Un expediente revela cómo la minería ilegal avanzó en Santurbán pese a una orden de protección de la Anla
Un informe detalla cómo la minería ilegal ha afectado el páramo de Santurbán, desobedeciendo órdenes de protección ambiental.

Un expediente revela cómo la minería ilegal avanzó en Santurbán pese a una orden de protección de la Anla
A pesar de que la conservación del medio ambiente fue una de las banderas insignia del gobierno de Gustavo Petro, un expediente conocido en las últimas horas sugiere que varias tareas asociadas a esa lucha habrían quedado sin ejecutar en la práctica.
Lo que revela el documento
Durante las últimas horas se dio a conocer un expediente que reposaba en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en el cual se documenta cómo el páramo de Santurbán fue afectado por la minería ilegal. Esa información llegó a manos de la Revista Semana, que reportó que las páginas del expediente ilustran cómo la minería ilegal se apoderó de la vereda Angosturas, en el municipio de California, Santander, y el grave daño que causó en los recursos naturales de la zona. Según el medio, pese a que el Gobierno nacional identificó el problema, no se materializaron las decisiones de las autoridades ambientales orientadas a frenar los hallazgos.
Una resolución que buscaba proteger la zona
El reporte señala que, mediante la Resolución 002842 del 20 de diciembre de 2024, la Anla expuso un documento en el que se observa la destrucción de esta importante zona del departamento, y ordenó la protección de este ecosistema. Sin embargo, esas órdenes habrían sido incumplidas por las personas involucradas en el proceso, descuidando así una de las consideradas joyas ambientales de esta parte del país.
El origen: una concesión cerrada, pero túneles abiertos
El reporte también detalla que Eco Oro Minerals Corp. Sucursal Colombia (anteriormente conocida como Greystar Resources LTD), que operaba la minería de ese sector desde finales del siglo pasado —desde 1997—, había conformado varios túneles para sus trabajos. En 2019, la compañía renunció al contrato y presentó el plan de cierre, desmantelamiento y abandono del sector. No obstante, según las autoridades citadas, la empresa no cerró las estructuras conforme a la ley, y estas fueron utilizadas para la minería ilegal por parte de particulares, generando lo que se describe como un daño sin precedentes en esa zona del páramo.
Se documentó que los túneles quedaron abiertos con nulas restricciones para el ingreso. Los funcionarios detectaron que en una de las estructuras había múltiples cables eléctricos, lo que evidenciaba la presencia de personas bajo tierra buscando metales preciosos, según el reporte de Semana.
Los hallazgos técnicos y sus riesgos
Durante la investigación se encontraron 52 puntos de minería no autorizada, ubicados entre la quebrada Angosturas y la quebrada Páez. Funcionarios de la Anla informaron del problema, señalando que la degradación del suelo, la erosión marcada y la disposición inadecuada de residuos alteraron negativamente el paisaje natural y la estabilidad de la zona. Además, advirtieron que la generación de drenaje ácido y la contaminación de cuerpos de agua, como la quebrada Páez, representan un riesgo directo para el suministro de agua potable en los municipios aguas abajo y el área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades ambientales también alertaron sobre posibles derrumbes en la zona afectada.
Una hipótesis que ahora pasa a manos de la justicia
Pese a los hallazgos, las medidas de protección no se habrían cumplido por parte de la administración de Gustavo Petro, y según el reporte citado, la destrucción continúa en Santurbán. La hipótesis que se maneja en esa dependencia es que el gobierno saliente no solo no habría ejecutado la resolución, sino que podría haber favorecido la minería ilegal. Se trata, cabe subrayar, de una hipótesis planteada por la fuente consultada por Semana y no de un hecho judicialmente establecido. Por esta razón, se anunció que se elevará una petición ante las autoridades judiciales para que se establezcan las eventuales irregularidades en las que se habría incurrido durante este proceso.





















