Senadora Posada denuncia que Colombia pagó $30.000 millones al PNUD para que las Farc cumplan sanciones de la JEP
La congresista del Centro Democrático también criticó los convenios entre la JEP y el PNUD, y comparó esos gastos con los bienes entregados por las Farc para reparar a las víctimas.
María Clara Posada no suelta a la JEP y denunció $30.000 millones pagados al PNUD para que las Farc cumplan sus sanciones
La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a cuestionar a la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo que ya se ha convertido en una de las ofensivas más sostenidas de la bancada uribista contra el tribunal de justicia transicional en las últimas semanas.
La comparación que hizo la senadora
La dirigente política de derecha hizo una comparación entre los recursos que la JEP le entregó a la Organización de las Naciones Unidas para que las Farc adelanten los proyectos que les permitan cumplir sus sanciones por secuestro, reclutamiento forzado y otros delitos, y los dineros que entregó el grupo armado para reparar a sus víctimas.
"Gracias a la JEP, los colombianos terminamos pagándole $30.000 millones al PNUD (ONU) para implementar los proyectos productivos que deben desarrollar las Farc como parte de sus sanciones propias", explicó Posada a través de sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre otros sectores políticos.
"Las víctimas financiando a los victimarios"
Es decir, según la senadora, "del bolsillo de las familias trabajadoras salieron los recursos con que el secretariado de las Farc está cumpliendo sus penas restaurativas, sin un solo día de cárcel y viajando por Colombia para realizar actividades lúdicas". Esta frase resume el eje central de su crítica: que el modelo de sanciones propias de la JEP —pensado para que los excombatientes reparen a través de trabajo comunitario y proyectos restaurativos, en lugar de prisión— termina siendo financiado en buena parte con recursos públicos, en lugar de con el patrimonio que las propias Farc se comprometieron a entregar.
Lo que han entregado realmente las Farc
En otras palabras, "las víctimas financiando a los victimarios. Lo más increíble es que a corte de enero de 2026, las Farc solo habían entregado bienes por $46.194 millones".
Un patrimonio que nunca llegó a las víctimas
Recordó que la Contraloría General advirtió que ese grupo armado no entregó el 81,8% de los inmuebles y el 96,5% de los muebles que se comprometieron a dar como parte del Acuerdo de Paz de 2016, una obligación que desde entonces ha sido objeto de reiteradas críticas por el bajo nivel de cumplimiento.
Un gasto mayor al de la propia reparación
"A esto se suma que Forbes en 2014 estimó la fortuna de las Farc en US$600 millones. De hecho, entre los contratos para garantizar la defensa jurídica de las Farc ($40.365 millones) y el convenio con el PNUD para implementar las medidas restaurativas ($30.000 millones), los colombianos hemos gastado más que todo el dinero que entregaron las Farc a las víctimas ($46.194 millones)". La comparación aritmética que propone Posada busca ilustrar lo que considera una desproporción: el Estado habría destinado más recursos a sostener el proceso de justicia transicional de los excombatientes que lo que estos mismos han aportado para reparar a quienes sufrieron directamente el conflicto armado.
El trasfondo: los convenios JEP-PNUD desde 2018
Posada ha seguido de cerca la contratación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta semana, por ejemplo, reveló los nexos entre la JEP y la ONU y aseguró haber entendido, según ella, por qué la segunda ha salido en defensa de la primera en medio de la crisis que enfrenta el tribunal de justicia transicional, crisis que en las últimas semanas también ha incluido un recorte presupuestal aprobado en primer debate por el Congreso y un proyecto de acto legislativo que busca adelantar el cierre de la jurisdicción a 2028.
Entre 2018 y 2026, según Posada, la Jurisdicción Especial para la Paz firmó 22 convenios de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "que nos han costado a los colombianos $182.120 millones".
"No hay almuerzo gratis": el señalamiento sobre un conflicto de intereses
"¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis", escribió textualmente en su cuenta oficial de X, sugiriendo que el respaldo del organismo multilateral a la JEP no sería del todo desinteresado dado el volumen de contratos que los une.
"La ONU, por transparencia, debió informar a la opinión pública que tenía un evidente conflicto de intereses al solicitar que no se disminuyeran los recursos de la JEP", agregó la senadora, en uno de los señalamientos más directos de su hilo de publicaciones.
Además, afirmó: "Para suavizar las cifras, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar $132.943 millones, pero casi siempre en especie. Es decir, el costo real lo terminaron asumiendo los contribuyentes". Con ello, Posada buscó matizar el argumento de que esos convenios representan una cofinanciación equilibrada entre el Estado colombiano y el organismo internacional.
El reclamo final de Posada
La JEP, a juicio de María Clara Posada, "debería ser más inteligente y no pedirle respaldo a su megacontratista favorito", en referencia a la relación contractual recurrente entre el tribunal y el PNUD a lo largo de los últimos ocho años.
Al final, la senadora remató: "No hay derecho a que la Justicia Especial para la Paz propicie esta ofensa a los colombianos con recursos de los contribuyentes".
Una denuncia más dentro de una ofensiva sostenida contra la JEP
Esta no es la primera vez que Posada hace públicos hallazgos sobre la contratación de la jurisdicción. En publicaciones previas, la congresista ya había cuestionado el contrato de la segunda sede de la JEP, valorado en más de $10.000 millones, así como el crecimiento de la planta de personal del tribunal a 1.455 empleados. El conjunto de estas denuncias se produce justo en el momento en que el Congreso define el futuro presupuestal de la jurisdicción para 2027 y se discute, en paralelo, un proyecto para adelantar su fecha de cierre, lo que convierte cada nuevo hallazgo de Posada en un insumo adicional para el debate político sobre la continuidad y el costo del modelo de justicia transicional en Colombia.
Nota editorial: las cifras, interpretaciones y calificaciones contenidas en esta nota corresponden a las denuncias de la senadora María Clara Posada, expresadas en sus redes sociales, y no constituyen, por sí solas, una determinación oficial de irregularidad por parte de un organismo de control. La JEP y el PNUD no fueron citados en esta nota con una respuesta directa a estas acusaciones.