técnica en la que se deben resolver asuntos relacionados con el alcance de las exenciones arancelarias, los controles aduaneros y la armonización de determinadas normas.
Entre los puntos pendientes se encuentran la regulación sobre la prohibición del trabajo forzoso, los protocolos de trazabilidad e inspección aduanera, la definición de los productos que podrían acceder a la tarifa cero y la homologación de reglamentos técnicos.
Una vez concluida la negociación, el documento tendría que pasar por las revisiones correspondientes y ser suscrito por las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos que definan ambos gobiernos.
Para los exportadores, el tiempo es un factor importante: mientras no se conozcan las condiciones definitivas y la fecha de aplicación, las empresas deberán seguir tomando decisiones con base en las reglas comerciales vigentes.

Una oportunidad que dependerá de las condiciones finales
Estados Unidos ya ha establecido acuerdos de comercio recíproco con países como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Jordania, entre otros. Sin embargo, las condiciones varían según cada negociación, por lo que esos antecedentes no garantizan que Colombia obtenga los mismos beneficios.
Para el sector empresarial, el principal objetivo es que el acuerdo permita reducir obstáculos comerciales, mejorar el acceso de los productos colombianos y fortalecer la confianza para invertir y producir.
La posibilidad de que entre el 90 % y el 93 % de la canasta exportadora nacional ingrese a Estados Unidos sin arancel constituye la meta planteada por el CEA, no un beneficio que ya esté garantizado. El resultado dependerá del texto definitivo, de los productos incluidos y del cumplimiento de los compromisos que asuman Colombia y Estados Unidos.
En ese contexto, la negociación podría convertirse en un elemento importante para la competitividad del comercio exterior colombiano. Su impacto real se conocerá cuando los gobiernos definan las condiciones, formalicen el acuerdo y establezcan cómo se aplicarán sus disposiciones.

