Camacol le pide a De la Espriella no olvidar a la clase media en la reconstrucción de viviendas tras el terremoto
El gobierno de Abelardo De la Espriella enfrenta el reto de reconstruir 230,000 viviendas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 se perfila como uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el gobierno de Abelardo De la Espriella, con una magnitud que supera ampliamente la capacidad de los programas de vivienda que operan de manera ordinaria en el país. Así lo confirmó Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), quien también señaló que este reto compromete directamente niveles importantes de inversión y empleo dentro de un sector que arrastra varios años consecutivos de caídas.
Herrera planteó que el Gobierno nacional debe responder ante esta emergencia con un plan de carácter extraordinario específicamente diseñado para las zonas afectadas por el sismo, sin que esto implique abandonar la política nacional de vivienda que ya venía ejecutándose en el resto del país.
Según explicó el dirigente gremial, el terremoto afectó un total de 496 municipios distribuidos en 16 departamentos del territorio nacional, dejando entre 220.000 y 230.000 viviendas que deberán ser reconstruidas por completo, rehabilitadas o reparadas, todo esto en medio de un déficit habitacional que ya venía siendo cercano a los cinco millones de hogares antes de que ocurriera esta tragedia natural.
El presidente de Camacol también destacó un cambio significativo en la relación que actualmente existe entre el poder Ejecutivo y el sector privado de la construcción. "Ahora sí hay conversación entre el Gobierno, el sector empresarial, las autoridades departamentales y municipales, y eso nos llena de mucha alegría y de muchas expectativas", afirmó Herrera en declaraciones concedidas al medio especializado Valora Analitik.
El dirigente vinculó directamente el proceso de reconstrucción con la posibilidad de reactivar tanto la actividad edificadora como el empleo asociado a este sector económico. "Hay mucha inversión que recuperar y mucho empleo que recuperar en los próximos cuatro años", señaló, dejando claro que la magnitud de la tarea que se avecina también representa una oportunidad importante para el sector de la construcción en Colombia.
Una emergencia que desborda los programas ordinarios de vivienda
Guillermo Herrera resaltó que la emergencia generada por el terremoto tiene una escala que resulta comparable con el tamaño total del parque habitacional de una ciudad como Bucaramanga. A partir de este diagnóstico particular, el dirigente afirmó que la respuesta que debe dar el Estado colombiano requiere instrumentos completamente distintos a los que ofrece actualmente la política tradicional de vivienda del país.
"Hay que tener un plan de reconstrucción con reglas especiales que desbordan la capacidad de programas como Mi Casa Ya", explicó Herrera durante su intervención ante el medio especializado.
Camacol, por su parte, ya se encuentra participando activamente en la atención de esta emergencia nacional. El gremio desplegó capacidades técnicas y operativas en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, con el propósito de acompañar a las autoridades locales en labores de salvamento, recolección de escombros, disposición de maquinaria especializada y evaluación técnica de los inmuebles que resultaron afectados por el sismo.
Un llamado a no dejar de lado a la clase media
Herrera advirtió también que la atención institucional frente a esta emergencia no puede concentrarse exclusivamente en los hogares de menores ingresos económicos. Según explicó el dirigente gremial, "la emergencia también afectó a familias de clase media y de mayores ingresos que necesitan alternativas para recuperar vivienda y patrimonio".
"La obligación del Estado es darles una alternativa para recuperar su patrimonio", sostuvo Herrera, insistiendo en que la respuesta gubernamental frente a esta tragedia debe contemplar soluciones concretas para todos los segmentos socioeconómicos afectados, y no limitarse únicamente a la población más vulnerable.
Sin sustituir la política nacional de vivienda
El presidente de Camacol también insistió en que el proceso de reconstrucción no puede terminar absorbiendo por completo toda la agenda habitacional del país durante los próximos años. Según las cifras que citó el propio dirigente, Colombia mantiene actualmente un déficit habitacional cercano a los cinco millones de hogares, una presión estructural a la que se suma la necesidad urgente de construir aproximadamente 2,5 millones de viviendas adicionales durante la próxima década, especialmente con el objetivo de reducir los altos niveles de informalidad que persisten dentro del sector.
"Hay que mantener la política ordinaria de vivienda y no concentrar todo el esfuerzo en estos años solamente en los municipios afectados", explicó Herrera. El dirigente advirtió, además, que la eventual falta de una oferta formal de vivienda puede terminar empujando a las familias hacia soluciones habitacionales que no cumplan con las normas de construcción vigentes. "La informalidad es el peor enemigo. La construcción informal va contra la sismorresistencia", afirmó de manera categórica.
Herrera también señaló que el sector de la construcción acumula actualmente 12 trimestres consecutivos de contracción económica, un periodo equivalente a tres años completos de caídas sostenidas, explicadas principalmente por la menor producción de vivienda residencial dentro del país. Ante este panorama particularmente complejo, el dirigente planteó que el Gobierno nacional debe avanzar de manera simultánea tanto en la reconstrucción extraordinaria de las zonas afectadas por el terremoto, como en una política ordinaria capaz de reactivar la actividad constructora en el resto del territorio colombiano.
Lo que ha prometido el Gobierno para la reconstrucción
Los distintos anuncios que ha realizado hasta el momento el gobierno de Abelardo De la Espriella coinciden, en buena medida, con varios de los planteamientos expuestos por Herrera. Durante una visita reciente a la ciudad de Cali, el propio presidente De la Espriella señaló que el proceso de recuperación estará respaldado por evaluaciones técnicas realizadas por ingenieros estructurales y otros expertos, con el fin de determinar con precisión la habitabilidad real de los edificios y las viviendas afectadas por el sismo.
"Aquí no vamos a hacer chambonadas, vamos a hacer las cosas bien", afirmó el mandatario durante su intervención pública. El presidente agregó que, cuando las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan, el Gobierno nacional promoverá también la autorreparación y la autoconstrucción asistida, siempre contando con el acompañamiento de personal profesional especializado en la materia.
De la Espriella anunció además una partida específica de $110.000 millones destinada al mejoramiento de 1.462 viviendas urbanas y 741 viviendas rurales adicionales. El mandatario indicó que ya dio instrucciones claras al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para activar estos recursos de manera inmediata, con el fin de llevar soluciones concretas a la población que tanto ha sufrido las consecuencias de esta tragedia natural. "La reconstrucción debe avanzar rápido, pero no a ciegas. Velocidad, sí; pero cero improvisación", puntualizó el jefe de Estado.
El mandatario también explicó que las víctimas del terremoto recibirán un total de $1.050.000 durante los próximos tres meses, como parte de las medidas inmediatas de asistencia económica implementadas por el Gobierno nacional.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, informó sobre la llegada de 120 toneladas de materiales de construcción destinados al banco de materiales dispuesto específicamente para el Valle del Cauca. El funcionario también mencionó la disposición de maquinaria pesada para el retiro de escombros, así como el apoyo técnico brindado a los equipos que actualmente se encuentran evaluando las edificaciones afectadas tanto en Cali como en otros municipios del departamento.
El ministro informó además que la constructora Marval ya hizo entrega de cuatro viviendas nuevas y completamente amobladas a familias damnificadas por el terremoto. "Como santandereano, me llena de orgullo que una empresa de mi región sea la encargada de devolverles la sonrisa a quienes lo perdieron todo. Unidos reconstruimos a Colombia", expresó el funcionario durante el anuncio.
Adicionalmente, el presidente De la Espriella encargó a Juan Manuel Muñoz la coordinación de esfuerzos conjuntos entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca y las distintas alcaldías municipales, con el objetivo de acelerar diversos proyectos de agua potable y saneamiento básico dentro del departamento. Entre estos proyectos se destacan los acueductos de Buenaventura, Cali, Calima, Candelaria, Cartago y Zarzal, así como los sistemas de alcantarillado de Buenaventura, Buga y Cali.
Auxilios de arrendamiento para las familias afectadas
Para la ciudad de Pereira, el Gobierno nacional anunció que a partir del lunes 31 de agosto comenzará la entrega de auxilios de arrendamiento por valor de $1.050.000, con una duración inicial de tres meses y posibilidad de prórroga, destinados específicamente a las familias que ya fueron censadas e incluidas dentro del Registro Único de Damnificados (RUD).
De igual manera, De la Espriella anunció un total de 908 mejoramientos de vivienda adicionales para el departamento de Risaralda, de los cuales 261 estarán específicamente destinados a la ciudad de Pereira, con una inversión total que asciende a $30.000 millones. El mandatario también afirmó: "La vivienda es un lugar donde se hace la vida cotidiana. Se cayeron las casas pero el lugar sigue intacto, así que lo vamos a rescatar".
Por su parte, el ministro Beltrán confirmó que la etapa de reconstrucción en la ciudad de Pereira ya inició su ejecución, contando con materiales aportados directamente por empresarios privados, maquinaria pesada para labores de remoción de escombros, y la evaluación técnica correspondiente por parte de ingenieros estructurales especializados. El funcionario precisó que hasta el momento se han recolectado 191 toneladas de materiales de construcción, y que se ejecutarán recursos superiores a los $2 billones destinados a la atención integral de los damnificados, la recuperación de infraestructura pública y la reconstrucción definitiva de las viviendas afectadas.
Finalmente, las autoridades confirmaron que el Registro Único de Damnificados (RUD) permanecerá habilitado hasta el próximo 4 de septiembre, con el fin de completar el proceso de censo de todas las personas y familias afectadas por esta tragedia natural que ha marcado profundamente al país durante las últimas semanas.





















