UNIPS alerta que la crisis de las EPS amenaza pagos, medicamentos y la sostenibilidad de los hospitales

La crisis financiera de las EPS volvió a encender las alertas entre hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud del país. La Unión Nacional de IPS (UNIPS) reaccionó al más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de las aseguradoras durante 2025, y advirtió que el deterioro que atraviesa el sistema ya está presionando de manera directa la liquidez de toda la red prestadora de servicios de salud.

Uno de los datos que más preocupa al gremio es que, al cierre de 2025, 29,7 millones de afiliados —equivalentes al 56,68% de la población asegurada en el país— se encontraban en EPS intervenidas o sometidas a medidas especiales por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Para UNIPS, esta cifra deja en evidencia que la crisis dejó de ser un problema aislado de algunas entidades particulares, y pasó a convertirse en una situación de carácter estructural dentro de todo el sistema de salud colombiano.

El informe de la Contraloría también señala que, de las 26 EPS que reportaron información financiera durante el periodo analizado, 17 registraron pérdidas operacionales, y únicamente cuatro cumplieron de manera integral con las condiciones financieras y de solvencia exigidas por la normatividad vigente. Estas cuatro entidades concentran apenas el 1,24% del total de afiliados del sistema, lo que significa que la gran mayoría de los usuarios colombianos se encuentra actualmente en aseguradoras que presentan algún tipo de fragilidad financiera, o que ya operan bajo alguna figura de intervención estatal.

La deuda de las EPS subió a $58,06 billones

La cartera total de las EPS pasó de $45,89 billones en 2024 a $58,06 billones en 2025, lo que representa un incremento cercano al 26,5% en tan solo un año. De ese monto total, $47,9 billones corresponden específicamente a EPS que se encuentran intervenidas o sometidas a medidas especiales, de acuerdo con los datos citados por el propio gremio de prestadores.

En promedio, según el informe de la Contraloría, estas entidades gastaron en la atención de sus afiliados el equivalente al 110% de los recursos que efectivamente recibieron, lo que explica en buena parte el deterioro financiero generalizado que atraviesa el sistema. Una de las razones detrás de estos resultados, según explicó el organismo de control, fue que el costo real de atender a los afiliados terminó superando de manera consistente los ingresos que las EPS recibieron por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual el sistema les transfiere recursos a estas entidades para cubrir la atención de sus usuarios.

Jorge Toro, director de UNIPS, calificó como "supremamente preocupante" que solo cuatro EPS logren cumplir actualmente con los requisitos financieros establecidos por la ley. El directivo sostuvo, además, que la red prestadora del país continúa financiando en la práctica el funcionamiento del sistema, al atender pacientes y prestar servicios de salud que, en muchos casos, terminan sin ser pagados de manera oportuna por parte de las aseguradoras.

Para hospitales y clínicas, esta situación se traduce en mayores dificultades para cumplir con el pago de nóminas, proveedores, insumos médicos, medicamentos, servicios públicos y demás obligaciones operativas propias de su funcionamiento diario. El gremio advirtió que, si los recursos correspondientes no logran fluir a tiempo hacia estas instituciones, la presión financiera resultante podría terminar afectando la continuidad misma de los servicios de salud que se prestan a la población.

El caso particular de Nueva EPS

UNIPS también llamó la atención sobre la situación específica de Nueva EPS, la aseguradora con mayor número de afiliados dentro de todo el sistema colombiano, con cerca de 11,6 millones de usuarios registrados, equivalentes a más del 20% de la población asegurada del país. Según explicó la Contraloría, la falta de estados financieros certificados y debidamente dictaminados para 2025 limita seriamente la posibilidad de evaluar de manera integral la verdadera situación financiera de esta entidad.

De acuerdo con el informe del organismo de control, Nueva EPS dejó de entregar información financiera completa a la Superintendencia Nacional de Salud desde marzo de 2024, y no ha logrado presentar estados financieros certificados desde diciembre de 2023. Pese a esta falta de información completa, los datos disponibles muestran que la deuda de esta entidad con su red de servicios pasó de $22 billones a casi $26 billones en apenas un año, cifra a la que se suman otros $17 billones en anticipos que hasta el momento no han podido ser justificados contablemente por la propia aseguradora.

Medicamentos y atención, bajo presión

Otro de los puntos críticos señalados dentro del informe tiene que ver con la deuda que las EPS mantienen con los operadores farmacéuticos del país, la cual creció un 33,1% durante el último año, al pasar de $2,85 billones a $3,80 billones. Para UNIPS, este incremento sostenido puede terminar poniendo en riesgo el abastecimiento oportuno de medicamentos y tecnologías en salud, un componente que resulta absolutamente esencial para garantizar la continuidad de los tratamientos médicos de millones de pacientes en todo el territorio nacional.

Según los datos conocidos del informe, durante 2025 fueron facturados $17,93 billones a las EPS por concepto de medicamentos y tecnologías en salud, de los cuales se pagaron efectivamente $17,10 billones, dejando al cierre del año un saldo pendiente considerable que continúa generando presión sobre toda la cadena de suministro farmacéutico del país.

Un llamado urgente al Gobierno Nacional

Frente a este panorama, el gremio de prestadores de servicios de salud pidió directamente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y a la Superintendencia Nacional de Salud, tomar medidas urgentes orientadas a garantizar el flujo efectivo de recursos hacia las IPS del país, sanear las deudas acumuladas dentro del sistema, y fortalecer de manera decidida el seguimiento a las EPS que actualmente se encuentran bajo intervención estatal.

La organización también se refirió a la reciente designación de nuevos agentes interventores en EPS como Famisanar y Coosalud, y pidió que estos procesos de intervención logren traducirse efectivamente en la destrabación de los pagos pendientes que se adeudan a la red prestadora. Según explicó UNIPS, las intervenciones administrativas deben convertirse en soluciones concretas y verificables para los prestadores de servicios de salud, y no limitarse únicamente a simples cambios de carácter administrativo dentro de la dirección de estas entidades.

Asimismo, el gremio hizo un llamado directo a la Adres para que agilice los reconocimientos y pagos que se encuentran actualmente bajo su competencia, incluidos aquellos relacionados específicamente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Para UNIPS, cada demora adicional en estos procesos termina aumentando la carga financiera sobre instituciones que continúan atendiendo pacientes sin recibir de manera oportuna los recursos que les corresponden por esa atención prestada.

Una crisis que ya no es solo financiera

La advertencia lanzada por UNIPS apunta directamente a que la actual crisis del sistema de salud colombiano ya no puede leerse únicamente como un problema financiero exclusivo de las EPS. Si el deterioro continúa profundizándose en los próximos meses, hospitales y clínicas del país podrían enfrentar riesgos cada vez mayores en términos de su propia sostenibilidad operativa, y los pacientes terminarían sintiendo de manera directa los efectos de esta crisis a través de demoras, interrupciones o mayores dificultades para acceder a los servicios, medicamentos y tecnologías en salud que necesitan.

El informe de la Contraloría, conocido de manera exclusiva por distintos medios de comunicación del país, fue elaborado antes de la salida de Carlos Hernán Rodríguez de la dirección de ese organismo de control, y plantea diferentes aspectos relacionados con la situación financiera de las EPS a lo largo de 2025, entre ellos el comportamiento general de sus ingresos y gastos, las obligaciones acumuladas con prestadores y proveedores, y el desempeño particular de las entidades que se encuentran actualmente sometidas a intervención administrativa por parte del Estado colombiano.