Congresistas radican reforma que cambiaría la elección de magistrados del CNE: ya no serán elegidos por el Congreso

Un día antes de que el presidente Abelardo De La Espriella posesionara a los nuevos nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), un grupo de congresistas pertenecientes a la Alianza Verde y a otros partidos políticos radicó una reforma con la que proponen transformar de fondo el mecanismo mediante el cual se eligen los togados que integran el tribunal electoral colombiano.

La iniciativa fue presentada por los senadores Duvalier Sánchez y Jennifer Pedraza, junto con los representantes a la Cámara Mauricio Toro, Laura Daniela Beltrán —conocida popularmente como Lalis— y Óscar Benavides.

Según explicaron los propios dirigentes políticos que impulsan esta reforma, el modelo vigente de elección de magistrados del CNE reproduce lo que ellos mismos describen como un círculo vicioso: los mismos partidos políticos que deben ser vigilados por el organismo son, al mismo tiempo, quienes participan directamente en la elección de las personas encargadas de supervisarlos. Según los congresistas, esta dinámica ha derivado en decisiones controvertidas, conflictos de interés, un fenómeno de puerta giratoria entre la política y la autoridad electoral, y una pérdida generalizada de la confianza ciudadana en la institución.

El proyecto, según explicaron sus autores, pretende romper ese vínculo político de origen y garantizar condiciones reales de imparcialidad desde el mismo momento en que se conforma el Consejo Nacional Electoral.

De magistrados a consejeros: un cambio simbólico y funcional

Uno de los elementos centrales de esta iniciativa, según pudo conocer Semana, consiste en reemplazar el término "magistrados" por el de "consejeros", en un intento por reconocer explícitamente que el CNE es un órgano de carácter administrativo y no jurisdiccional. Según explican los promotores del proyecto, este cambio de denominación busca evitar confusiones sobre el verdadero rol que cumple esta entidad, y reforzar al mismo tiempo la idea de que se trata de perfiles técnicos y meritocráticos, y no de togados con funciones judiciales propiamente dichas.

Un concurso de méritos organizado por la CNSC

La reforma toca directamente el método de elección de quienes hoy se conocen como magistrados. La propuesta plantea eliminar por completo la elección por cuotas partidistas dentro del Congreso de la República, y en su lugar crear un concurso público de méritos que sería organizado directamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), entidad que se encargaría de conformar una lista final de 30 personas elegibles para ocupar estos cargos.

El nombramiento definitivo de los nueve integrantes del organismo quedaría entonces en manos de las altas cortes del país: la Corte Suprema de Justicia elegiría a tres de ellos, la Corte Constitucional a otros tres, y el Consejo de Estado completaría la lista con los tres restantes, todos ellos para periodos de cuatro años. Según explican los autores de la reforma, con este mecanismo se rompería el vínculo político de origen que hoy caracteriza al proceso de elección, y se fortalecería de manera significativa la independencia institucional del organismo electoral.

Requisitos más estrictos para ser consejero

La iniciativa también contempla exigencias considerablemente más estrictas para poder aspirar a ocupar estos cargos. Entre los nuevos requisitos planteados se encuentran: ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos, tener título profesional de abogado, contar con más de 35 años de edad, acreditar al menos 10 años de experiencia profesional, y demostrar un mínimo de cinco años de experiencia específica en derecho electoral.

Según se lee dentro de la propia iniciativa, estos requisitos buscan asegurar que quienes finalmente lleguen a ocupar estos cargos cuenten con una formación sólida y un conocimiento verdaderamente especializado en materia electoral, algo que, según sus promotores, no siempre ha estado garantizado bajo el esquema de elección actualmente vigente.

Inhabilidades y prohibiciones para blindar la independencia

Más allá de los requisitos de acceso, el proyecto también plantea una serie de inhabilidades y prohibiciones específicas orientadas a garantizar la imparcialidad de quienes integren el organismo. Según el texto conocido por este medio, no podrán ser consejeros aquellas personas que hayan ejercido cargos directivos dentro de partidos o movimientos políticos, ni quienes hayan aspirado a cargos de elección popular durante los últimos cuatro años previos a su eventual designación.

Adicionalmente, la reforma plantea que, una vez culminado su periodo dentro del CNE, los exconsejeros no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, desempeñarse como ministros o directores de departamentos administrativos, ni aspirar a cargos de elección popular durante los dos años inmediatamente siguientes a su retiro. Según coinciden los autores de la iniciativa, estas reglas específicas están diseñadas para prevenir el fenómeno conocido como puerta giratoria entre la política y la función pública, y para reducir de manera efectiva los conflictos de interés que hoy afectan la credibilidad del organismo electoral.

Autonomía presupuestal y administrativa para el CNE

La propuesta también contempla que, en caso de ser aprobada por el Congreso, el Consejo Nacional Electoral pase a gozar de autonomía presupuestal, administrativa, técnica y organizativa. Actualmente, cabe recordar, el presupuesto del organismo depende directamente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una situación que, según los promotores de la reforma, limita en la práctica la independencia real de la entidad electoral.

Según el texto de la iniciativa, el CNE se regiría bajo esta nueva estructura por los principios de imparcialidad, máxima publicidad, transparencia y equidad de género, elementos que, según explican sus autores, contribuirían a fortalecer la independencia del organismo frente a eventuales presiones de carácter político.

Las funciones del CNE se mantienen intactas

Es importante precisar que esta reforma no modifica la esencia ni las competencias fundamentales del Consejo Nacional Electoral, ya que mantiene íntegramente sus funciones actuales de inspección, vigilancia y control electoral, la realización de escrutinios, la declaratoria de los resultados de las elecciones, la vigilancia sobre la financiación de las campañas políticas, y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.

La iniciativa también plantea reforzar la coordinación institucional entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el CNE, con el fin específico de verificar de manera conjunta los requisitos de los candidatos que aspiran a cargos de elección popular, y evitar así eventuales contradicciones entre las decisiones que puedan tomar ambas entidades. Según se explica dentro del propio proyecto, esta medida busca brindar mayor seguridad jurídica y una mayor coherencia institucional dentro de todo el sistema electoral colombiano.

Una reforma que, de aprobarse, aplicaría hasta 2030

Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa tiene que ver con su entrada en vigencia. En caso de que la reforma logre ser aprobada durante el actual periodo legislativo, la primera elección de consejeros bajo este nuevo modelo se realizaría apenas en agosto de 2030, un plazo que, según explican sus promotores, busca garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema, sin afectar la composición actual del organismo electoral que acaba de ser posesionada.

Al tratarse de una reforma que modifica directamente la Constitución Política de 1991, esta iniciativa tendrá que surtir la totalidad de los ocho debates reglamentarios dentro del Congreso de la República, y posteriormente deberá ser sometida a la revisión de la Corte Constitucional, dado que se trata de una modificación de rango constitucional y no de una simple ley ordinaria.

Con esta propuesta, sus impulsores buscan abrir un debate de fondo sobre la manera en que Colombia elige a las personas encargadas de vigilar la transparencia de sus propios procesos electorales, en momentos en que el organismo acaba de renovar por completo su composición bajo las reglas actualmente vigentes.